viernes, 28 de febrero de 2014

Como se come una ley modelo. Motivos de indigestión. Reconocimiento, ejecución y homologación


See below English version.



Para no perder el hilo, en esta entrada comentaré los conceptos de reconocimiento, ejecución y homologación. Las malas lecturas de los textos, hacen que se confundan esos alimentos y causan indigestiones. El reconocimiento y la ejecución son alimentos diferentes. La homologación, o ‘exequatur”, no forma parte del platillo. Sobre esto escribió Hector Flores Senties*, de Abascal, Segovia & Asociados (www.abascalsegovia.com)

La CNY


El laudo es vinculante entre las partes

La clave de todo está en el párrafo 1) del artículo 35 de la LMA: “Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado". El Cco reproduce este texto (a. 1461).

El Comentario de la Secretaría, no puede ser más claro: “El artículo 35 establece una distinción útil entre el reconocimiento y la ejecución, pues tiene en cuenta que el reconocimiento no sólo constituye un requisito necesario para la ejecución sino que también puede ser considerado por sí sólo, por ejemplo, cuando el laudo se invoque en otras actuaciones.” (A/CN.9/264 articulo 35 comentario 4).

Causas de denegación

El artículo 36, dice que solo se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución cuando la parte contra la cual se invoca el laudo pruebe las causas que enumera en su párrafo I. En el párrafo II, establece las causas por las que el juez puede denegar de oficio el reconocimiento o la ejecución. No tengo lugar aquí para comentar las causas de denegación; lo haré en otra ocasión.

En resumen, el laudo es vinculante sin ninguna homologación. Demostrada su existencia, la parte en contra de quien se invoca tiene la carga de la prueba de demostrar que no debe reconocerse y ejecutarse.

El reconocimiento

Un juez, u otra autoridad, cuando le presentan un laudo, tiene la obligación de reconocer su existencia, contenido y su carácter vinculante entre las partes. Los únicos requisitos que la parte que pide el reconocimiento debe acreditar, son los del artículo 35: (i) presentación del original del laudo debidamente autenticado o copia certificada; (ii) presentación del original del acuerdo de arbitraje o copia certificada del mismo; (iii) si el laudo o el acuerdo no están en español, presentar una traducción hecha por perito oficial (a. 35 (2), LMA de 1985, a. 1461 Cco).

Cuando una parte solo opone un laudo y pide su reconocimiento no debe promover el juicio especial del artículo 1470 Cco; sino que lo hace dentro del procedimiento en que invoca el laudo como defensa.

Un ejemplo de simple petición de reconocimiento sería el siguiente. “A” demanda en un juicio ordinario mercantil que se condene a “B” a pagarle una suma determinada de dinero; “A” funda su demanda en un contrato. “B” se defiende invocando un laudo en el que se declaró nulo el contrato que invocó “A”. El juez, después de constatar que “A” no demostró ninguna de las causas que enumera el artículo 1462 para negar el reconocimiento, deberá reconocer el laudo, y absolver a “B”.

La ejecución

La ejecución, si tiene éxito, implica el reconocimiento del laudo y la condena al ejecutado para que cumpla las obligaciones que en el laudo se decidieron. Una vez que la parte que pide la ejecución satisfaga los requisitos de presentación del laudo y del acuerdo de arbitraje, la parte demandada tendrá a su cargo la carga de la prueba de las causas de denegación del reconocimiento y ejecución del artículo 36 (a. 1462 Cco). 

La ejecución sólo puede tener lugar dentro del procedimiento especial sobre transacciones comerciales y arbitraje (aa. 1471 a 1470 Cco).

Doble homologación

Antes de la CNY era necesario el doble ‘exequatur’ para los laudos que había que ejecutar fuera de la sede del arbitraje. Albert Jan van den Berg, lo explica**. La parte que buscaba la ejecución, tenía que obtener una decisión del país del lugar del arbitraje, de que el laudo era válido y ejecutable. Luego, tenía que obtener en el lugar de ejecución otra decisión judicial de que el laudo era válido y ejecutable. Estamos tan acostumbrados al sistema de la CNY, que nos parecería monstruoso someter un laudo a tan cavernario tratamiento.

El Comentario de la Secretaría lo dice: "La ley modelo, por si misma no requiere inscripción, registro o depósito de los laudos dictados con arreglo a su régimen (artículo 31) tampoco exige esas medidas con respecto a los laudos extranjeros cuyo reconocimiento o ejecución se piden con arreglo a sus disposiciones, siguiendo la política adoptada en la Convención de Nueva York de 1958 de eliminar el “double exequatur”. (A/CN.9/264 articulo 35 comentario 6)

Audiencia del afectado

Desde 1993 se introdujo un procedimiento para dar a la parte en cuya contra se invoca el laudo, la oportunidad de defensa; de satisfacer la carga de la prueba y demostrar las causas de denegación del reconocimiento y la ejecución. Por ello, desde 1993, la propuesta de la SEC y la SRE fue introducir un juicio especial; expedito pero que satisfacía el derecho de audiencia. Pero ni siquiera el Aprendiz de Brujo, que lo convirtió en incidente, lo consideró como homologación o exequatur.

Sin homologación

El decreto de julio de 1993, que incorporó la LMA, también modificó el Cco y el Código Federal de Procedimientos Civiles para eliminar la homologación de los laudos comerciales. Se modificó el artículo 1347-A, para eliminar a los laudos, del régimen de ejecución de resoluciones dictadas en el extranjero. También se modificaron los artículos 569 a 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para excluir a los laudos comerciales del régimen de ejecución de las sentencias y laudos extranjeros. Expresamente, el artículo 570 dice que los “laudos arbitrales de carácter no comercial […] se cumplirán coactivamente en la república mediante homologación”. Por lo contrario, los laudos de carácter comercial, no necesitan homologación.

Sin embargo, abogados y tribunales siguen hablando de homologación. Está en las demandas, en las sentencias, en las tesis aisladas y de jurisprudencia y en los comentarios.

Para mayor claridad, en la reforma de enero de 2011, en el artículo 1471 se dice que "para el reconocimiento y ejecución de los laudos […] no se requiere homologación”. ¡A ver si esta vez lo entienden!



* Flores Sentíes, Héctor. No existe homologación de laudos comerciales en México, Reporte No. 51 del Centro de Arbitraje de México, marzo de 2012 (http://www.camex.com.mx/index.php/publicaciones/reporte-en-linea/437-reporte-en-linea-no-51-marzo-2012-no-existe-homologacion-de-laudos-comerciales-en-mexico).


** The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law International pag. 7



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I. How to Eat a Model Law. Reasons for Indigestion. Recognition, Enforcement and Homologation.





To avoid losing that train of thought, in this post I will discuss the concepts of recognition, enforcement and homologation. The wrongful reading of the texts generates confusion between these foods and causes indigestion. The recognition and enforcement are different foods. The homologation or 'exequatur " is not part of the dish. Hector Flores Senties* of Abascal Segovia & Asociados wrote about this (www.abascalsegovia.com).

The NYC


The Award is Binding Between the Parties

The key to everything is in paragraph 1) of Article 35 of the UMLA : " An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, upon application in writing to the competent court, shall be enforced. " This text is reproduced in the Cco (a. 1461).

The Secretariat Commentary cannot be clearer: “Article 35 draws a useful distinction between recognition and enforcement in that it takes into account that recognition not only constitutes a necessary condition for enforcement but also may be standing alone, e.g. where an award is relied on in other proceedings." ( A/CN.9/264 article 35 comment 4 ).

Grounds for refusal

Article 36 says that recognition or enforcement can only be refused if the party against whom the award is invoked proves one of the cases mentioned in paragraph I. Paragraph II, provides the grounds on which the court may refuse automatically the recognition or enforcement. I have no place here to discuss the grounds for refusal; I'll do it another time.

