Designación de árbitro resolución sin recursos Arbitraje multiparte

See below English version.

Artículo 1468

"Contra la resolución del juez no procederá recurso alguno, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros, en los términos del acuerdo de arbitraje o, en su defecto, las disposiciones del artículo 1429".

Como la naturaleza de la intervención judicial en la jurisdicción voluntaria para designar a un árbitro es administrativa, la resolución final no admite recursos.

Esto sin perjuicio de que, como todo acto de autoridad, la resolución pueda combatirse por medio del amparo. Si la decisión del juez es no designar al árbitro, el arbitraje no puede continuar.

En un caso reciente, una parte pidió al juez que designara un árbitro. El juez denegó la petición y la parte afectada obtuvo el amparo, por lo que el juez finalmente designó al árbitro. Mientras tanto, el arbitraje no pudo comenzar.

Si el juez designa al árbitro, no obstante que una parte inconforme interponga el juicio de amparo, el arbitraje puede continuar. El juez de distrito no debe conceder la suspensión del nombramiento del árbitro porque: (i) no debe concederse la suspensión para suspender un procedimiento; y, (ii) el acto reclamado, que sería la designación que hizo el juez, se ejecuta en el momento de hacer la designación. No se puede suspender lo que ya se ejecutó. 

Sólo si las partes se ponen de acuerdo en suspender el arbitraje hasta que se resuelva el amparo, se suspendería el arbitraje. En caso de desacuerdo, corresponderá al tribunal arbitral decidir si el arbitraje se suspende o continúa.

Arbitraje multiparte. El caso Ducto

El arbitraje multiparte puede dar lugar a problemas peculiares.

Para conocer la problemática del arbitraje multiparte vale la pena hacer un resumen del caso 'Ducto'. El caso Ducto es como el Quijote: todos hablan de él, no todos lo conocen. Yo estoy entre estos últimos: no he leído las sentencias del caso Ducto, ni pienso hacerlo; pero si conozco los pocos detalles necesarios para explicar su importancia en el arbitraje multiparte. El siguiente resumen lo tomé del Comentario de Caron y Caplan* 

BKMI Industriean Lagen GmBH ('BKMI") celebró un contrato para la construcción de una planta de cemento. Para cumplir el contrato, BKMI, además, celebró un acuerdo de asociación ('consortium agreement') con Siemmens y Ducto Construction Co. (Ducto).

El acuerdo arbitral preveía el arbitraje en París, bajo el Reglamento de la CCI, con un tribunal de tres miembros.

Cuando surgió el problema Ducto inició un arbitraje, haciendo reclamaciones separadas en contra de Siemmens y BKMI. Ducto designó un árbitro y pidió que Siemmens y BKMI designaran conjuntamente un árbitro. Siemmens y BKMI hicieron la designación bajo protesta y reservando sus derechos.

En un laudo parcial, el tribunal arbitral decidió que estaba validamente constituido y prosiguió con el arbitraje. BKMI y Siemens pidieron la anulación del laudo ante los tribunales competentes de París. Alegaron que el tribunal se había constituido irregularmente y que su ejecución sería contraria al orden público internacional.

En una primera decisión, la Corte de Apelaciones desechó la petición, sosteniendo que no hubo violación al orden público y que el tribunal se constituyó correctamente. Según la corte, la cláusula en cuestión 'expresaba sin ambigüedades la voluntad común de las partes' y las posibles diferencias en la designación del tribunal arbitral era una posibilidad previsible que fue aceptada al momento del acuerdo.

Sin embargo, la Corte de Casación de Francia revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones. La Corte de Casación sostuvo que "el principio de la igualdad de las partes en la designación de los árbitros es una cuestión de orden público ('ordre public") que solo podía renunciarse una vez que la disputa hubiera surgido".

El caso Ducto provocó que las instituciones arbitrales modificaran sus reglamentos. Comenzando con el artículo 10 del Reglamento de 1998 de la CCI, prácticamente todos los reglamentos hoy en día en vigor, tienen disposiciones específicas sobre el arbitraje con partes múltiples. 

La solución dominante es que cuando las partes no se ponen de acuerdo en la designación de los miembros del tribunal y sobre quien será el presidente, la institución designa a todos los árbitros y determina cual de ellos será el presidente.

