Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. La contradicción de tesis. Validez del acuerdo de arbitraje mientras no se declare nulo.

See below English version.

Comprobar no es demandar

Mi tercera negativa a las premisas de la mayoría de la Primera Sala, es que elartículo 1424 no creó una nueva y diferente acción judicial.

El artículo 1424 (artículo 8 LMA, artículo III NYC), no puede ser mas claro: se debe referir las partes al arbitraje a menos que "se compruebe", que el arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.  Otra cosa sería si el texto dijera que se debe referir al arbitraje, a menos que "se demande" la declaración de que el acuerdo de arbitraje es nulo, etcétera.

Una cosa es comprobar y otra demandar.  Comprobar es verificar, confirmar la veracidad o exactitud de algo.  Demandar es pedir algo; entablar una demanda judicial en el caso (DRAE).

Compruebo algo demostrando que ya sucedió.  Compruebo que el acuerdo de arbitraje es nulo, cuando invoco el pasado, y produzco la sentencia o laudo definitivos que declaró la nulidad.  

Demando que el acuerdo de arbitraje es nulo, cuando pido que, en una futura resolución, el tribunal arbitral o judicial competente, declare la nulidad.

Por ejemplo, "A" y "B" celebraron un contrato de construcción para construir una fábrica en dos etapas.  Surge una disputa en la primera etapa y "A", inicia un arbitraje, "B" impugna la competencia del tribunal arbitral y demanda la nulidad del acuerdo; en otras palabras, "B" pide que en un futuro laudo, se declare la nulidad del acuerdo.  Si el tribunal arbitral decide que el acuerdo de arbitraje es nulo y los tribunales estatales competentes confirman esta decisión, a partir de entonces el acuerdo de arbitraje es nulo.

Tiempo después, por una disputa relativa a la segunda fase, "A" inicia un juicio y "B" se opone aduciendo que hay un acuerdo de arbitraje.  Para que el juez rechace la remisión al arbitraje, "A" solo necesita invocar el y producir el laudo que, en el pasado, declaró la nulidad.

La seguridad jurídica en favor del negocio

Considerar que el artículo 1424 Cco, creó una nueva acción de nulidad, es contrario a nuestro sistema legal.  El artículo 2226 del CCF establece que la nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad.  Según el artículo 2227, la nulidad relativa siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.  Es el principio de estar en favor de la validez de los actos jurídicos.

La seguridad jurídica es uno de los fines del derecho.  En su ausencia las relaciones humanas empobrecen; a menudo devienen imposibles.  La seguridad preserva nuestra confianza de que nuestros tratos y contratos son validos y se cumplirán en sus términos.  Lo contrario es el caos.  Por eso, todas las leyes están en favor de la preservación del negocio jurídico.

Es una ley de vida.  No debo gastar lo que no he ganado.  Es imprudente que las sugestiones de mi hipocondría, suspendan el cumplimiento de mis tareas.  No estoy enfermo antes de que un diagnostico lo establezca; y, a veces, ni así.  En otras palabras, lo único cierto es el presente: 'carpe diem".

Lo mismo pasa con las relaciones jurídicas.  No se vale privar de efectos a los acuerdos arbitrales al gusto de quien se le ocurra demandar su nulidad.

El acuerdo de arbitraje es obligatorio

Si hay un acuerdo de arbitraje: (i) será valido y obligatorio mientras no se decida lo contrario; (ii) el tribunal arbitral tiene competencia para decidir sobre su competencia, incluyendo sobre la existencia y validez del acuerdo de arbitraje (Cco 1432, LMA artículo 16); (iii) la resolución del tribunal arbitral puede ser revisada por el poder judicial; y (iv) si la decisión final es que el acuerdo es nulo, se destruirán retroactivamente sus efectos.

La disposición del artículo III de la CNY y 8 de la LMA, es conocida como la norma que consagra la obligatoriedad de los acuerdos de arbitraje.

La hostilidad hacia el arbitraje, en muchas legislaciones durante el siglo pasado, hizo necesario convenir una disposición legal, de aplicación universal, que expresara la validez y obligatoriedad de los acuerdos de arbitraje.

La disparidad legislativa era grande: (i) en algunas jurisdicciones, como en México, los acuerdos de arbitraje eran validos y obligatorios; (iv) en otras tenían que ser confirmados, una vez iniciado el arbitraje, con el "compromiso arbitral" (origen del acta de misión de la CCI y otros reglamentos); (iii) en otros, carecían de eficacia y no impedían a las partes recurrir a los tribunales estatales.

Era necesario dar fin a la incertidumbre.

Carácter universal

Los jueces de cualquier Estado que sea parte de la CNY, tienen la obligación de remitir al arbitraje, en los términos del artículo III, con independencia de que el arbitraje sea nacional o internacional; con independencia de la ley que rija al acuerdo de arbitraje.  

La excepción es sentido común

La opción de que el juez no remita es excepcional y de aplicación estricta.  Es de sentido común, para evitar duplicación de procedimientos cuando es evidente su inutilidad.  Cuando no es necesaria una fase de instrucción para tener por demostrado que el acuerdo de arbitraje es nulo, inoperativo o de cumplimiento imposible.  Cuando basta oír breve y rápidamente a las partes y con esa información decidir si se remite o no se remite al arbitraje.

Internacionalidad del artículo

Lamayoría de la Primera Sala no tomó en cuenta el carácter, y origen,internacional del artículo 1424 del Cco.  El lenguaje del precepto tienesu razón de ser en el hecho de que la CNY, la LMA, que son las fuentesmateriales del artículo 1424, fueron redactados para ser aplicables en muchossistemas legales diferentes y había necesidad de buscar una formula quecomprendiera todos.

Un breve e incompleto repaso de los términos en el derecho comparado, en español, nos lleva a los siguientes conceptos semejantes: inexistencia, nulidad, nulidad absoluta y nulidad relativa, anulabilidad, ineficacia, etcétera.

Pero el artículo remite al sistema del Estado en donde se presente el caso.  En México, al sistema de nulidades del CCF (artículos 8º, 2224 a 2242).  

Otros supuestos

En la próxima entrega, o entregas, explicaré las expresiones "nulo, ineficaz o de ejecución imposible", como se han interpretado en el derecho comparado. 

Por lo pronto...

No se debe estar al servicio literal de las palabras, sino conocer el derecho de obligaciones y la teoría general del derecho.  Es el lenguaje el que debe estar a nuestro servicio, para que nos entendamos y gocemos de la seguridad de nuestras relaciones y de que conocemos las consecuencias de nuestras acciones.