In short, the award is binding without any approval. Demonstrated its existence, the party against whom it is invoked has the burden of proof to show that it should not be recognized and enforced.

Recognition

A judge, or any other authority, when presented with an award, is required to acknowledge its existence, content and binding nature between the parties. The only requirements that the party seeking recognition must prove are those of Article 35: (i) the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, (ii) the original arbitration agreement or a certified copy thereof, ( iii ) if the award or agreement is not in Spanish, a duly certified translation thereof (a.35 (2), UMLA 1985 a. Cco 1461).

When a part only brings forth an award and calls for its recognition it does not need to promote the special proceeding established in Cco´s Article 1470: instead it does so inside the procedure in which it invokes the award as a defense.

An example of a simple request for recognition would be the following. "A" sues in an ordinary commercial trial that “B” should be condemned to pay a certain amount of money; "A" bases its claim on a contract. "B" defends itself by invoking an award in which the contract invoked by "A" was declared void. The judge, after confirming that "A" did not prove any of the grounds of refusal mentioned in Article 1462 must recognize the award and acquit "B".

Enforcement

Enforcement, if successful, involves the recognition of the award and condemning the counterparty to fulfill the obligations decided in it. Once the party seeking enforcement meets the requirements of the award and the arbitration agreement, the defendant will have the burden of proving the grounds for refusal of recognition and enforcement established in Article 36 (a. 1462 Cco).

Execution can only take place within the special procedure of commercial transactions and arbitration (a. 1471-1470 Cco).

Double Exequatur

Before the NYC, the double 'exequatur' was necessary for the awards that had to be enforced outside the place of the arbitration. Albert Jan van den Berg explains this**. The party seeking enforcement had to get a ruling from the country of the place of arbitration stating that the award was valid and enforceable. Then it had to obtain from the place of the enforcement another judicial decision that the award was valid and enforceable. We are so used to the NYC system, that submitting an award to such ancient treatment would seem horrific.

The Secretariat Commentary says: "The Model Law, which itself does not require filing, registration or deposit of awards made under its régime (article 31), also does not require such actions in respect of foreign awards whose recognition or enforcement is sought under its régime, following the policy of the 1958 New York Convention of doing away with the “double exequatur” ( article 35 A/CN.9/264 comment 6 )

Hearing the Affected

Since 1993 a process was introduced to give a defense opportunity for the party against whom the award is invoked, which consists in meeting the burden of proof and demonstrating the grounds for refusing recognition and enforcement. Therefore, since 1993, SEC’s and SRE’s proposal was to introduce a special procedure; one that was prompt but that satisfied the right to be heard. But not even the Sorcerer's Apprentice, who transformed it into an interlocutory proceeding, saw it as an homologation or exequatur.

Without Approval

The July 1993 decree, which incorporated the UMLA, also modified the Cco, and the Federal Code of Civil Procedures in order to remove the homologation of commercial awards. Article 1347-A, was modified for the awards to be removed from the enforcement scheme of foreign judgments. Articles 569-571 of the Federal Code of Civil Procedures were also modified in order to exclude commercial awards from the enforcement scheme of foreign judgments and awards. Specifically, Article 570 states that " non-commercial arbitral awards[ ... ] will be coercively fulfilled in the republic previous its homologation." In contrast, commercial awards, do not need homologation.

However, lawyers and courts continue talking about homologation. It is mentioned in lawsuits, in the judgments, in case law and in the commentaries.

To clarify things even more, in the January 2011 amendment, Article 1471 states that " no homologation will be required [...] for the recognition and enforcement of awards." Let's see if this time they understand!

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* Flores Sentíes, Héctor. No existe homologación de laudos comerciales en México, Report No. 51 of the Mexican Arbitration Centre, March 2012

** The New York Arbitration Convention of 1958, Kluwer Law International pag. 7

miércoles, 26 de febrero de 2014

Como comer una ley modelo. Incorporación al Cco. El Aprendiz de brujo



See below English version.


México se puso al día


Para estar al día en el arbitraje sólo se necesita contar con el juego de la CNY y de la LMA; la ausencia de una u otra adolece de omisión. Añadir regulación, incluso con la buena intención de impulsar o fortalecer el arbitraje, es peligroso.

Entender la democracia

La democracia y los procedimientos parlamentarios son el mejor método de gobierno; pero tienen sus riesgos. Por ejemplo, muchas leyes son eminentemente técnicas. Una excelente ley será aquella en la que las cuestiones técnicas o del arte, las resuelven los expertos; y las políticas, los políticos.

Los abrumé estos meses describiendo como se creó la LMA. Como, después, la SRE y la SEC, elaboraron un proyecto de incorporación que sirvió de base para presentar una iniciativa al Congreso.

Lo que restaba era que las autoridades encargadas de la iniciativa y luego los miembros del Congreso que la consideraron, tomaran las decisiones políticas y en lo técnico no la hicieran de Aprendiz de brujo. Su función era (I) decidir si, en general, convenía adoptar la LMA, (ii) asegurarse de que la iniciativa, en sus aspectos técnicos, no violara los principios fundamentales del derecho mexicano; y, (iii) asegurarse que la iniciativa no omitiera alguno de esos principios fundamentales. 

En lugar de hacerle al Aprendiz de brujo, mejor hubieran consultado. 

Una consideración muy importante para el legislador debió ser la fuente material de la propuesta de ley. Era la LMA, elaborada en las Naciones Unidas, que recomendó a los países considerar que la LMA “contribuye de manera importante al establecimiento de un marco unificado para la solución justa y eficaz de controversias nacidas de las relaciones comerciales internacionales”. Pidió que la examinen debidamente, “teniendo en cuenta la conveniencia de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades específicas de la práctica del arbitraje comercial internacional (Resolución 40/72 de la Asamblea General).

A continuación me referiré a algunos negros en el arroz de la LMA.

Incorporación dentro de los juicios mercantiles

En el proyecto se proponía la LMA se adoptara como la ley mexicana del arbitraje comercial. La principal razón que se tuvo fue la de evitar la equiparación del arbitraje con el litigio judicial. Entre otros, el propósito era el de disminuir la litigiosidad y la invocación de analogías. Esta presentación permitiría conservar la numeración y presentación uniforme de la LMA; así, por ejemplo, si el artículo 8 de la ley mexicana era el mismo artículo 8 de la LMA, la referencia era fácil. Eso hicieron otros países; por ejemplo, Canadá.

Sin embargo, sin ninguna explicación, la iniciativa se presentó para que formara parte del Título Cuarto, del Libro Quinto, del Cco, relativo a los juicios mercantiles. Para hacer ese cambio tan importante, ¿se consultó con los autores u otros expertos? No. 

Años después, tuve la oportunidad de preguntar a un funcionario que participó en la elaboración y presentación de la iniciativa; por razones obvias no digo su nombre. Según me dijo, la razón fue que incorporando la LMA al Cco, se cumplía la promesa de campaña del Presidente de modificar el Cco. 
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Si hubieran tenido la curiosidad de consultarnos, la solución era obvia: incorporar la LMA como Título Primero del Libro Cuarto del Cco. Igualmente era una reforma al Cco, pero fuera de la regulación de los juicios mercantiles.

El maldito incidente

Durante la preparación del proyecto, notamos la necesidad de incluir un procedimiento judicial determinado para ventilar las demandas de nulidad y las de reconocimiento o ejecución de los laudos. Formaba parte de la legislación de implementación indispensable. Consideramos que debería ser un procedimiento expedito, pero que respetara los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso legal. El procedimiento establecido en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los incidentes, satisfacía esas condiciones. En aras de la concisión que debe tener toda ley, escogimos regular el juicio con una incorporación por referencia.å

En relación con los artículos 34, sobre la demanda de nulidad de un laudo, y en el 36, sobre el reconocimiento o la ejecución, insertamos sendos artículos. En cada uno de ellos el texto decía, palabras mas palabras menos, que el juicio se llevaría conforme a las disposiciones que, para los incidentes, tiene el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Claramente se indicaba que era un juicio y se hacía referencia a las disposiciones conforme a las cuales debería tramitarse.