UNCITRAL

La UNCITRAL no ha sido especialmente diligente en materia del arbitraje con multiples partes. No lo consideró en el RAU 1976, ni en la LMA en 1985. Tampoco en la revisión a la LMA que se comenzó a discutir en el año 2000 y cuyos cambios se adoptaron en 2006. En estos últimos trabajos no dejo de sentirme culpable, ya que me toco presidirlos y nunca se me ocurrió proponer el tema.

No fue sino hasta la modificación al RAU en 2010, que la UNCITRAL adoptó el nuevo artículo 10 que, entre otros, trata de las facultades de la autoridad nominadora en la designación del tribunal con múltiples partes. 

Conforme al párrafo (3) del artículo 10 RAU 2010, cuando un grupo de demandantes o demandados no designa a un árbitro que le corresponde, a solicitud de cualquier parte, la autoridad nominadora "constituira al tribunal arbitral y, al hacerlo, podrá revocar todo nombramiento ya realizado y nombrar o volver a nombrar cada uno de los árbitros y designar al que haya de ejerecer las funciones de presidente”

La finalidad que debe proteger la autoridad nominadora es el derecho de todas las partes de ser oídas y de ser tratadas con igualdad.

¿Qué pasa con el Cco (LMA)?

El artículo 1415 Cco (LMA 1) establece que las disposiciones del título de arbitraje (LMA) se aplicarán al arbitraje comercial cuando el lugar del arbitraje esté dentro del territorio nacional.

En el caso de un arbitraje multiparte con un sólo árbitro la cuestión la resuelven los artículos 1427 (LMA, 11), 1466, 1467 y 14680. Las partes no se pusieron de acuerdo y el árbitro único lo designará el juez.

Si se trata de un tribunal con tres o mas árbitros, una primera tentación sería considerar que la cuestión de la constitución del tribunal arbitral con multiples partes no está tratada en el Cco (LMA) y que la solución habrá que buscarla en la legislación nacional aplicable. Tal solución sería leguleya y absurda.

En primer lugar, no hay solución expresa a esa cuestión en la legislacion nacional. 

Como el juez no podría dejar la cuestión sin resolver, tendría que aplicar los principios de integración de la ley (CCF, artículos 19 y 20). Estos principios llevarían al juez a buscar la solución en los principios que se contienen en el artículo 1427 (LMA, 11), Cco. En otras palabras, a determinar que, a falta de acuerdo de las partes, el juez debe proceder a designar a todo el tribunal arbitral y a decidir cual de los árbitros será el presidente.

Para lo cual deberá seguir el procedimiento de los artículos 1467 y 1468 Cco, esto es: (i) oyendo previamente a todas las partes; (ii) convocandolas a una reunión; (iii) consultando con las instituciones arbitrales y las cámaras de comercio; y, (iv) siguiendo el sistema de lista. Al remitir la lista, el juez debería pedir que las partes no sólo dieran el rango de preferencia de los árbitros, sino también sobre cual de ellos deberá ser el presidente.

*The UNCITRAL Arbitration Rules. A Commentary, Edited by David Caron and Lee Caplan.

Bibliografía: en la novela de Dostoviesky, a los tres hermanos Karamazov, que eran cuatro, y a su padre, les hubiera venido bien un tribunal arbitral multiparte. 

Algunos pensarán que algunas recomendaciones bibliográficas, hechas con un tinte de humor, son frívolas o payasas. No es así, un abogado que no es un buen humanista, es un abogado incompleto.




----------

Implementing legislation. Appointment of arbitration as definitive. Multiparty Arbitration.  Appointment of arbitrator is definitive.  Multiparty Arbitration.

Article 1468

“The decision of the court shall be subject to no appeal, except for the right to challenge the arbitrator or arbitrators, in terms of the of the arbitration agreement or, otherwise, the provision of article 1429”.

The nature of the court intervention in the voluntary jurisdiction to appoint an arbitrator is administrative so the final resolution does not admit any appeal.

This is without prejudice that all acts of authority can be opposed by an amparo If the judge’s decision is not to appoint the arbitrator, the arbitration cannot continue.