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Supplementary Legislation. Chapter X on  Court Intervention in Arbitration. Thesis Contradiction. Validity of the  arbitration agreement while it Has Not Been Declared  Null and Void. To Find is Not to Bring an Action

My third negative to the premises of the majority of the First Chamber, is that article 1424 did not create a new and different court action.

Article 1424 (article 8 UMLA, article III NYC), cannot be any clearer: parties are to be referred to arbitration unless it is "found" that the agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.  Another thing would be if the text said that they are to be referred to arbitration, unless an action is brought arguing that the agreement is null, etcetera.

One thing is to find and another to bring an action.  To find is to verify, confirm the truth or accuracy of something.  To bring an action is to ask for something; to file a court action in a case.

I demonstrate something by showing that it already happened.  Thus, I show that the arbitration agreement is null and void, when I invoke the past and produce the final resolution or award that declared the nullity.

I bring an action to request the nullity of the agreement, when I ask for a future resolution in which the arbitral tribunal or competent court declares the nullity.

For example, "A" and "B" executed a construction agreement to build a factory in two phases.  A dispute arises in the first phase and "A" initiates an arbitration, "B" challenges the jurisdiction of the arbitral tribunal and requests the nullity of the agreement; in other words, "B" asks that in a future award, the nullity of the agreement be declared.  If the arbitral tribunal decides that the arbitration agreement is null and void and the competent state courts confirm such decision, the arbitration is null and void from that moment on.

Later on, due to a dispute related to the second phase, "A" initiates a court proceeding and "B" opposes to it arguing that there is an arbitration agreement.  For the court to reject the referral to arbitration, "A" needs only to invoke and produce the award in which, in the past, the nullity was declared.

Legal Certainty in Favor of the Business

To consider that article 1424 of the Commerce Code created a new nullity action, is contrary to our legal system.  Article 2226 of the Federal Civil Code establishes that absolute nullity, as a general rule does not impede the production of effects, same which shall be retroactively destroyed when the nullity is declared by the judge.  Pursuant to article 2227, the relative nullity always allows for the act to provisionally produce its effects.  It is the principle of being in favor of the validity of the legal acts.

Legal certainty is one of the purposes of the law.  Otherwise human relationships are impoverished; often become impossible.  Certainty preserves our trust on the validity of our deals and contracts and that they are to be performed according to its terms.  The contrary is chaos.  Therefore, all laws are in favor of the preservation of the legal transactions and acts.

It is a law of life.  I am not to spend that which I have not earned.  It is imprudent to let my hypochondria to suspend the fulfillment of my tasks.  I am not sick before a diagnosis so determines; and, sometimes, not even then.  In other words, the only certainty is the present: 'carpe diem'.

The same happens with legal relationships.  It is not right to deprive the arbitration agreements from its effects as per the taste of whoever brings an action on the nullity.

The Arbitration Agreement is Binding

If there is an arbitration agreement: (i) it shall be binding and valid while the contrary has not yet been decided; (ii) the arbitral tribunal has jurisdiction to decide on its own competence, including the existence and validity of the arbitration agreement (Commerce Code 1432, UMLA article 16); (iii) the decision of the arbitral tribunal may be reviewed by the State courts; and (iv) if the final decision is that the arbitration is null and void, its effects shall be retroactively destroyed.

The provision of article III of the NYC and 8 of the UMLA is known as the rule that consecrates the binding nature of arbitration agreements.

Hostility towards arbitration, in many legislations during the past century, made it necessary to agree on a legal provision, of universal application, which expressed the validity and bindingness of arbitration agreements.

The legislative disparity was big: (i) in some jurisdictions, such as Mexico, arbitration agreements were valid and binding; (iv) on others they had to be confirmed once the arbitration started, with the "arbitration agreement" (origin of the terms of reference of the ICC and other rules); (iii) in others, they did not impede the parties from engaging in court litigation.  They were not considered as binding agreements.

It was necessary to put an end to that uncertainty.

Universal Nature

The judges of any State party to the NYC, have the obligation to refer to arbitration, in terms of article III, with independence of the arbitration being national or international; with independence from the law that governs the arbitration agreement.

The Exception is Common Sense

The option for the judge not to refer is exceptional and of restricted applicablity.  It is of common sense, to avoid duplication of proceedings when its uselessness is evident.  When it is not necessary to have an instruction phase to consider it proved that the arbitration agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.  When it suffices to hear the parties quick and briefly and with that information, decide whether to refer to arbitration or not.

Internationality of the Article

The majority of the First Chamber did not consider the international nature and origin of article 1424 of the Code of Commerce.  The language of that provision has its reason of being in the fact that the NYC, and the UMLA, which are the material sources of article 1424, were drafted in order to be applicable in many different legal systems, and there was need to find a formula to comprehend all of them.

A brief and incomplete summary of the provisions in comparative law, in Spanish, takes us to the following similar concepts: non existence, nullity, absolute nullity and relative nullity, annulment, inefficacy, etcetera. 

But the article refers to the State system in which the case is presented.  In Mexico, to the system of nullities of the Federal Civil Code (articles 8, 2224 to 2242).

Other Cases

In the next post I will explain the expressions "null and void, inoperative or incapable of being performed", as they have been interpreted in comparative law.

In the Meantime...

One should not be at the literal service of words, but to recognize the law of obligations and general theory of law.  It is the language which must be at our service, for us to understand each other and enjoy the certainty of our relationships, and that we know the consequences of our actions.

Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. La contradicción de tesis. No se puede renunciar a la jurisdicción estatal.

See below English version.

En esta cuestión, siempre lo he sostenido, el error consiste en equiparar al arbitraje con un juicio y a los árbitros con los jueces.  Ni el arbitraje es un juicio camuflajeado, ni los árbitros son jueces con cachucha de árbitros.

Prohibido renunciar

Mi segunda negativa a las premisas de la contradicción de tesis fue que, por el acuerdo de arbitraje, las partes no renuncian a la jurisdicción estatal.

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta renuncia es legalmente imposible.  El artículo 13 dispone que "nadie puede ser juzgado por tribunales especiales".  El artículo 14 garantiza que "nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos".  El artículo 16, garantiza que "nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente".  Finalmente, según el artículo 17, "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales".

Los medios alternos

Una cosa es la impartición de justicia y otra la solución de controversias, por acuerdo de las partes.  Por ello, el artículo 17 de la Constitución Mexicana dispone que "las leyes federales preverán mecanismos alternativos de solución de controversias". 