El Aprendiz de Brujo consideró que no sabíamos redactar y nos corrigió. En el decreto, los artículos 1460, sobre la nulidad y 1463, sobre el reconocimiento o ejecución, decían que el procedimiento se “sustanciará incidentalmente de conformidad con el Artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

Nuestro anónimo corrector cambió la naturaleza del procedimiento. Inventó un vertebrado gaseoso, consistente en un incidente judicial dentro de un procedimiento arbitral concluido. La original enmienda al proyecto generó un mundo de problemas que no cesaron sino hasta la reforma de enero de 2011, que reglamentó el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. La reforma de 2011 dice lo mismo que propusimos; pero con mas palabras; es una lástima.


El artículo 23 (1) de la LMA se refiere a la demanda y a la contestación. En su oración final dice que las partes “podrán aportar, al formular sus “alegaciones", todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.”

El Aprendiz de Brujo, en el artículo 1439 Cco, puso que las partes “aportarán, al formular sus “alegatos", todos los documentos o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar."

No es lo mismo alegatos que alegaciones. Esto resulta claro de la versión en inglés: “the parties may submit with their statements …” En la propuesta de la SRE y la SEC, pusimos con toda intención “alegaciones”. El Aprendiz de Brujo no sabe de la enferma costumbre que tienen algunas partes de añadir pruebas en los alegatos finales.

Términos homónimos. Laudo con razones

El artículo 31(2) de la LMA dice que el laudo deberá ser motivado. En la “Junta de Asesores” decidimos no hacer referencia a la motivación, ya que en nuestra jurisprudencia el vocablo tiene un significado y consecuencias significativas, que no necesariamente concurren con la uniformidad universal. De nuevo, considerando la versión en inglés (“The award shall state the reasons upon it is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given”), propusimos que el laudo debería establecer las “razones” […]”. El Aprendiz de Brujo nos hizo el favor de reintroducir el concepto de motivación.

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How to Eat a Model Law. Incorporation to the Cco. The Sorcerers’ Apprentice




Mexico's Catch Up


In order to be up to date in arbitration an State only needs to have the combo of the NYC and the UMLA; the absence of one or another is an evil. To add regulations, even with the good intention of fostering or strengthening of arbitration, is perilous.

To Understand Democracy

Democracy and parliamentary procedures are the best method to govern; but they have their risks. For example, many laws are particularly technical. An excellent law will be that in which the technical or artistic questions, are resolved by experts; and those of policy, by politicians.

During these months I've overwhelmed you describing how the UMLA was created. As well as the fact that thereafter, the SER and SEC prepared a project of enactment that was the basis to present an initiative to the Congress.

What remained to follow was that the authorities in charge of the initiative and also the members of the Congress that considered it, took the policy decisions and to avoid to turn themselves into Sorcerers Apprentices with respect to the technical issues. Their function was (i) to decide whether, in general, it was convenient to enact the UMLA, (ii) make sure that the initiative, in its technical aspects, would not violate the fundamental principles of Mexican law; and, (iii) make sure that the initiative did not omit any of these fundamental principles.

Instead of acting as the Sorcerers’ Apprentice, they had better consulted.

A very important consideration for the legislator should have been the material source of the law's initiative. It was the UMLA, elaborated in the United Nations, that recommended countries to consider that the UMLA “ significantly contributes to the establishment of a unified legal framework for the fair and efficient settlement of disputes arising in international commercial relations." It asked the countries to give due consideration to the Model Law, “in view of the desirability of uniformity of the law of arbitral procedures and the specific needs of international commercial arbitration practice" (Resolution 40/72 of the General Assembly).

Now I will refer to some black beans in the rice of the UMLA.

Incorporation as Part of the Commercial Court Procedures

In the project it was proposed that the UMLA be enacted as the Mexican law on commercial arbitration. The main reason being to avoid the comparison of arbitration with court proceedings. Among others, the purpose was to decrease litigiousness and the use of analogies. This presentation would allow to maintain the numeration and uniform presentation of the UMLA; that way, for example, if article 8 of Mexican law was the same as article 8 of the UMLA, the reference was easy. That was done by some countries; for example, Canada.

However, with no explanation, the initiative was presented to be part of Title Four of Book Five of the Cco, related to commercial court proceedings. To make such an important change, was it consulted with the authors or experts? No.

Years later, I had the opportunity of asking an officer that participated in the preparation and presentation of the initiative; for obvious reasons I cannot say his name. As he told me, the reason was that by incorporating the UMLA to the Cco, the presidential campaign promise of amending the Cco would be fulfilled.

If they had had the curiosity of consulting us, the solution was an obvious one: incorporate the UMLA as Title One of Book Four of the Cco. It would also be an amendment to the Cco, but outside the regulation of commercial court proceedings.

The Damned Interlocutory Proceeding

During the preparation of the project, we noted the need to include a court proceeding directed to substantiate motions for setting aside or recognition or enforcement of arbitral awards. It was an essential part of the enactment legislation. We considered that it should be an expedite proceeding, but that would respect the fundamental rights of the right to be heard and due process. The procedure established in article 360 of the Federal Code of Civil Procedure, related to interlocutory proceedings, satisfied these conditions. Pursuant to the concision that every law should have, we chose to regulate the procedure with a reference to that article.

With respect to articles 34, on setting aside of an award, and 36, for the recognition or enforcement, we inserted said provision. In each of them the text said, more or less, that the procedure would be substantiated pursuant to the provisions of article 360 of the Federal Code of Civil Procedures for interlocutory proceedings. It was clearly indicated that this was an ad hoc court proceeding on its own that made reference to the provisions pursuant to which it was to be substantiated.

The Sorcerers’ Apprentice considered that we did not know how to draft and corrected us. In the decree, articles 1460 for setting aside, and 1463 for the recognition and enforcement, said that the procedure would be "substantiated as an interlocutory proceeding pursuant to Article 360 of the Federal Code of Civil Procedures."

Our anonymous corrector changed the nature of the proceeding. He invented a gaseous vertebrate that implicated an interlocutory court proceeding within a concluded arbitration. The original amendment to the project created a world of problems that did not give in until the amendment of January of 2011, which regulated the special proceeding on commercial transactions and arbitration. The 2011 amendment says the same that was proposed by us; but with less words; it is a pity.


There were problems with the incorporation in México of the Spanish version of Article 23 (1) that refers to claim and response. According to Mexican law and practice the term “alegatos” means the final conclusions of the parties. Thus, the “Junta de Asesores” opted for the term “alegaciones”, that had not a precise legal connotation. That way, the text proposed would convene the same meaning that the English versión has: “The parties may submit with their statements all documents they consider to be relevant or may add a reference to the documents or other evidence they will submit”. 

The Sorcerers’ Apprentice, in article 1439 of the Cco, changed “alegaciones” (allegations) for “alegatos” (conclusions). The Sorcerers’ Apprentice is not aware of the sick custom of some parties to include evidence in their final arguments or conclusions.

Homonims. Reasoned Award

Article 31(2) of the UMLA says that the award shall be reasoned. In the "Junta de Asesores" we decided not to make reference to "motivación" (motivation), which is the term used in the Spanish version, for in our jurisprudence “motivación" has a specific meaning and meaningful consequences, that do not necessarily concur with universal uniformity. Thus, we propose to say that the “ laudo debería ser razonado” (“shall be reasoned”). The Sorcerers’ Apprentice did us the favor of re-introducing the concept of "motivación" (motivation).

lunes, 24 de febrero de 2014

Como se come una ley Modelo. Número de árbitros. Tercera parte. Métodos de selección.