In a recent case, one party asked the judge to appoint an arbitrator.  The judge denied the request and the affected party obtained an amparo, so the judge had to appoint the arbitrator.  In the meantime, the arbitration could not begin.

If the judge appoints the arbitrator, even if one party objects the decision through an amparo, the arbitration may continue.  The district judge shall not grant the stay of the arbitrator appointment because: (i) suspension cannot be granted to stay proceedings; and (ii) the objected court decision, that would be the appointment made by the judge, was already executed at the time the appointment was made.  An act that has been already executed cannot be suspended.

Only if the parties agree to stay the arbitration until the amparo is decided, the arbitration would be suspended.  If the parties do not agree to stay, the arbitral tribunal shall decide whether the arbitration is stayed or continues.

Multiparty arbitration.  The Ducto case

Multiparty arbitration can lead to peculiar problems.

To facilitate the understanding of the problems of multiparty arbitration I will sum up the Ducto case.  This case is like Don Quixote: everybody talks about it, but not everybody has read it.  Regarding the Ducto case, I form part of the later group: I have not read the decision of the Ducto case, and I will not do it; but I know the few details needed to explain its importance in the appointment of arbitrators in multiparty arbitration.  The following summary is taken from the Comment of Caron and Caplan*.

BKMI Industriean Lagen GmBH ('BKMI") executed a contract for the building of a concrete plant.  To perform the contract, BKMI, also executed a consortium agreement with Siemmens and with Ducto Construction Co. (Ducto).

The arbitration agreement called for arbitration in Paris, under the ICC Arbitration Rules, with a three-member arbitral tribunal.

When the problem arose, Ducto started arbitration making separated claims against Siemmens and BKMI.  Ducto appointed and arbitrator and asked Siemmens and BKMI to jointly appoint the other arbitrator.  Siemmens and BKMI made the appointment under objection and reserving their rights to claim later the irregularity.

In a partial award, the arbitral tribunal decided that it was well constituted and continued with the arbitration.  BKMI and Siemmens seek its annulment in the competent courts in Paris.  They argued that the constitution of the arbitral tribunal was irregular and its enforcement would be against the international public order.

In a first decision, the Court of Appeals denied the request, arguing that there was no violation to the public order and that the arbitral tribunal was constituted properly.  According to the court, the clause “expressed without ambiguity the parties common will” and the possible differences in the appointment of the arbitral tribunal was a predictable possibility that was accepted at the time of the agreement.

Nevertheless, the Court of Cassation of France reversed the decision of the Court of Appeals.  The Court of Cassation sustained that the “equality of the parties in the appointment of the arbitrators is a public order principle ('ordre public´) that could be resigned only after the dispute arose”.

The Ducto case provoked the amendment of the arbitral institutions rules.  Starting with Article 10 of the ICC Arbitration Rules in 1998, practically all the rules effective nowadays, have specific stipulations on arbitration with multiple parties.

The dominant solution is that when the parties cannot agree in the appointment of the members of the arbitral tribunal and the presiding arbitrator, the institution appoints all the arbitrators and determines who will be the president.

UNCITRAL

UNCITRAL has not been especially diligent about arbitration with multiple parties.  It did not consider it in the UAR 1976 nor in the UAML in 1985.  Neither in the revision to the UAML which discussions started in 2000 and ended with the modifications adopted in 2006.  I feel somehow guilty, because I chaired the travaux preparatoires and adoption of the 2006 amendments, but it never came to my mind to raise the topic.

It was until the amendments of the UAR in 2010 that the UNCITRAL adopted the new Article 10 that, besides other topics, provides on the power of the appointment authority in the appointment of the arbitral tribunal with multiple parties.

According to UAR 2010 Article 10 (3), when a group of claimants or defendants fail to appoint the arbitrators, upon request of any party, the appointment authority shall “constitute the arbitral tribunal and, in doing so, may revoke any appointment already made and appoint or reappoint each of the arbitrators and designate one of them as the presiding arbitrator”.

The appointment authority shall protect the right of all the parties to be heard and treated with equality.   

What happens with the Cco (UAML)

Article 1415 Cco (1 UAML) establishes that the provisions of the arbitration title (UAML) shall be applied to commercial arbitration when the place of arbitration is within Mexican territory.