Aclaro que, en obvio de las consabidas discusiones teóricas, cuando me refiero a los medios alternos, lo hago en el más amplio de los sentidos: son alternos a la impartición de la justicia por el Estado.  Fundamentalmente, me refiero a la negociación, a la mediación o conciliación (o medios amigables para solucionar disputas) y al arbitraje.

Los medios alternos sólo pueden convenirse respecto derechos disponibles; por ejemplo, si puedo perdonar una deuda también puedo someter a un medio alterno cualquier disputa relativa a esa deuda.  

Supongamos que "A" considera que "B" le adeuda mil pesos y "B" lo niega.  La libertad contractual les brinda muchas salidas.

Libertad contractual

Libertad significa que lo que no está prohibido, está permitido.

Las partes pueden celebrar toda clase de convenios para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.  Se perfeccionan por el consentimiento y obligan a las partes.  Pueden ser objeto de convenios o contratos los derechos privados que no afecten directamente el interés público, cuando la renuncia no afecte los derechos de tercero (CCF, artículos 6º, 1792 a 1796).

Remisión

En el ejemplo de arriba, "A" puede hacer remisión de la deuda y liberar a "B"  (CCF, artículo 2209).  Una vez manifestada la voluntad de hacer la remisión, total o parcial, "A" no se puede echar atrás.  No puede luego reclamar ante los tribunales que es una injusticia que haya perdonado la deuda; y que, ahora, su mujer no se lo perdona.

Transacción

Por el contrato de transacción las partes se hacen recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura (CCF, artículo 2944).  La transacción tiene sobre las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad o la rescisión de aquella en los casos autorizados por la ley (CCF, artículo 2953).

"A" y "B" pueden convenir una transacción que ponga fin a la disputa; por ejemplo, convenir que "B" solo pagará quinientos pesos.  Igual que en el caso anterior, "A" no podrá luego acudir a los tribunales para reclamar que, en el momento de la transacción, "B" se aprovechó porque "A" necesitaba con urgencia el dinero.  Pero que eso es una injusticia.

La transacción puede tomar muchas formas.  Por ejemplo, las partes pueden convenir en echarlo a la suerte tirando una moneda al aire; un volado, como se dice en México.  También, convenir en someter sus diferencias a un conciliador en busca de que los ponga de acuerdo, etcétera.

Arbitraje

Finalmente, las partes pueden convenir que el asunto se resuelva en un arbitraje.  Si es una disputa comercial, el arbitraje se seguirá conforme a las disposiciones del Cco (LMA).  El laudo será vinculante y las partes se obligan a cumplirlo.

Como ocurre con frecuencia, puede ser que en el momento de la disputa "B", o su abogado, prefieran el procedimiento judicial.  No podrán alegar que el acuerdo es nulo, que el arbitraje debe ceder ante la majestad de la justicia y todas esas cosas que se suelen aducir.

Algo de la confusión proviene de la necesidad de regular el arbitraje.  Como las partes ponen su suerte en manos del árbitro o tribunal, hay que evitar el libertinaje.  Así, el Cco prevé estándares irrenunciables que garanticen mínimos de seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y, por supuesto, de justicia.  Ahí es donde se confunden los perros con los gatos.

Son modificaciones convenidas

Ninguno de esos métodos es impartición de justicia, ni renuncia a ella.  Sólo son acuerdos contractuales cuya finalidad es resolver la disputa, o convenir métodos para resolverla.

El resultado de cualquiera de estas opciones es que, una vez convenida una de ellas, se modifican contractualmente los derechos originales de las partes, respecto al tiempo y forma de acceder a la justicia.  Pero son contratos o convenios que deben cumplirse.

El juez mantiene su jurisdicción

En el caso del arbitraje, el derecho a la justicia y la competencia de las cortes estatales, se mantiene.  Pero, en cumplimiento del convenio arbitral, en los términos del Título Cuarto del Libro Quinto del Cco (LMA).  

Así, será juez competente el que resulte conforme el artículo 1422 Cco (LMA, artículo 6).  Las partes tendrán, según sea el caso, derecho a recurrir ante la autoridad judicial, por ejemplo: (i) en casos de formación del tribunal arbitral, recusación y sustitución de los árbitros, (ii) decisiones sobre la competencia y validez del acuerdo de arbitraje, (iii)  ejecución de medidas cautelares, (iv) auxilio en las pruebas, (v) nulidad, reconocimiento y ejecución de laudos.

En algunos de estos casos las partes no pueden regular o suprimir la competencia de las autoridades judiciales. 

Condiciones de la demanda

Desde que estudié derecho procesal, aprendí que para iniciar válidamente una demanda se deben satisfacer previamente ciertas condiciones.  En consecuencia, cuando se convino negociar por cierto tiempo, conciliar, arbitrar, o cualquier otro medio alterno, no se puede demandar antes de satisfacer los métodos convenidos.  Usando una expresión que proviene del ‘common law”, la reclamación no está madura.

Si a la postre no es posible acudir a esos medios, o una parte considera que se violaron sus derechos durante el procedimiento o en la resolución final, esa parte tiene abiertos los caminos de la justicia estatal.

Por ejemplo, en una transacción, el afectado puede demandar la nulidad o la rescisión (CCF, artículo 2953).  Asimismo, si se trata de un laudo, se puede demandar la nulidad prevista en el artículo 1457 Cco (LMA, artículo 34); que es irrenunciable.

Contra la corriente

Al escribir esta entrega no me tomé el cuidado de revisar si existe jurisprudencia sobre la cuestión de la renuncia a la jurisdicción estatal como consecuencia del acuerdo arbitral.  Tenemos, claro está, la contradicción de tesis objeto de estos comentarios.  Reconozco que es grande la posibilidad de que me encuentre con un gran número de resoluciones en ese sentido.  No me importa.  Me quedó con la Constitución.

El Pájaro de fuego

Me gusta y divierte iniciar con una ilustración que guarda cierta relación con el texto.  Muchos me han dicho que les gusta; sospecho que prefieren la ilustración al texto.

A veces es difícil establecer la relación.  Hace algunas entradas. para justificar la ilustración, me salí con el pretexto del hambre.  Hoy será por el Pájaro de fuego de Stravinsky, en celebración de su estreno el 25 de junio de 1910 en París.


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Supplementary Legislation. Chapter X on Court Intervention in Arbitration. Thesis Contradiction. State Jurisdiction Can Not be Waived.

In this matter I have always held that the confusion arises from equaling arbitration with court proceedings, and arbitrators with judges.  Neither is arbitration a camouflaged court proceeding, nor are the arbitrators judges with an arbitrator cap.

It is Prohibited to Waive

My second criticism to the premises of the contradiction’s thesis is that, due to the arbitration agreement, parties do not waive State jurisdiction.