See below English version.



En esta ocasión me ocuparé de los métodos para determinar el número de árbitros y la manera de designarlos.

Número de árbitros

Las partes determinan el número de árbitros. Lo pueden hacer en una estipulación expresa o por referencia a un reglamento. En México, a falta de acuerdo de las partes, siempre será un árbitro (a. 1426 ).

Si las partes no se ponen de acuerdo dentro de un plazo determinado en el reglamento o en la ley aplicable, el número de árbitros lo determina la institución arbitral, la autoridad nominadora o la autoridad referida en el artículo 6 LMA. 

Es una buena regla; es mas prudente dejar la determinación del número de árbitros para cuando se conocen las circunstancias de la disputa. Por ejemplo, así se evitan situaciones en que, aunque el contrato haya sido muy cuantioso, la disputa sea muy pequeña.

Algunos reglamentos se inclinan por el árbitro único, pero dejan a la discreción de la autoridad escoger tres (CAM a. 14, CCI a. 12(2), ICDR a. 5). UNCITRAL 1976 estipula tres árbitros (RAU 1976 a. 5). En la versión de 2010, mantiene la regla de tres, pero sujeta a condiciones, deja abierta la posibilidad de decidir que sea un árbitro (RAU 2010, a. 7). Otros lo dejan totalmente al arbitrio de la institución (CANACO a. 8).

El Reglamento de CANACO tiene una interesante solución en su Reglamento ABC (Arbitraje de Baja Cuantía). Cuando las partes estipulan el reglamento de CANACO, automáticamente incorporan el reglamento ABC. El Reglamento ABC se aplica a arbitrajes de cuantía inferior a 124,860 UDIS (alrededor de USD$70,000.00 (a. 1). Las partes pueden convenir una cuantía mayor.

Los arbitrajes ABC se llevan con un árbitro; el procedimiento es simplificado y expedito. La experiencia es que duran menos de sesenta días.

Designación

Cuando son tres árbitros, si las partes en la disputa son dos, cada árbitro designa uno. El tercer árbitro, que funge como presidente, en principio es designado por las partes. Si no se ponen de acuerdo, la designación la hace la institución que administre el arbitraje, la autoridad nominadora o la autoridad o juez competente

Arbitraje multiparte

El supuesto normal de las leyes y reglamentos es que el arbitraje se lleve entre dos partes; “A” en contra de “B”. En ese caso “A” nombra su árbitro y “B”, el suyo. No siempre es así. Hay muchos supuestos de arbitrajes multiparte; por ejemplo: “A”, el principal, demanda a “B”, el contratista, quien a su vez demanda a “C”, el subcontratista. 

Se dan muchas combinaciones. Por ejemplo, cuando se conviene que un tercero acumule su caso a un arbitraje.

Como los árbitros de parte son dos, si no se ponen de acuerdo, se presenta una situación en la que, por lo menos una de las partes, no tendría oportunidad de designar su árbitro. El convenio que excluyera a una parte de esa participación, sería uno de los casos en que la voluntad de las partes encuentra cortapisas, ya que la disposición del trato igual no puede renunciarse (LMA a. 18).

En los reglamentos se suele estipular que, en los arbitrajes multiparte, si las partes no se ponen de acuerdo en el nombramiento de todos los árbitros, la designación del tribunal la hace la institución o la autoridad nominadora.

Parte múltiple

No es el mismo caso con las partes con múltiples miembros. Por ejemplo, originalmente hay dos partes que luego se separan: “A”, integrada por un conjunto de miembros, “X”, “Y” y “Z”, es una parte en el contrato y “B”, es la otra. Se estipula que “A” designará un árbitro y “B” designará otro. Sin embargo, al iniciarse el arbitraje “A” no puede hacer la designación porque “X” y “Y” no se ponen de acuerdo con “Z”.

En esos casos, la designación del árbitro de “A”, la hará la institución, la autoridad nominadora o el juez o autoridad a que se refiere el artículo 6 LMA.

Laguna de la LMA

La LMA tiene una laguna y, en consecuencia, el Cco también. Sin embargo, la interpretación de los artículos 10, 14 y 15, entre otros, debe llevar a la misma conclusión. No puedo desarrollar ahora el razonamiento, pero queda en mi lista de pendientes.

Los ganaderos y el pollo


Árbitro único, tercer árbitro y tribunal multiparte

Corresponde a la institución administradora, o a la autoridad nominadora o al juez o autoridad, elegir al árbitro o árbitros en los siguientes casos: (i) cuando una parte se abstiene de hacer el nombramiento que le corresponde: (ii) cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre el árbitro único o el tercer árbitro; y, (iv) cuando las partes no se ponen de acuerdo en los arbitrajes multiparte.

El método de selección será el que las partes convengan. Cuando las partes adoptan un reglamento se aplica el reglamento, salvo acuerdo en contrario de las partes.

Dos métodos

Básicamente hay dos métodos 

El de la LMA. La designación la hace el juez o autoridad, según su criterio (a. 11(3)). Es de esperar que lo hará previa audiencia de las partes y después de contar con la información indispensable.

México adoptó el sistema de la LMA, pero en la reforma procesal de enero de 2011, estableció un procedimiento de audiencia y el sistema de enviar listas de consulta a las partes (a. 1467 Cco).

En el sistema que sigue el modelo de la CCI, si las partes no se ponen de acuerdo la institución designa al árbitro. Por ejemplo, la CCI pide opinión, no vinculante, al comité nacional que escoja para ese efecto; pero también puede hacer la nominación directa o en consulta con las partes.

El reglamento del CAM concede esta facultad al Consejo General (a. 14).

Conferencia preliminar y lista

El método de ICDR y CANACO, que sigue al RAU, en mi opinión, atiende mejor a la voluntad de las partes y a las circunstancias del caso. 

Lo describiré brevemente: (i) al inicio la Secretaria General o la Administradora convoca a una conferencia previa con las partes para discutir nombres y características, en la que busca que las partes se pongan de acuerdo; (ii) si las partes no se ponen de acuerdo, con los datos que tiene, entre ellos la información que recibe de la conferencia, la Secretaría General o la Administradora manda una lista de candidatos a las partes para que, dentro de determinado plazo, tachen a los que rechazan e indiquen el orden de preferencia de los que aceptan. El candidato que obtenga el mejor rango entre los no tachados, es el árbitro.

De esta forma, si bien indirectamente, el árbitro fue designado por las partes.

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How to Eat a Model Law. The Number of Arbitrators. Part Four. Selection Methods.


This time I will deal with the methods to determine the number of arbitrators and the manner to appoint them.

Number of arbitrators

The parties will determine the number of arbitrators. They may do so by means of an express stipulation or by reference to an arbitration institution’s rules. In Mexico, failing a determination of the number of arbitrators by the parties, the proceedings will be conducted by a sole arbitrator (Cco article 1426).

If the parties are unable to agree within the time-limit provided for in the rules or in the applicable law, the number of arbitrators shall be determined by the arbitral institution, by the court or other authority specified in UMLA article 6.

It is a fine rule; in most occasions it is more prudent to leave the determination of the number of arbitrators for a latter moment in which the circumstances of the dispute are already known. For example, in that way, one avoids situations in which although the contract is for a hefty sum, the amount in dispute is relatively small.

Some arbitration institutions’ rules lean in favor of a sole arbitrator, but allow the appointing authority discretion to choose three (CAM article 14, ICC article 12(2), ICDR article 5). UNCITRAL 1976 stipulates three arbitrators (UAR 1976 article 5). In its 2010 version, the rule of three is preserved, but subject to conditions, leaving open the possibility to decide that one arbitrator is enough (UAR 2010 article 7). Other arbitration institutions’ rules leave the issue entirely in the institution’s hands (CANACO article 8).

