miércoles, 4 de diciembre de 2013

Como se cocina una ley modelo. Artículo 8. Adopción por la Comisión





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El texto que consideró la Comisión está transcrito en la entrega anterior.

Como suele suceder, tanto en las observaciones de los gobiernos como en la Comisión, algunas de las cuestiones que se consideraron en el grupo de trabajo, fueron nuevamente debatidas. Sin embargo, como sucede con las largas y sesudas negociaciones, las nociones maduran, evolucionan y se aclaran. Al final, todo queda tan uniforme y armonioso como una ópera o un ballet; “lo bello es difícil” (Sócrates).

Las referencias en esta entrada son, principalmente, al debate en la Comisión. Sin embargo, algunas cuestiones surgieron en el grupo de trabajo. Esa exposición es cuestión de método, de otra forma tendría que escribir un largo y confuso mamotreto.

La intervención judicial

Se mantuvieron las posiciones encontradas sobre que tanto podían las cortes judiciales, extender su examen sobre la validez o nulidad del acuerdo de arbitraje. Para algunos, los tribunales judiciales deberían resolver la cuestión en definitiva. Si decidían la validez, el arbitraje continuaría, si la nulidad, el arbitraje quedaría sin materia. Para otros, el acuerdo de arbitraje debería prevalecer y evitarse intromisiones judiciales que siempre implican dilaciones.

Se alegó que como la LMA no concedía expresamente a los tribunales judiciales el poder de decidir sobre la competencia, por aplicación del artículo 5, los tribunales estatales no podían ocuparse de ella. En contra, se dijo que esa interpretación era restrictiva. Después de todo, el tema del artículo 8 es la remisión al arbitraje, salvo que el tribunal judicial encuentre que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. En cambio, la cuestión del artículo 16 es la competencia del tribunal para decidir sobre su competencia. Son dos cuestiones diferentes: un acuerdo puede ser valido, pero el tribunal arbitral incompetente por otras razones; por ejemplo, el objeto de la disputa no está comprendida en el acuerdo de arbitraje.

Un inconveniente que tendrían las resoluciones judiciales, era que pudieran no ser reconocidas por los tribunales de otro estado nacional. En cambio, una resolución arbitral, si los árbitros tenían el cuidado de darle forma de laudo, sería reconocida en los países que forman parte de la CNY.

Finalmente, hubo acuerdo de que estos aspectos del litigio judicial quedaban a las leyes del foro judicial. Lo que no comprende la facultad de ordenar la suspensión del arbitraje o impedir su iniciación.

Suspensión del procedimiento judicial

Se vio que un tribunal judicial podría suspender sus procedimientos hasta que el tribunal arbitral resolviera sobre la validez o nulidad del acuerdo de arbitraje. Si la decisión del tribunal arbitral, una vez agotadas los medios de defensa judiciales contra esa decisión, fuera la nulidad del acuerdo de arbitraje, el juicio proseguiría; si fuera la validez, el juicio se daría por terminado.

Según otra propuesta, convendría incluir una disposición que permitiera al tribunal judicial suspender el arbitraje, mientras estuviera pendiente su decisión. Por el lado contrario, se arguyó que ello implicaría que una ley nacional permitiera la intervención por un tribunal judicial en el arbitraje. 

Procedimientos paralelos

Hubo acuerdo en que convenía evitar que se siguieran dos procedimientos, uno judicial y otro arbitral. Pero prevaleció el punto de vista de que la espera a la terminación de las actuaciones judiciales era frustrante, por las dilaciones a que daría lugar. 

Se dijo que ante una demanda judicial, la parte interesada en el arbitraje sería prudente y no insistiría en proseguir sino hasta que la cuestión se decidiera por el tribunal judicial. Solo si veía una razonable posibilidad de éxito, insistiría en la iniciación o continuación del arbitraje. De manera similar, los árbitros, sabiendo que la cuestión está controvertida ante los tribunales, podrían suspender el arbitraje mientras no hubiera una decisión. Sobre todo si veían que la cosa iba en serio.

Preservación de derechos

También se hizo notar que, en algunas jurisdicciones, una parte podría presentar una demanda judicial para preservar algún derecho. Por ejemplo, interrumpir la prescripción. 

Modificación al párrafo 2

También se decidió que no se justificaba la opción de continuar el arbitraje solo cuando éste hubiera comenzado, por lo que se decidió que el párrafo segundo incluyera, también, la iniciación del arbitraje.

Decisión final

Se adoptó el artículo y se convino que las diversas opiniones se reflejaran en el informe de la Comisión; así podrían ser consideradas al implementar e interpretar la LMA. Ya veremos esto en el futuro.

El artículo quedó como sigue:

"Articulo 8. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un tribunal"

"1) El tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible".

“2) Si se ha entablado la acción a que se refiere el párrafo 1) del presente artículo, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el tribunal”.

Algunas reflexiones

La decisión de que se inicien o continúen las actuaciones judiciales, o de que se suspendan mientras la cuestión está pendiente ante los tribunales judiciales, corresponde a las partes. Si una parte ocurre a los tribunales y su contraria hace valer un acuerdo arbitral y pide la remisión al arbitraje, hay un desacuerdo; pero es posible que la parte que invoque el arbitraje esté de acuerdo en que no se inicie o en que se suspenda el arbitraje mientras tanto. 

Si la parte que invoca el acuerdo inicia el arbitraje o insiste en su continuación, el tribunal arbitral debe tomar la decisión, ya que en ausencia de acuerdo de las partes debe conducir el arbitraje de la manera que considere apropiada. 