In accordance with the Political Constitution of the United Mexican States, this waiver is legally impossible.  Article 13 establishes that "no one shall be judged by ad hoc tribunals."  Article 14 guarantees that "no one shall be deprived from freedom or his properties, possessions or rights, but through trial followed before previously established tribunals."  Article 16 guarantees that "no one shall be disturbed in his person, address, documents or possessions, but by virtue of written mandate of the competent authority."  Finally, pursuant to article 17, "every person has the right to justice adjudication by tribunals."

Alternative Resolution Methods

The adjudication of justice is one thing, while the resolution of disputes through the parties agreement, is another.  Therefore, article 17 of Mexican Constitution provides that "federal laws shall provide for alternative dispute resolution methods."

I clarify that, in obvious reference to the well known theoretical discussions, when i refer to alternative methods, I do so in the broadest of senses: they are alternative to the adjudication of justice by the State.  Fundamentally, I refer to negotiation and to mediation or conciliation (or friendly means to resolve disputes) and to arbitration.

Alternative methods can only be agreed upon with respect to disposable rights; for example, if I can waive a debt I can also submit any related dispute to an alternative method of resolution.

Let's suppose that "A" considers that "B" owes it a thousand pesos and "B" denies it.  Party autonomy provides several options.

Party Autonomy

Personal freedom means that what is not prohibited, is allowed.

Parties may execute all kinds of agreements to create, transfer, modify or extinguish obligations.  They are perfected by consent and bind the parties.  Rights that do not directly affect public interest may be subject to agreements or contracts, when the waiver does not affect third party rights (FCC, articles 6, 1792 to 1796).

Release of debts

In the example above, "A" may release “B” of its debt (CCF, article 2209).  Once “A” manifests its decision of release “B”, partially or totally, it cannot steps back.  It can't later claim before tribunals that its decision to release the debt is an injustice.

Compromise

Through a compromise agreement, the parties, providing reciprocal concessions, end a present dispute or prevent a future one (CCF, article 2944).  The compromise, as between the parties, has the same efficacy and authority of 'res judicata'; its eventual nullity or termination, only may be claimed in the exceptional cases provided by the law (CCF, article 2953).

"A" and "B" may agree on a compromise that ends the dispute; for example, agree upon "B" paying only five hundred pesos.  Same as in the previous case, "A" cannot later go before the courts to claim that, at the time of the transaction agreement, "B" took advantage because "A" needed the money with urgency.  And that such thing is an injustice.

A compromise agreement may take many forms.  For example, parties may agree on rolling the dice or flipping a coin; a "volado", as it is said in Mexico.  They may also agree to ask a conciliator to help the parties to reach a compromise, etcetera.

Arbitration

Finally, the parties may agree that the issue be resolved through arbitration.   If it is a commercial dispute, arbitration will be conducted pursuant to the provisions of the Commerce Code (UMLA).  The award shall be binding and the parties undertake to carry it out.

As it often happens, it may be that when the dispute arises, “B", or its lawyer, prefer court proceedings.  They are legally prevented to claim that the agreement is null, and that arbitration must relinquish in favor of the majesty of justice and all those things that are often alleged.

Some sort of confusions comes from the need to regulate arbitration.  Since the parties place their luck in the hands of the arbitrator or arbitral tribunal, arbitrariness is to be avoided.  That is the reason why the Commerce Code includes mandatory provisions that guaranty minimum legal certainty in the performance of contracts and justice.  It is then when dogs are confused with cats.

They are Agreed Modifications

None of those methods is justice adjudication, nor a waiver of it.  They are contractual agreements which purpose is to resolve the dispute, or agree upon methods to solve it.

The result of any of those options is that, once they were agreed upon, the original rights of the parties are contractually modified with respect to the time and means of getting access to justice administration.  But they are contracts or agreements that must be fulfilled.

The Court Maintains its Jurisdiction

In the case of arbitration, the right to justice and the jurisdiction of the State courts, are maintained.  But  performing the arbitration agreement, in the terms of Title Four of Book Five of the Code of Commerce (UMLA).

Thus, the competent court shall be that which results from article 1422 of the Code of Commerce (UMLA, article 6).  Depending on the case, the parties shall have the right to appear before the competent court, for example: (i) in cases of composition of the arbitral tribunal, challenge and substitution of arbitrators, (ii) decisions on the jurisdiction and validity of the arbitration agreement, (iii) enforcement of provisional measures, (iv) assistance in issues of evidence, (v) nullity, recognition and enforcement of awards.

In some of these cases the parties cannot regulate or impede the jurisdiction of court authority.

Conditions for the Claim

Since I studied procedural law, I learned that in order to validly initiate a claim, several conditions must be satisfied.  In consequence, when it was agreed to have some period of negotiation, conciliation, arbitration or some other alternative resolution method, one cannot bring a claim before satisfying such agreed methods.  Using a common law expression, the claim has not matured yet.

If it happens that is not possible to refer to those methods, or if a party considers that its rights were violated during the proceedings or the final award, that party has the State justice paths open.

For example, in a compromise, the victim may request the nullity or termination (CCF, article 2953).  Likewise, if it is an award, setting aside procedures may be initiated pursuant to article 1457 of the commerce Code (UMLA, article 34); which is not subject to a waiver.

Against the Flow

While drafting this post, I did not care of researching whether there was any jurisprudence on the issue of waiver to the right to State justice, as a consequence of the arbitration agreement.  It is clear that we have the thesis contradiction which has been the object of these commentaries.  I acknowledge that the possibility of finding a great amount of resolutions in this matter is great.  I do not care.  I stick with the Constitution.

Firebird

I like and enjoy starting the posts with an illustration that bares some relation with the text.  Many have said they like it too; I suspect they prefer the illustration above the text.

It is often hard to establish the connection.  In a previous post i justified the illustration with the excuse that I was hungry.  Now it shall be because of Stravinsky's Firebird, in celebration of its opening on June 25 of 1910, in Paris.

Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. La contradicción de tesis. No es una cuestión de competencia.

See below English version.

Falacias

En la entrega del pasado jueves 19 de junio, comenté que al resolver la contradicción de tesis, los ministros de la mayoría en la Primera Sala de la Suprema Corte, mezclaron ingredientes inapropiados e hicieron un mal mole.

La mayoría de los ministros, muchos comentaristas y otras autoridades parten de premisas falsas. Me referiré a ellas en forma negativa:

(i) La cuestión que plantean los artículos 1424 y 1432 del Cco, no es una cuestión de competencia.

(ii) Cuando las partes acuerdan el arbitraje, no renuncian a la jurisdicción estatal.