The CANACO Rules have an interesting solution in their ABC Rules (Spanish acronym for Small Claims Arbitration: “Arbitrajes de Baja Cuantía”). When the parties stipulate the CANACO Rules, they automatically incorporate the ABC Rules. The ABC Rules apply for arbitration proceedings in which the amount in dispute is less than 124,860 UDIS (Spanish acronym for Mexico’s Investment Units: “Unidades de Inversión”) (roughly USD$70,000.00) (ABC Rules article 1). The parties can agree to a higher amount, or other agreed disputes defined by them for such a purpose. 
ABC arbitration proceedings are conducted by a sole arbitrator; the proceeding is simplified and expeditious. Experience shows us that they tend to last less than sixty days.

Appointment

When there are three arbitrators, if there are two parties, each party shall appoint one arbitrator. The third arbitrator, who acts as president of the tribunal, in principle is designated by the parties. If the two parties fail to agree on the third arbitrator, the appointment will be made by the institution administering the arbitration, the “appointing authority”, or the competent authority or court.

Multi-party arbitration

The normal scenario foreseen in the laws and arbitral institutions’ rules is for the arbitration to be carried out between two parties; “A” against “B”. In that scenario, “A” appoints its arbitrator, as does “B”. This is not always so. There are many cases of multi-party arbitrations; for example, “A”, the principal, sues “B”, the contractor, who, in turn, sues “C”, the sub-contractor. 

There are many possible combinations. For example, when it is agreed for a third-party to consolidate his claims in a single set of proceedings.
Since there are two party-appointed arbitrators, if all parties fail to agree on the appointed arbitrators, this gives rise to a situation in which, at least, one of the parties would not have the opportunity to appoint its arbitrator. An agreement which would exclude one party from the appointment process would be one of those cases in which party autonomy would be restricted, since equal treatment of parties cannot be waived (UMLA article 18).

Arbitration institutions’ rules usually provided that, in “multi-party” arbitrations, if the parties fail to agree on the appointment of the all the arbitrators, the tribunal’s appointment is made by the arbitration institution or the “appointing authority”.

Multiple party

A different case presents itself when dealing with a single party with multiple members. For example, there are originally two parties which then separate: “A”, composed of a set of members, “X”, “Y” and “Z”, is one party to the contract and “B”, is the other party. It is stipulated that “A” will appoint one arbitrator and “B” will appoint the second one. Nevertheless, when the arbitration proceedings commence, “A” is unable to make the appointment because “X” and “Y” fail to reach an agreement with “Z”.

In those cases, “A”’s appointment of an arbitrator will be made by the “arbitration institution”, the “appointing authority” or the court or other authority specified in UMLA article 6.

Lacuna in the UMLA

There is a lacuna in the UMLA, and consequently, also in the Cco. However, the interpretation of articles 10, 14 and 15, amongst others, should lead to the same conclusion. I cannot elaborate now on the reasoning, but it is on my to-do list.

Cattlemen and the chicken


Sole arbitrator, third arbitrator and multi-party arbitrator

It is up to the institution administering the arbitration, or the “appointing authority”, or the court or other authority, to appoint the arbitrator or arbitrators in the following instances: (i) when a party fails to appoint the arbitrator it is entitled to; (ii) when the parties fail to agree on the sole arbitrator or the third arbitrator; and, (iii) when the parties fail to agree in a multi-party arbitration proceeding.

The appointing method will be the one agreed by the parties. When the parties adopt an arbitration institution’s rules, such rules apply, unless otherwise agreed by the parties.

Two methods

There are basically two methods.

The one provided for in the UMLA. The appointed is made by the competent court or authority, at its discretion (UMLA article 11(3)). Anyhow, the appointment is expected to be done after hearing both parties and having the essential required information.

Mexico adopted the UMLA’s system, but in the procedural amendment of January 2011, a hearing with the parties was established, followed by the system of sending lists to the parties for them to cross and rank candidates (Cco article 1467). 

In the system that follows the ICC’s model, if the parties fail to agree, the arbitration institution appoints the arbitrator. For example, the ICC asks for the, non-binding, opinion of the national committee it chooses to that effect; but it may also make a direct appointment or in consultation with the parties.

According to the CAM Rules, such faculty rests with the General Counsel (CAM Rules article 14).

Preliminary conference and list

In my opinion, the ICDR and CANACO method, which follows the UAR, better serves the will of the parties and the circumstances of the case.
I will describe it briefly: (i) at the beginning the Secretary General or Administrator convenes a conference with the parties to discuss names and characteristics, during which it seeks for the parties to reach an agreement; (ii) if the parties fail to agree, with the available data, amongst it the information it receives during the conference, the Secretary General or Administrator sends a list of candidates to the parties for them to, within the specified time-limit, cross out the names of those who they object and rank the ones they accept. The candidate who is better ranked, amongst the ones that were not cross, is the arbitrator.

In this manner, the arbitrator is appointed by the parties, albeit indirectly.

viernes, 21 de febrero de 2014

Como se come una ley modelo. Número de árbitros. Tercera parte. Un árbitro






See below English version.

En esta ocasión me ocuparé de los pros y contras de escoger un solo árbitro. Para ello me serán útiles las consideraciones de la entrada anterior sobre la opción de tres árbitros.

Más barato

Es obvio.

Sin consultas


Una de las virtudes que se atribuyen a los tribunales colegiados, es que las deliberaciones facilitan el contraste de puntos de vista; lo que enriquece tanto el debate como la decisión. Aún admitiendo este punto, son cuestionables los beneficios.

Lo mismo puede predicarse sobre el conocimiento y disposición de los árbitros de parte de considerar en el tribunal la ley, los usos y las prácticas de un país o de un sector determinado. Por ejemplo, que el árbitro mexicano conozca y explique mejor a sus coárbitros las peculiaridades y prácticas del mundo legal de los negocios de México, mientras que el estadounidense las de su país.


Misión del abogado y misión del árbitro

No vale aceptar estas nociones a la ligera. La finalidad de la fase de conocimiento es dar oportunidad a las partes para que presenten sus respectivos casos. Una vez agotada esa fase, la tarea de los árbitros está limitada a considerar lo que las partes pidieron, alegaron y probaron. 

Las partes tienen la carga de demostrar los hechos, exponer los diferentes puntos de vista, derecho aplicable, usos y prácticas. Un buen abogado no cumple con sus deberes si confía estas importantísimas cuestiones a la retórica y simpatía del árbitro que designó. De manera similar, un árbitro honesto debe abstenerse de introducir y argumentar en favor de teorías legales, o variaciones sobre teorías legales, que las partes no introdujeron ni discutieron durante la instrucción.

Ni que decir respecto de la opinión de que es natural que un árbitro tenga cierta simpatía por la parte que lo designó. De acuerdo, simpatía y agradecimiento; pero que las guarde en su corazón. Prefiero la amnesia del reconocido árbitro inglés, Peter Leaver, que me comentó: —apenas me designan, me ataca la amnesia y se me olvida quién me designó”.

Riesgos y limites

Es difícil para los árbitros establecer y respetar los límites. Recuerdo un caso muy ilustrativo. El punto en cuestión era sobre las diferencias entre los efectos de la resolución de los contratos en términos del artículo 1949 CCF y la extinción de las obligaciones; así como las diferentes consecuencias de la resolución y de la extinción del contrato. El arbitraje era internacional, con un presidente inglés y los abogados de ambas partes también ingleses. Los expertos mexicanos eran expertos en derecho de seguros, pero no sacaban 10 en derecho de obligaciones. Habían presentado al tribunal una declaración conjunta de los puntos en que estaban de acuerdo; pero en esa cuestión estaban equivocados.