Al tomar esa decisión, la solicitud de la parte que insiste en proceder debe pesar en favor de la continuación del arbitraje. Hay varias razones para ello: (i) estas situaciones suelen presentarse al inicio del arbitraje. En esa etapa el árbitro está comenzando a familiarizarse con el caso y el solicitante lo conoce mejor, está en mejor situación para sugerir un curso de acción; y, (ii) el solicitante está tomando el riesgo de que al final el arbitraje no proceda. Si eso sucediera y hubiera habido negligencia o audacia de su parte, deben ser a su cargo los costos generados; o por lo menos una parte sustancial de ellos.

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How a Model Law is cooked. Article 8. Adoption by the Commission.


The text that was considered by the Commission is transcribed in my previous entry.

As it usually happens, both in the observations offered by the governments as well as in the Commission, some issues that had already been considered in the working group, were debated again. Nevertheless, as it happens with long and well thought negotiations, notions mature, evolved and are clarified. In the end, everything turns out uniform and harmonious like an opera or a ballet; “beauty is difficult” (Socrates).

References in this entry mainly refer to the debate before the Commission. However, some issues were raised at the working group. My choice of presentation is a matter of method; otherwise I would be forced to write a long and confusing tractatus.

Judicial intervention

The conflicting positions about how much could the courts extend their review over the validity or nullity of the arbitration agreement prevailed. To some, the courts should have the final word on that subject. If the validity was upheld, then the arbitration would continue, if the nullity, the arbitration would be left without a subject. To others, the arbitration agreement should prevail and judicial intromissions, which always entail delays, should be avoided.

It was alleged that since the UMLA did not expressly grant the courts the power to determine an arbitral tribunal’s jurisdiction, applying article 5, the courts could not deal with such issue. Against this view, it was said that such interpretation was restrictive. After all, the matter of article 8 is reference to arbitration, unless the court finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed. Meanwhile, the matter of article 16 is the power of an arbitral tribunal to determine its own jurisdiction. They are two different issues: an arbitration agreement may be valid, but the arbitral tribunal lack jurisdiction due to other reasons; for example, the object of the dispute is not covered by the arbitration agreement.

One inconvenient to state court rulings was that they might not be recognised by the courts of a different national state. On the contrary, an arbitral decision, if the arbitrators were careful enough to put it in an award, would be recognized in the countries party to the NYC.

Finally, there was agreement that these aspect of court litigation were left to the laws of each forum. This did not encompass the power to order the suspension of the arbitration or to stop it from commencing.

Stay of the court proceedings

It was discussed that a court could suspend its proceedings until the arbitral tribunal ruled on the validity or nullity of the arbitration agreement. If the arbitral tribunal’s decision, once all legal recourses against such decision were exhausted, was the nullity of the arbitration agreement, the trial would continue; if it was the validity of the arbitration agreement, the court trial would be concluded.

According to another proposal, it would e convenient to include a provision that allowed the court to suspend the arbitration while it deliberated its decision. To the contrary, it was argued that this would imply that a national law would allow judicial intervention in arbitration.

Parallel proceedings

It was agreed that it should be avoided to have two different proceeding taking place simultaneously, a judicial and an arbitral one. But the viewpoint prevailed according to which it would be frustrating to wait until the judicial proceedings were over, due to the delays that come along with it.

It was said that when presented with a lawsuit, the party interested in arbitration would be prudent and would not insist in going forward until the matter was settled by the courts. Only it is saw a reasonable chance of success, would it insist in commencing or continuing the arbitration. In a similar way, the arbitrator, knowing that the matter was being discussed before the courts, could suspend the arbitration until there was a ruling. Especially if they saw that the party resisting arbitration could be right.

Preservation of legal rights

It was also noted that, in some jurisdictions, a party could file a lawsuit to preserve some legal right. For example, interrupt the limitation period.

Modification to paragraph 2

It was also decided that there was no justification for the option of going forward with the arbitration only if it had already commenced, which is why it was decided that the second paragraph should also include, the commencement of the arbitral proceedings.

Final decision

The article was adopted and it was decided that the different opinions should be reflected in the Commission’s report; therefore, they could be considered when implementing and interpreting the UMLA. We will discuss this in the future.

The article reads as follows:

Article 8. Arbitration agreement and substantive claim before court

(1) A court before which an action is brought in a matter which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party so requests not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute, refer the parties to arbitration unless it finds that the agreement is real and void, inoperative or incapable of being performed.

(2) Where an action referred to in paragraph (1) of this article has been brought, arbitral proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an award may be made, while the issue is pending before the court.

Some thoughts

The decision to commence or continue judicial proceedings, or for them to be suspended while the issue is being discussed before the courts, belongs to the parties. If a party goes before the courts and its counterpart invokes the arbitration agreement and asks for the parties to be referred to arbitration, there is a disagreement; but it is possible for the party invoking the arbitration agreement to agree to not start or suspend the arbitration meanwhile.

If the party invoking the arbitration agreement commences arbitration or insists in its continuance, the arbitral tribunal must make the decision, given that in the absence of agreement between the parties, it must conduct the arbitration in the way it considers appropriate.

When taking this decision, the request of the party insisting to proceed should tilt the balance in favor of continuing with the arbitration. There are several reasons for this: (i) these situations tend to present themselves at the beginning of the arbitral proceedings. At this stage, the arbitrator is beginning to get acquainted with the case and the requesting party knows it better, it is in a better position to suggest a course of action; and, (ii) the requesting party is taking the risk that at the end of the day, the arbitration will not proceed. If this happened and there was negligence or boldness on its part, the costs which were incurred should be borne by it; or at least a substantial part of them.

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