(iii) El párrafo segundo del artículo 1424 no creó una nueva y diferente acción judicial.

Paciencia y barajar

"El tiempo se venga de las cosas hechas sin su colaboración”. Esta expresión, que por cierto aparece en los mandamientos del abogado de Couture, se le atribuye al famoso artista del renacimiento, Miguel Ángel. Sus grandes obras fueron el producto de muchos años, y mucha paciencia. 

Yo también les pido paciencia. Cuando termine mi análisis, espero haber despejado las dudas que hayan suscitado mis afirmaciones.

Pequeños errores al principio se multiplican

Los conflictos de competencia entre jueces y árbitros no pueden darse y, por ello, no están regulados en el Cco. 

El artículo 1424 del Cco (LMA 8) no establece un conflicto de competencias. Tampoco sus antecedentes, que se inician con el artículo 4 (1) del Protocolo de Ginebra de 1923, pasan a la CNY (artículo III) y se adoptan en la LMA (artículo 8). Tales instrumentos de derecho uniforme, relativos al arbitraje, no establecen reglas de procedimiento civil, que no cae dentro de la esfera del derecho comercial internacional.

La finalidad del artículo 1424, y sus antecedentes, es la consagrar la fuerza obligatoria de los acuerdos de arbitraje. Con esa etiqueta han sido comentados, universalmente, desde su origen.

Tampoco da base a un conflicto de competencia el artículo 1092 del Cco, en que se fundaron los ministros mayoritarios. El artículo 1092 dice que es "juez competente” aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente. 

El artículo se refiere al juez competente, no menciona al árbitro o al tribunal arbitral. Es un craso error aplicar disposiciones procesales por analogía. El artículo 1092 no da lugar a convertir al “arbitro” en juez; o en un sucedáneo del “juez”. Esta interpretación es susceptible producir consecuencias muy desafortunadas para el arbitraje en México.

Estamos sufriendo una obsesión enferma de quienes buscan equiparar a los árbitros con las autoridades; últimamente están llegando al externo de pretender, sin base legal, que los árbitros son autoridades para efectos del amparo. En un artículo que escribí con Héctor Flores y que pueden ver en la página Abascal, Segovia y Asociados (www.abascalsegovia.com) analizamos esta fantasía. 

Pero las consideraciones de la mayoría de ministros, aun cuando fue derogada, abre la rendija que necesitan los litigantes para introducir un elefante. No me puedo imaginar a mi querido amigo, Segei Lebedev, prestigiado árbitro, que vive en Moscú, inmerso en un conflicto de competencia con un juez mexicano. Y ello solo porque, sin importar que las partes convinieron el arbitraje en Moscú, a un litigante se le ocurrió demandar la nulidad del acuerdo de arbitraje en México.

Mucho menos quiero ver a Sergei designado como autoridad responsable, con obligación de rendir su informe justificado. Mientras tanto, el juez de amparo, puede haber suspendido la nulidad, el reconocimiento o la ejecución; y, por supuesto, el amparo se suspenderá en espera al emplazamiento de la "autoridad responsable rusa" y la rendición del informe justificado.

Ya lo decía Aristoteles: “Pequeños errores al principio, se multiplican miles veces."

Muerte a la inhibitoria

El sistema de conflicto de competencias del Cco no aguanta el análisis.

Las cuestiones de competencia se pueden plantear por inhibitoria o declinatoria. La elección del método a seguir corresponde al demandado (Cco, artículo 1114). 

La inhibitoria se intentará ante el juez a quien se estime competente, pidiéndole que se dirija al juez que se estima no serlo, para que remita las actuaciones al tribunal superior para que éste decida la competencia. (Cco, artículo 1114-I).

La interpretación de la Primera Sala estableció una capitis deminutio (disminución de derechos) del arbitraje. En un juicio mercantil el demandado tiene los dos caminos; la inhibitoria o la declinatoria. En el caso de la remisión al arbitraje, sólo uno. En efecto, quien hace valer la cláusula arbitral no cuenta con un juez ante quien dirigir la petición de la inhibitoria. No le puede hacer una petición al tribunal arbitral, que ni es juez, y que a lo mejor ni siquiera está constituido. El principio de favorecer al arbitraje se convirtió en el principio de favorecer el litigio judicial.

Solo queda la inhibitoria. Ésta se dirige al juez que se considera incompetente, pidiendo que se abstenga del conocimiento del negocio y remita testimonio de las actuaciones al tribunal superior para que decida la cuestión de competencia (Cco, artículo 1114-II).

Mientras tanto…

La tesis de la mayoría resolvió que el juez ante quien se presentó la demanda de nulidad del acuerdo de arbitraje, no tiene competencia para resolver las cuestiones que surjan del contrato. También que mientras la cuestión esta pendiente ante el juez, se puede iniciar o continuar el arbitraje, incluso dictar el laudo.

El problema es que el Cco dice que las cuestiones de competencia en ningún caso suspenderán el procedimiento principal (Cco, artículo 1114-IV).

Esto es, haya dicho lo que haya dicho la mayoría, la disputa se tiene que ventilar, paralelamente, ante el tribunal judicial y ante el tribunal arbitral. 

Lo que ocurrió

En los dos casos ADT no opuso la excepción de incompetencia, sino que alegó ante el juez la existencia del acuerdo arbitral y pidió que se remitiera a las partes al arbitraje. Al final, un colegiado determinó que el tribunal competente era el tribunal arbitral, en el otro que el tribunal competente lo era el tribunal judicial. Al resolver la contradicción, la mayoría de ministros se inclinó por esta última solución.

Sin embargo, mientras se resolvía la cuestión de la competencia, en los dos casos los procedimientos judiciales continuaron; arriba expliqué que las excepciones de incompetencia no suspenden el juicio principal (Cco, artículo 1114-IV). En los dos casos, la sentencia final, declaró la validez del acuerdo de arbitraje. La resolución de las disputas correspondía a los árbitros.

Gracias al párrafo segundo del artículo 1424, mientras se ventilaban los asuntos ante los tribunales, los arbitrajes continuaron y se dictaron sendos laudos. En ellos se resolvió, al igual que en los tribunales judiciales, la validez del acuerdo de arbitraje; y en ambos laudos se resolvieron las cuestiones de fondo. 

El ser humano al servicio del derecho...

En libros, artículos, reportes, seminarios, son recurrentes ciertos temas “sexis": (i) la saturación de los tribunales del Estado; (ii) la gran contribución de la conciliación y el arbitraje para disminuir las cargas del poder judicial; y, (iii) la racionalización de los tiempos y costos de los litigios, especialmente del arbitraje.