Cuando le hice preguntas al experto de la parte que me designó, me di cuenta de que lo estaba aleccionando; apenas empecé a examinar al otro experto, me di cuenta que lo estaba sometiendo al típico interrogatorio del abogado contrario. En ambos casos me detuve a tiempo. Cuando deliberamos el laudo, alegué que la opinión concordante de los expertos era una barbaridad legal en derecho mexicano. El presidente, con toda razón, me contestó que me entendía, pero que nuestra obligación era resolver con base en las declaraciones de los expertos y las alegaciones de las partes. 

Durante bastante tiempo me perturbó el escrúpulo de que debí proseguir mi interrogatorio y obtener opiniones ajustadas al derecho mexicano; para ello no hubiera bastado un simple interrogatorio, sino una lección sobre el tema. Ahora veo con claridad que la tarea de presentar el derecho mexicano no era mía; correspondía a los abogados.

El punto es que si hubiera sido árbitro único, o presidente del tribunal, y consciente del error de derecho, es probable que hubiera profundizado sobre el punto. En el caso del ejemplo, el presidente inglés no podía hacerlo porque no tenía el suficiente conocimiento del derecho mexicano. Si yo lo hubiera hecho, no estoy seguro que mi conducta hubiera sido ética, ¿cuál es el limite de la intervención de los árbitros? Es una encrucijada difícil.

Bajar la guardia

Con la tranquilidad de haber designado un árbitro que me tiene simpatía, que le tengo confianza y que se ocupará de cuidar mis intereses, es natural que baje la guardia y descuide la designación del presidente. Lo contrario sucede con la designación del árbitro único; lo natural es extremar las precauciones. En la próxima entrada comentaré sobre los sistemas de selección.

Garantías del árbitro único

La garantía de imparcialidad aumenta considerablemente. A un árbitro único no se le puede mayoritear; los mayoriteos en los tribunales colegiados son excepcionales; pero ocurren.

Es falso que el árbitro único no pueda consultar y contrastar sus opiniones. Mas de lo que parece, soy creación de Roberto L. Mantilla Molina; no hay palabras que describan el reconocimiento y cariño que le tengo. Una de sus grandes enseñanzas fue la de no tomar decisiones sin consultarlas. Lo recuerdo discutiendo siempre sus asuntos. Sin embargo, nunca traicionó su deber de confidencialidad. Siempre he seguido ese ejemplo y considero regularmente mis asuntos con algunos amigos, selectos, y siempre guardando la confidencialidad.

Mi suegro, Miguel Cao Romero, que era ingeniero constructor, me explicó y ayudó mucho a entender mis casos de construcción. Sin embargo, en ningún laudo apareció una idea o teoría de mi suegro que no hubiera sido materia de discusión dentro del arbitraje. Los laudos deben fundarse, exclusivamente, en las defensas de las partes. 

Igualmente, recibo muchos “sablazos intelectuales”, de amigos que consideran conmigo sus dudas. 

Otro expediente que me enseñó Mantilla fue, en caso de duda, escribir borradores de versiones opuestas. Poco antes de morir, unas empresas de seguros le sometieron una diferencia, con el compromiso de actuar según su opinión. Tenía grandes dudas y un día me dijo que no tuvo otro remedio que escribir las dos opiniones: aquella por la que se inclinaba y la contraria. Sólo así se había convencido de que la opinión que prefería era la correcta. Me hizo el comentario: —Tengo los dos borradores sobre mi escritorio, ¿te imaginas lo que pagaría la parte perdedora por la versión que lo favorecería? Fue la última vez que lo vi, al día siguiente salió para Europa y murió en Venecia. 

Meses después un amigo me comentó que Mantilla les había informado que ya tenía el borrador y que al regreso de su viaje entregaría la opinión. Que por ello, buscaron en su escritorio y encontraron el borrador. Me callé; no le podía sembrar la duda acerca de cual de las dos opiniones habían encontrado.

Las circunstancias mandan y siempre son pocos los esfuerzos que hagamos para no correr la suerte del pollo de Bertrand Russell.


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How to Eat a Model Law. Number of Arbitrators. Third Part. Sole Arbitrator


This time I will deal with pros and cons of choosing a sole arbitrator. To such end, it will be useful to consider the prior entry on the three arbitrator option.

Cheaper

It's obvious.

No Consultations

The sole arbitrator does not have to consult nor deliberate; there is no place for the delays that occur with collegiate tribunals.

One of the virtues that are attributed to collegiate tribunals is that the deliberations facilitate the contrast of different points of view; which enriches both the debate and the decision. Even admitting this point, the benefits are also questionable.

The same can be said about the knowledge and availability of party arbitrators in considering within the tribunal the law, the usages and practices of a country or a determined sector. For example, that the Mexican arbitrator knows and better explains to his co-arbitrators the peculiarities and practices of the legal world of business in Mexico, whilst the American will do the same for those of his country.


Mission of the Attorney and Mission of the Arbitrator

It is not wise to accept these notions lightly. The purpose of the instructive stage is to give the parties the opportunity to present their respective cases. Once this stage is spent, the task of the arbitrators is limited to considering what the parties requested, alleged and proved.

The parties have the burden of proving the facts, explaining the different perspectives, applicable law, usages and practices. A good lawyer does not comply with these duties if he entrusts these very important matters to the rhetorics and the sympathy of the arbitrator she appointed. In a similar way, an honest arbitrator must refrain from introducing and arguing in favor of legal theories, or variations on legal theories, which have not been introduced nor discussed by the parties during the instruction stage.

It's hard to accept the opinion that says it is natural for an arbitrator to have certain sympathy with the party that designated him. Agreed, sympathy and thankfulness; but he should keep those in her heart. I prefer the amnesia of the recognized English arbitrator, Peter Leaver, who once told me: ––“as soon as I am appointed, amnesia attacks me and I forget who appointed me".

Risks and Limitations

It is hard for the arbitrators to establish and respect limits to their behavior. I remember a very illustrative case. The issue was on the differences between the effects of the rescission of contracts in terms of article 1949 CCF and the termination of the contract. The arbitration was international, with an English chair and the attorneys of both parties also English. The Mexican experts were experts on insurance law, but did not excel in law of obligations. They had submitted to the tribunal a joint declaration of the points in which they were in agreement; but in one of such points, they were wrong.

When I made questions to the expert of the party that appointed me, I realized that I was leading him; as soon as I started questioning the other expert, I realized I was submitting him to a typical cross-examination. In both cases, I stopped right on time. When deliberating on the award, I argued that the agreed opinion of the experts was a legal atrocity under Mexican law. The chairman, with all reason, answered that he understood what I was saying, but that our obligation was to solve the dispute based on the declarations of the experts and the allegations of the parties.

I was perturbed for a long time by the fact that I should have continued with my interrogation and obtain opinions adjusted to Mexican law; but to such end, a simple questioning would not have sufficed, but a lecture on the matter. Now I see with clarity that the task of presenting Mexican law was not mine; it was the counsel’s.

The point is that if I had been a sole arbitrator, or the chair of the tribunal, aware of the mistake in the law, it is probable that I would have elaborated on the matter. In the case exemplified, the British chair could not have done it because he did not have sufficient knowledge of Mexican law. If I had done it, I am not sure that my conduct would have been ethical: what are the limitations to the arbitrators' interventions? This is a difficult crossroad.

Lower the Guard

With the confort of appointing an arbitrator that is sympathetic towards me, whom I trust will take notice of my interests, is natural to lower the guard and lose focus on the appointment of the chair. The contrary occurs with the appointment of the sole arbitrator; the natural thing is to extreme precautions. In the next entry I will deal with systems of selection.