Es claro que la tesis de la mayoría no contribuyó a resolver estas problemáticas. Al contrario, sujetó a la ley y a los ciudadanos a la tiranía del formalismo de las teorías legales.


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Supplementary Legislation. Chapter X on Court Intervention in Arbitration. Thesis Contradiction. The Issue is not Jurisdiction.

Fallacies 

In the post of last Thursday June 19, I commented that when resolving the thesis' contradiction, the justices of the majority of the First Chamber of the Supreme Court mixed inappropriate ingredients and made a bad mole.

The majority of the justices, numerous commentators and other authorities take off from false premises.  I will refer to them in a negative way:

(i) The issue of articles 1424 and 1432 of the Commerce Code, is not jurisdiction.

(ii) When parties agree on arbitration, they do not waive State jurisdiction.

(iii) Second paragraph of article 1424 did not create a new and different legal action.

Pacience and Shuffle

"Time takes vengeance on the things made without its collaboration".  This expression, which by the way appears in the lawyer's commandments of Couture, is attributed to the famous Renaissance artist, Michelangelo.  His great works were the product of many years and much patience.

I too ask for patience.  When my analysis is done, I hope to have cleared the doubts that my comments may have created.

Small Mistakes at the Beginning are Multiplied

Conflicts on jurisdiction between judges and arbitrators cannot exist and, therefore, are not regulated in the Commerce Code.

Article 1424 of the Commerce Code (UMLA 8) does refer to a conflict of jurisdictions.  Neither does its history, which begins with article 4 (1) of the Geneva Protocol of 1923, it goes on with article III of the NYC and, then, in the UMLA (article 8).  Such instruments of uniform law, relative to arbitration, do not establish rules of civil procedure, which does not fall within the scope of international commercial law.

The purpose of the provision contained in article 1424 (UMLA, article 8) is to consecrate the binding force of arbitration agreements.  With such label they have been commented on, universally, since its origins.

Neither does article 1092 of the Commerce Code provide basis for a conflict of jurisdictions, in which the justices of the majority based their decision.  Article 1092 states that a "competent court" is that to which the parties submitted expressly or tacitly.  And it is restricted to conflicts of geographic jurisdiction.

The article refers to the competent court, it does not mention the arbitrator or the arbitral tribunal.  Its a gross mistake to apply procedural provisions by analogy.  Article 1092 does not give way to turn the arbitrator into a judge; or a purported judge.  This interpretation is susceptible of producing very unfortunate consequences for arbitration in Mexico.

We are suffering a sickly obsession of those who seek to equal arbitrators with authorities; lately they have even reached the extreme of pretending, with no legal basis, to hold that arbitrators are authorities for the purposes of amparo.  In an article I wrote with Héctor Flores and which you may find in the webpage of Abascal, Segovia & Asociados (www.abascalsegovia.com), we analyze such fantasy.

But the considerations of the majority of the justices, even that  it is now derogated, opens the crack that litigators need to introduce an elephant.  I cannot imagine my old friend, Sergei Lebedev, prestigious arbitrator that lives in Moscow, immerse in a conflict of jurisdiction with a Mexican judge.  And that, only because notwithstanding that the parties agreed to arbitration in Moscow, a litigant decided to request the nullity of the arbitration agreement in Mexico.

Much less do I want to see Sergei designated as responsible authority, with the obligation of rendering his justified report, in the terms that the 'Ley de Amparo’ request from Mexican authorities.   In the meantime, the amparo judge may have suspended the nullity, or the recognition or enforcement proceedings; and, of course, the amparo will be suspended while waiting to have the "responsible Russian authority" notified and its delivery to the amparo court of such justified report.

So it was said by Aristotle: "Small mistakes at the beginning, later multiply  thousand times."

Death to the “Inhibitoria”

The application to the arbitration agreement of the system of jurisdiction conflicts of the Commerce Code does not hold water.

The issues of jurisdiction may be brought in two different ways: before the judge that lacks jurisdiction but is entertaining the cause (‘declinatoria’), or before the judge that has jurisdiction but is currently not entertaining the cause (‘inhibitoria’).  The choice belongs to the respondent (Cco, article 1114).

The first option is brought before the judge who is deemed to have jurisdiction, asking him to refer to the judge who is deemed to lack jurisdiction, so that the latter can send the file to the superior court to decide who has jurisdiction (‘inhibitoria’) (Commercial Code, article 1114-1).

The interpretation of the Supreme Court established a capitis diminutio (diminishing of rights) of arbitration.  In courts' commercial procedure the respondent has the option of two paths (outlined above).  In case of referral to arbitration, there is only one path.  Indeed, a party who argues the existence of the arbitration clause has no judge to refer to and request to communicate with the one that lacks jurisdiction.  It cannot make such request from the arbitral tribunal, who is not even a judge, and that has probably not even been designated as arbitrator or arbitral tribunal.  The principle of favoring arbitration turned into the principle of favoring court litigation.

The only way is the first choice.  Here, the request to refer the parties to arbitration only can be directed to the court who is deemed to lack jurisdiction, asking the court to refrain from entertaining the case and send the file to the superior court so it may decide the issue of jurisdiction (Commercial Code, article 1114-II).

Meanwhile…

The thesis of the majority resolved that the judge before which the request for nullity of the arbitration agreement was filed, has no jurisdiction to resolve the issues arising from the contract or legal relationship.  Also that arbitral proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an award may be made, while the issue is pending before the court (Cco, 1424, UMLA 8).

The problem is that the Commerce Code provides that the issues of jurisdiction shall never suspend the  procedure on the substantive claims (Commerce Code, article 1114-IV).

That is, whatever the majority said, the dispute had to be argued in parallel before the court and before the arbitral tribunal.

What Happened

In neither of the two cases did ADT file a defense on lack of jurisdiction, but instead alleged before the judge the existence of the arbitration agreement and asked that the parties be referred to arbitration.  At the end, one collegiate tribunal determined that it was the arbitral tribunal who had total jurisdiction, and the other that the arbitral tribunal shall entertain the substance, and that the court was competent to decide the claim of the nullity of the agreement to arbitrate.  When solving the contradiction, the majority of justices were inclined towards the latter.

Naturally, while the issue os jurisdiction was resolved, in both cases the court procedures continued; I explained above that the defense of lack of jurisdiction do not suspend the principal procedure (Commerce Code, article 1114-IV).  In both cases, the final judgement declared the validity of the arbitration agreement.  The resolution of the cases belonged to the arbitrators.

Thanks to second paragraph of article 1424, while the issues were being alleged before courts, the arbitrations continued and awards were issued.  In them it was resolved, just as the courts did, that the arbitration agreement was valid; and both awards also decided on the merits of the cases.

Humankind at the Service of the Law

In books, articles, reports, seminars, certain "sexy" topics are often spoke about: (i) the saturation of State tribunals; (ii) the great contribution of conciliation and arbitration to diminish the workload of the courts; and, (iii) the rationalization of times and costs of litigation, specially in arbitration.

It is clear that the thesis of the majority did not contribute to solve these problems.  To the contrary, it bound the law and the citizens to the tyranny of the formalism of legal theories.

Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. Contradicción, un mal mole.

See below English version.

El buen mole

Un buen mole es resultado de un arte laborioso, en el que los ingredientes son muy importantes. Tengo entendido que, entre ellos, se usan chocolate y siete u ocho variedades de chiles. Si a un cocinero imaginativo, pero sin experiencia, se le ocurre hacer mole, utilizando técnicas de la repostería vienesa, sustituyendo el chocolate con jalea de frambuesa y los chiles con frutos del bosque, nadie lo comerá con tortillas y pulque.

Más o menos eso le pasó a la Primera Sala de la Suprema Corte con la tesis de la contradicción. Hizo un mal mole, o un no mole; y lo sirvió para el desayuno.

La jurisprudencia derogada

La tesis de jurisprudencia que resultó de la contradicción, quedó derogada en enero de 2011, por los artículos 1464 y 1465 Cco. El artículo 9º CCF establece que una ley queda derogada por otra posterior que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

No obstante la derogación, es importante analizar las principales consideraciones de la tesis de la mayoría. Tengo razones de peso, a saber: (i) el principio de la fuerza obligatoria de los contratos; (ii) la preservación de la naturaleza del arbitraje; y, (iii) el riesgo de que resuciten conceptos que, por el momento, quedaron en estado hibernación. Esto pudiera ser producto de circunstancias diferentes, o de una desafortunada reforma legal; el choteo legislatorio no cesa.

Las circunstancias

No les sorprenderá que mi critica parta de las circunstancias. En esta ocasión será por la ausencia de un cúmulo de circunstancias que pudiera haber ilustrado a los ministros. 

Ya vimos que las tesis contradictorias partieron de dos casos, prácticamente semejantes.

Sin tripas no hay mole de tripas

Los ministros de la Primera Sala sólo revisaron las resoluciones de los tribunales colegiados. Todo indica que les faltó conocer lo que, en la jerga litigiosa se conocen como "las tripas" del asunto: los expedientes completos.

Prueba de ello, es la errónea descripción de como presentó ADT sus peticiones de remisión al arbitraje. En los resúmenes se afirma que en un caso la defensa se opuso como petición de remitir el asunto al arbitraje y, en el otro, como excepción de incompetencia.

No fue así, en ninguno de los casos, los abogados de ADT opusimos la incompetencia del juez derivada de la cláusula de arbitraje. Simplemente pedimos que, en virtud de la cláusula de arbitraje y lo dispuesto por los artículos III CNY y 1424 Cco, se remitiera a las partes al arbitraje.

Fueron los jueces los que, al recibir nuestra petición, le dieron trámite diferente. Uno lo consideró, correctamente, como una petición de referir a a las partes al arbitraje (descripcion de la Primera Sala "Al contestar la demanda, las codemandadas opusieron la excepción de sometimiento de la parte actora al arbitraje") y el otro lo tramitó como una incompetencia (descripcion de la Primera Sala "Al contestar la demanda, las codemandadas plantearon la incompetencia legal del Juez").

Escasa relevancia de los casos

La contradicción se adoptó a la luz de un par de casos que no son significativos. Los demandantes formaban parte de un grupo de distribuidores que hicieron frente común, los contratos eran prácticamente iguales y todas las partes involucradas tenían sus domicilios en la Ciudad de México. 

La tesis de la contradicción afirma que si se demanda la nulidad del acuerdo de arbitraje, el juez sólo tiene competencia para conocer de esa demanda, pero no el resto de las reclamaciones. En la realidad, las partes tuvimos que litigar, ante los jueces, las disputas completas.

Ya veremos que el conocimiento de las "tripas", hubiera hecho evidente a los ministros que esta parte de la tesis, es una ilusión.

Otros escenarios

Los invito a considerar un par de hipótesis mas probables. Pongo entre paréntesis ciudades mexicanas, para presentar la misma opción en un arbitraje nacional.

Una empresa establecida en la Ciudad de México celebra un contrato con una empresa establecida en Singapur (Monterrey). Las partes acuerdan el arbitraje, con sede en Nueva York (Guadalajara).

Se suscita una disputa y la parte establecida en Singapur (Monterrey), presenta una demanda ante un juez en Hong Kong (Puebla). El juez admite la demanda y ordena una carta rogatoria (exhorto), para emplazar en la Ciudad de México al demandado.

Opciones en el caso internacional

Con la tesis de la Primera Sala, el demandado en México, tendrá gran incertidumbre y, como se dice con ironía, pondrá cara de !¿What?! Mejor que no lo haga; estos casos abundan. 

Veamos las opciones.

No hacer nada. Grave imprudencia, pudiera ser que tiempo después sea emplazado a un procedimiento de ejecución de sentencia extranjera en los términos del Cco. Si, en ese momento tardío, opusiera la cláusula de arbitraje o la incompetencia, es probable que se las desestimen.

Una sentencia extranjera puede ejecutarse si el tribunal que la emitió tenía competencia "de acuerdo a las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles" con las del Cco (fracción III, del artículo 1347-A). Otro requisito relevante, es que el demandado haya sido emplazado o notificado en forma personal "a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas (Cco, fracción V del artículo 1347-A). Ambos requisitos estarían cumplidos.

La opción prudente es comparecer en Hong Kong. Si el juez de Hong Kong actúa conforme a reglas más razonables que la enunciada por nuestra Primera Sala, suspenderá sus actuaciones y remitirá a las partes al arbitraje. El demandado mexicano correría con el gasto razonable de contratar un abogado en Hong Kong para el simple trámite de invocar el acuerdo arbitral y pedir la remisión al arbitraje.

Si, por el contrario, el juez de Hong Kong se guiara por criterios similares a los de la Primera Sala, no les cuento el problema de tiempo y costos que tendrá el empresario mexicano. Lo más probable es que se vea obligado a aceptar el mal menor y acepte una transacción en condiciones injustas. 