Guarantees of the Sole Arbitrator

The guarantee of impartiality increases considerably. A sole arbitrator cannot be defeated by majority; majority overcoming in collegiate tribunals is exceptional; but it occurs.

It is false that the arbitrator may not consult and contrast his opinions. More than it seems, I am a making of Roberto L. Mantilla; there are no words to describe the recognition and respect I have for him. One of his greatest lessons was not to take decisions without considering them with trustable friends. I remember him discussing his affairs. However, never did he breach the duty of confidentiality. I have always followed that example and regularly consult my affairs with some friends, selective ones, and always maintaining the confidentiality.

My father in law, Miguel Caorromero, who was a construction engineer, explained me and helped me to understand my construction cases. However, there is no award in which to find an idea or a theory of my father in law that would not have been discussed in the arbitration. 

The awards should be always exclusively based in the arguments of the parties.

Likewise, I receive a lot of "intellectual punches" from friends that discuss their doubts with me.

Another lesson Mantilla taught me was that, in case of doubt, write drafts of opposing versions. Near his death, insurance companies submitted a dispute to him, with the compromise of acting in accordance to his opinion. He had many doubts and one day told me he had no remedy but to write both opinions: the one he was inclined to and the contrary. Only then he was convinced that the opinion he preferred was the right one. “ He made the comment: ––I have two drafts in my desk, could you imagine what the losing party would pay for the version that favors it?” That was the last time I saw him, the next day he traveled to Europe and died in Venice.

Months after that, a friend told me that Mantilla informed them that he had the draft and that upon his return would deliver the opinion. For that reason, they searched his desk and found the draft. I remained silent; for I could not plant the doubt as to which of the two opinions had been found.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Como se come una ley modelo. Número de árbitros. Segunda parte. Uno o tres árbitros. Conducta de los árbitros.



See below English version.


Uno o tres

La opción natural es entre uno o tres árbitros. En mi opinión, prevalece la preferencia por tres. Las razones de la LMA fueron que, en la época en que se elaboró y sobre todo en el ámbito internacional, era más aceptable el arbitraje con tres árbitros que con uno. El estado de la cuestión ha cambiado; pero no mucho.

Cuando se opta por tres árbitros, se suele estipular que cada parte nombrará un árbitro y un mecanismo para nombrar al tercero, que fungirá como presidente del tribunal. Por ejemplo, en el Reglamento de la CCI, el tercer árbitro lo nombra la Corte de la CCI; en el sistema de la LMA, el nombramiento lo hace la autoridad designada en el artículo 6 (a. 1422 Cco).

Aparentemente los sistemas son iguales; pero difieren en el modo de hacer la selección. Antes de entrar en estos detalles, haré unas consideraciones generales sobre el número de árbitros. En esta entrada, me referiré a la opción de tres árbitros.

En favor de tres

A primera vista, suena lógica la preferencia por tres árbitros. Por ejemplo, en un arbitraje entre una parte mexicana y una estadounidense, cada parte nombrará a un paisano; un árbitro será mexicano y el otro estadounidense. El presidente será de nacionalidad diferente de la de cada una de las partes. Este esquema es mas exigido cuando una de las partes es un organismo del estado; es conocido el celo nacionalista de los servidores públicos.

También se aduce que un tribunal colegiado tiene la ventaja de deliberar, de considerar puntos de vista diversos y de negociar soluciones. En la próxima entrada trataré de esto.

Pero ...

A menudo, la realidad falsifica las teorías mas hermosas. Conforme acumulo experiencia, o experiencias, le encuentro más problemas a los tribunales colegiados.

Son más caros. A la luz de lo que afirmé en una entrada previa, eso pareciera no ser importante. Pero mi mejor ejemplo demuestra lo contrario. Hace años me llamó un amigo; tenía una reclamación en un contrato con cláusula de arbitraje de la CCI. El contrato era para una gran construcción y se habían convenido tres árbitros; lo que sonaba lógico. El problema era que la disputa se presentó al final y era solo por quinientos mil dólares. Pagar un arbitraje de esa cuantía, con tres árbitros y el costo de los abogados, era un mal negocio. 

El dilema era peor. La parte acreedora estaba de acuerdo en recibir cuatrocientos mil dólares; y la deudora en pagar trescientos mil dólares; luego la disputa era por cien mil. Le recomendé que negociara un arbitraje ad hoc, bajo el Reglamento de UNCITRAL; o que se consiguiera otro caso.

El tiempo que se gasta en consultas del tribunal puede contrarrestar las ventajas de deliberar. Por ejemplo, es frecuente convenir que el presidente tome las decisiones administrativas y las procesales menores. Es cierto, pero difícil; cuando presido no me siento cómodo tomando decisiones sin haberlas comentado, sea brevemente, con los otros árbitros. Prefiero la confianza y la armonía entre los miembros del tribunal. Toma poco tiempo, pero muchos pocos suman bastante.

Son inevitables las deliberaciones de las decisiones fundamentales; procesales o de fondo. Los árbitros tienen ocupaciones adicionales a las del arbitraje; en muchos casos, tienen domicilios en lugares diferentes. Lleva tiempo concertar citas para conferencias, aunque sean telefónicas; también habrá que preparar y enviar memorándums o proyectos. También hay casos de malas mañas. Recuerdo uno que olía a azufre; tuve la sospecha fundada de que un árbitro se comunicaba con la parte que lo designó y, lo que es peor, sistemáticamente pedía mas tiempo, ¿maniobras dilatorias? El otro árbitro me comentó que también le llegó el tufo del azufre.

Imparcialidad vs simpatía

Está difundida la idea de que el árbitro de parte, sin dejar de ser imparcial, tiene cierta simpatía por la parte que lo designó. También que está en mejor posición de hacer valer los puntos de vista de esa parte. Por ejemplo, en un tribunal internacional respecto de un contrato que se ejecutó en México, el árbitro mexicano podrá explicar mejor las peculiaridades y prácticas del mundo legal y de los negocios de México. El estadounidense, estará en mejor disposición de alegar sobre las prácticas de los inversionistas de su país, en el área de negocios en cuestión.

Es un campo donde resulta difícil evitar que las aguas comiencen a enturbiarse; o que, de plano, devengan en pantanosas. No importa la prudencia, diplomacia o buena fe, de muchos árbitros, no siempre pueden ocultar para que lado se inclinan. Algunos lo consideran un deber; recuerdo un árbitro en Nueva York, que, con toda honestidad, hacía puntos en contra de la parte que lo designó; y se disculpaba por ello. Me imagino que era un vestigio del “non neutral arbitrator” de la práctica nacional de los Estados Unidos, que tiende a desaparecer.

Las alegaciones de árbitro, también, suelen terminar en la solución de “dividir el niño”. Es bueno hacer notar que las resoluciones salomónicas también se dan con árbitros únicos y en las sentencias judiciales.  
Curiosamente, estas prácticas y percepciones suelen ocasionar problemas a los árbitros honestos. 

Votos disidentes

Por ejemplo, las criticas a las opiniones disidentes. En mi vida he escrito tres; una por todo el laudo y dos por cuestiones menores. En los tres casos fue en contra de decisiones perjudiciales a las partes que me designaron. En esos casos la opinión dice: —“¡Ajá¡ Abascal defendió a la parte que lo nombró”.

Lo que no se toma en cuenta son las ocasiones en que esos árbitros han votado en perjuicio de la parte que los designó; los laudos unánimes. Tampoco se sabe, ni debe saberse, cuando las consideraciones de un árbitro fueron la base de una condena en contra de la parte que lo escogió. Reconozco que siento el deber de mostrar a "mi parte" de que sus defensas y pruebas fueron consideradas; por ello cuido mucho la regla de oro que comento en el siguiente párrafo.