Si la cosa fuera al revés y el juez que inició el juicio no fuera el de Hong Kong sino el de Puebla y la solicitud de remitir al arbitraje la tramitara como indicó la Primera Sala, pondría en serios problemas al inversionista extranjero. Con el consiguiente desprestigio de la justicia mexicana y la seguridad que nuestro país debe dar al comercio internacional.

Malo para México.

En el caso nacional

En el caso nacional, las opciones se simplifican, pero no dejan de ser injustas. El juez de Puebla aplicaría la jurisprudencia de la Suprema Corte, para gozo y beneficio de los abogados poblanos. Estos, además de gozar de muy buen mole, recibirían fondos para pagarlo.

Tengo la impresión de que los ministros de la mayoría no se hicieron estas consideraciones. Además, no deja de inquietarme el riesgo de los daños que puede causar la "jurisprudencia obligatoria".


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Supplementary Legislation. Chapter X on Court Intervention in Arbitration. Contradiction, a Bad Mole

A good mole is the result of a laborious art, in which the ingredients are very important.  I understand that, among others, chocolate is used along with seven or eight different kinds of chile.  If an imaginative yet inexperienced cook thinks about making mole, using techniques of the Viennese confectionery, substituting chocolate with cherry jam and the chile with forrest fruits, no one will eat that with tortillas and pulque.

More or less, that is what happened to the First Chamber of the Supreme Court with the contradiction thesis.  It cooked a bad mole; and served it for breakfast.

Derogated Jurisprudence

Nowadays is a jurisprudence derogated in January of 2011, through articles 1464 and 1465 of the Commerce Code.  Article 9 of the Federal Civil Code establishes that a law shall be derogated by a newer one that contains provisions that are totally or partially incompatible with the prior law.

Notwithstanding the derogation, it is important to analyze the principal considerations of the thesis of the majority.  I have good reasons to do so: (i) the principle of the biding nature of the contracts; (ii) the preservation of the nature of arbitration; and (ii) the risk of having concepts resuscitated and that, for the time being, are in hibernation.  This may be product of different circumstances, or of an unfortunate legal amendment; legislative imagination looks endless.

The Circumstances

You will not be surprised to find that my criticism starts from the circumstances.  This time it will be for the absence of a set of circumstances that may have illustrated the justices.

We have already seen that the contradictory tesis derives from two cases that were very similar.

Without Innards, there is no Innards Mole

The justices of the First Chamber only reviewed the resolutions of the collegiate tribunals.  Everything indicates that they failed to acknowledge what, in the litigious slang is known as "the innards" of the matter: the whole file.

Proof of that, is the erroneous description of how ADT presented its requests to refer to arbitration.  In the summaries, it is said that in one case the defense was presented as a petition to refer to arbitration, while in the other it was filed as a defense on lack of jurisdiction.

It was not so, in neither of the cases, the lawyers of ADT submitted the lack of jurisdiction of the judge derived from the arbitration clause.  We simply asked that, in light of the arbitration clause and articles III of the NYC and 1424 of the Commerce Code, the parties be referred to arbitration.

It were the judges who, when receiving such petition, provided a different procedure.  One of them correctly considered it as a petition to refer the parties to arbitration (as described by the First Chamber: "when answering the claim, the respondents filed the defense of the claimant's submission to arbitration"), and the other was substantiated as a lack of jurisdiction (as described by the First Chamber, "when answering the claim, the respondents argued the lack of jurisdiction of the Judge").

Scarce Relevance of the Cases

The contradiction arose from a couple of cases that are not significative.  The claimants were part of a group of distributors that provided a common front, the contracts were practically identical and all parties involved had their places of business in Mexico City.

The contradiction thesis states that if the nullity of the arbitration agreement is requested, the judge has only jurisdiction to entertain such petition, but not the rest of the claims.  In reality, the parties had to litigate all aspects of the disputes before the courts.

We will see that the knowledge of the "innards" would have made it evident for the justices that this part of the thesis, is an illusion.

Other Scenarios

I invite you to consider a couple of more probable hypothesis.  I put in brackets Mexican cities, to represent the same option in a national arbitration.

A company established in Mexico City executes a contract with a company located in Singapore (Monterrey).  The parties agree arbitration with the seat in New York (Guadalajara). 

A dispute arises and the party established in Singapore (Monterrey), files a claim before a court in Hong Kong (Puebla).  The judge entertains the claim and orders a rogatory letter to be issued ("exhorto") to notify the claim to the respondent in Mexico City.

Options in an International Case

With the thesis of the First Chamber, the respondent in Mexico will have a great amount of uncertainty and, as it is ironically said, will have an expression of "What!?”  It should not be a surprise, for these cases abound.

Let's see the options.

Not to do anything.  Gross negligence; it may be that later on that party may be notified with respect to a procedure of enforcement of a foreign judgement in terms of the Commercial Code.  If in that late stage it would argue that there is an arbitration clause or the lack of jurisdiction, it will probably be disqualified.

A foreign judgement may be executed if the tribunal that issued it had jurisdiction "in accordance with the recognized rules in international law that are compatible" with the rules of the Commerce Code (section III of article 1347-A).  Another relevant requirement, is for the respondent to be notified or personally notified "with the purpose of ensuring the due process and the exercise of its defenses" (Commercial Code, section V of article 1347-A).  Both requirements might be considered as satisfied.

The prudent option is to appear in Hong Kong.  If the court of Hong Kong acts in accordance with more reasonable rules than those mentioned by our First Chamber, it shall stay the court proceedings and refer the parties to arbitration.  The Mexican respondent would have to bare with the reasonable cost of a lawyer in Hong Kong only for the simple procedure of invoking the arbitration agreement and request the referral to arbitration.

If, on the contrary, the court of Hong Kong is guided by similar criteria to that of the First Chamber, I will not tell about the problem of time and costs that the Mexican businessperson would have to bare.  The most probable is that he would be obligated to accept the minor ill and accept a transaction in unjust circumstances.

If it was the other way around and the judge that initiated the procedure was not the one from Hong Kong but the one from Puebla, and the request to refer to arbitration is substantiated as indicated by the First Chamber, it would create serious problems for the Mexican businessperson.  Along with the corresponding loss of prestige for Mexican justice and the certainty that our country most provide to international commerce.

Bad for Mexico.

In the National Case

In the national case, the options are simplified, but they remain unjust.  The judge of Puebla would apply the jurisprudence of the Supreme Court, for the satisfaction and benefit of the lawyers from Puebla.  These, besides enjoying a good mole, would receive funds to pay for it.

I have the impression that the justices of the majority did not consider these issues.  Besides, I can not free myself of being troubled by the risk of the damages that "binding jurisprudence" may cause when issued with similar superficiality.