Laudos convincentes

Los árbitros no solo están obligados a dictar laudos validos y ejecutables; tienen, además, la obligación de hacer esfuerzos para que, en la medida de lo posible, sus laudos sean convincentes. Es una regla de oro. Hacer lo posible para que la parte perdedora, en todo o en parte, aunque no quede contenta, reconozca que sus defensas se consideraron y no tuvieron éxito por buenas razones; aunque no las comparta. He sufrido muchas veces el agravio de que los memoriales que escribí, y las pruebas que presenté, sólo sirvieron para engordar el expediente; no estoy dispuesto a causar tamaño agravio a mis colegas.

Escuchar

Las preguntas en las audiencias son otro problema; pocas no son sino interrupciones. La principal misión de los árbitros es escuchar con todos sus sentidos y toda su mente. Salvo excepciones, es signo de desatención interrumpir. Los abogados diligentes toman muchos trabajos en prever el ritmo y tiempo de sus presentaciones e interrogatorios; un árbitro hiperactivo en la audiencia, arruina ese trabajo. 

Los árbitros deben haber leído todos los documentos. Deben permitir a las partes que expongan su caso; solo cuando hayan terminado podrán preguntar sobre las inquietudes que no se hayan resuelto en el transcurso de las respectivas presentaciones o de cada interrogatorio a los testigos y expertos. Es una regla de conducta que solo admite excepciones justificadas por las circunstancias del caso.

Las preguntas de “marketing” en reconocimiento a la parte que los designó, son de muy mal gusto; una pésima práctica. 

Como ya se me acabó el papel informático, tendré que continuar en la próxima.


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How to Eat a Model Law. The Number of Arbitrators. Part Two. One or Three Arbitrators. Conduct of The Arbitrators

One or three

The natural choice is between one or three arbitrators. In my opinion, the preference for three prevails. The UMLA’s reasons were that, at the moment during which it was made and especially in an international context, it was more acceptable to have an arbitration proceeding with three arbitrators than with one. The state of the matter has changed; but not so much.

When opting for three arbitrators, it is typically provided that each party will appoint an arbitrator and the mechanism to appoint the third one, who will act as the president of the tribunal. For example, in the ICC Rules, the third arbitrator shall be appointed by the Court; in the UMLA system, the appointment shall be made by the court or other authority specified in article 6 (article 1422 Cco).

Apparently the systems are the same; but they differ in the manner in which to make the selection. Before going into these details, I will make some general comments about the number of arbitrators. In this entry, I will refer to the choice of three arbitrators.

In favour of three

At first sight, the preference for three arbitrators sounds logical. For example, in an arbitration proceeding between a Mexican and an American party, each party will appoint one of its countrymen; one arbitrator will be a Mexican and another one will be an American. This scheme is more demanded when one of the parties is a state agency; the nationalist zeal of public servants is well known.

It is also argued that a collegiate tribunal has the advantage of deliberating, of considering diverse points of view and negotiating solutions. I will deal with this in my next entry.

But…

Often, reality falsifies even the most beautiful of theories. As I accumulate experience, or experiences, I find more problems with collegiate tribunals.

They are more expensive. In light of what I said in a previous entry, this would seem to be of little importance. But my best example proves otherwise. Years ago I received a call from a friend; he had a claim stemming from a contract with an ICC arbitration clause. The contract was for a large construction and three arbitrators had been agreed; which sounded logical. The problem was that the dispute presented itself at the very end and it was only for five hundred thousand dollars. To pay for an arbitration proceeding involving this amount, with three arbitrators and the cost of the lawyers, was a poor bargain. 

The dilemma was worse. The creditor was willing to receive four hundred thousand dollars; and the debtor was willing to pay three hundred thousand dollars; therefore the dispute was only for one hundred thousand. I recommended him to negotiate for an ad hoc arbitration, under the UNCITRAL Rules; or to find himself another case.

The time spent by the tribunal on consultations may counteract the advantages of deliberation. For example, it is frequent to agree that the president will take all minor procedural and administrative decisions. It is true, but difficult; when I preside I do not feel comfortable making decisions without consulting them, albeit briefly, with the other arbitrators. I prefer trust and harmony amongst the members of the tribunal. It takes little time, but many littles add up to a lot. 

The deliberations regarding fundamental decisions are inevitable; procedural or substantive. The arbitrators have additional occupations to those of the arbitration; in many cases, their domiciles are in different places. It takes a lot of time to schedule appointments for conferences, even over the telephone; memorandums and drafts will also have to be prepared and sent. There are also cases of bad habits. I remember one in which an arbitrator smelled of sulfur; I had the founded suspicion that one arbitrator was communicating with the party that had appointed him and, what is worse, he systematically asked for more time. Delaying tactics? The other arbitrator told me that he has also gotten a whiff of the sulfur. 

Impartiality vs. sympathy

It is a widespread idea that a party-appointed arbitrator, without ceasing to be impartial, has a certain sympathy for the party that appointed him. Also, that he is in a better position to assert the points of view of that party. For example, in an international tribunal regarding a contract executed in Mexico, the Mexican arbitrator may explain the peculiarities and practices of the legal and business world in Mexico better. The American, will be best disposed to argue about the practices of investors in his country, in the area of business in question. 

It is a field in which it is difficult to avoid getting the waters muddied; or to, outright, turn them into a marsh. Regardless of the prudence, diplomacy or good faith, of many arbitrators, they cannot always refrain from showing towards which side they lean. Some consider it a duty; I remember an arbitrator in New York, who, with all honesty, made points against the party who appointed him; and apologized for it. I imagine that it was a vestige of the “non neutral arbitrator” found in the United States’ national practice, which is on its way to disappear.

Arbitrators’ allegations, also, tend to lead to the solution of “splitting the baby”. It is correct to note that Salomonic decisions are also found in sole arbitrators and judicial rulings. 

Oddly enough, this practices and perceptions tend to cause problems for honest arbitrators.

Dissenting votes

For example, criticizing dissenting opinions. I have written three of them in my life; one regarding the whole of the award and two for minor issues. In all three cases they were against decisions prejudicial to the party that appointed me. In those cases, popular opinion remarks: —“Aha! Abascal defended the party that appointed him”. 

What is not taken into account are the times in which those same arbitrators have voted against the parties that appointed them; the unanimous awards. It is also not known, nor should it be known, when the considerations of an arbitrator were the foundations of a conviction against the party that chose him. I acknowledge that I feel the duty of showing “my party” that its defenses and evidence were considered; that is why I follow very carefully the golden rule that I will refer to in the next paragraph.

Convincing awards

The arbitrators are not only obliged to produce valid and enforceable awards; they also have the obligation to make efforts to render, as far as possible, convincing awards. It is a golden rule. Strive to make sure that the losing party, in whole or in part, while not being pleased, recognizes that its defenses were considered and they did not prevail for good reasons; even if it does not share them. I have suffered many times the affront of having the memorials that I wrote, and the evidence that I presented, serve only to thicken the file; I am not willing to cause such a grave wrong to my colleagues. 

Listen

Questions during the hearings are another problem; few of them are anything else than interruptions. The main mission of any arbitrator is to listen with all of his senses and his entire mind. Save for a few exceptions, to interrupt is a sign of lack of attention. Diligent lawyers dedicate a large amount of time to anticipate the rhythm and time of their presentations and interrogations; a hyperactive arbitrator during the hearing, ruins this hard work.

Arbitrators must have read all of the documents. They must allow the parties to present their cases. Only when they are done, the arbitrators will be able to make enquiries about the issues that have not been resolved during the course of parties’ respective presentations or each interrogation of the witnesses and experts. It is a rule of conduct that only allows for justified exceptions given the circumstances of the case.

“Marketing” questions in appreciation of the appointing party are very distasteful; a terrible habit.


Since I am out of computerized paper, I will have to continue in my next entry.