In a multiparty arbitration with a sole arbitrator, the question is solved in Articles 1427 (UAML, 11), 1466, 1467 and 1468.  If the parties do not agree on the sole arbitrator, the judge will appoint her.

If the tribunal has three or more arbitrators, the first reaction would be to consider that the constitution of the arbitral tribunal with multiple parties is not dealt with in the Cco (UAML) and that the solution shall be searched in the applicable Mexican law.  Such idea would be legalistic and absurd.

First of all, there is no an express solution to the problem in Mexican law.

As the judge cannot leave the question unsolved, she would have to apply the general integration principles of the law (FCC, articles 19 and 20).  These principles would lead the judge to search the solution in the principles contained in Article 1427 Cco (UAML, 11).  In other words, the judge shall conclude that, in absence of the parties’ agreement, she shall appoint all the members of the arbitral tribunal and determine who will act as the presiding arbitrator.

The judge shall follow the procedure established in articles 1467 and 1468 Cco: (i) hearing all the parties previously; (ii) calling them for a meeting; (iii) consulting with the arbitral institutions and the chambers of commerce; and, (iv) following the list-procedure.  When the list is sent, the judge shall ask the parties not only to cross and rank the candidates, but also to state each party who would be the presiding arbitrator of their preference. 

*The UNCITRAL Arbitration Rules.  A Commentary, Edited by David Caron and Lee Caplan.

Bibiography note: In Dostoviesky’s novel, the three Karamazov brothers, which actually were four, and his father, were in great need to have a multiparty arbitral tribunal.

Readers might think that some of my bibliography notes might be frivolous or irritating.  But they are far from that, a lawyer that is not a good humanist, is an incomplete lawyer. 

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Manifestaciones de árbitro. Artículo 1467. Cuarta parte

El inciso d) del párrafo III del artículo 1467 Cco, permite al juez que use su criterio para nombrar al árbitro o árbitros cuando, por cualquier motivo, no pudiera hacer el nombramiento por medio del sistema de lista.

Esta disposición debe interpretarse en el sentido de favorecer la rapidez y la flexibilidad en la designación. Hay una aparente contradicción entre los encabezamientos del artículo 1467 y el del párrafo III, que conceden discrecionalidad al juez, y el inciso d), cuyo texto habla de que “no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista”.

Cuestiones de posibilidad

No está mal hacer algunas consideraciones sobre las diversas acepciones del concepto de imposibilidad (no pudiera).

Es legalmente imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización (CCF, 1828).

Ninguna disposición hace legalmente imposible el sistema de lista.

La imposibilidad puede ser: (i) metafísica o absoluta que “... se funda en la esencia de las cosas... Un círculo triangular es un imposible absoluto, porque fuera círculo y no círculo, triángulo y no triángulo”; (ii) “… física o natural, consiste en un hecho que esté fuera de las leyes de la naturaleza. Es imposible que una piedra soltada al aire no caiga al suelo…; (iii) moral u ordinaria, “… es la oposición al curso regular u ordinario de los sucesos… es imposible de esta manera todo aquello que, atendido el curso regular de las cosas, acontece rara vez o nunca”. Es imposible afirmar que Enrique Peña Nieto no es el Presidente de la República Mexicana; (v) de sentido común, que son aquellos casos en que vivimos con la “… certeza de que lo imposible no se realizará”, como sería el caso de tirar al aire una moneda y esperar que caiga parada de canto (Balmes, El criterio).

Imposibilidad ordinaria o de sentido común.

Es obvio que la interpretación del artículo debe ser en el sentido de que no se refiere a una imposibilidad absoluta, sino a una imposibilidad ordinaria o de sentido común. Como sería el caso cuando una parte tuvo que ser notificada en el último domicilio conocido, no cabe esperar que esa parte participe activamente en la jurisdicción voluntaria de designación del árbitro.

Recuerdo alguna ocasión en la que, de acuerdo a la cláusula de arbitraje, los dos árbitros designados por las partes teníamos la encomienda de designar al tercero. Cuando remitimos a las partes la lista, una de ellas respondió que como teníamos la encomienda de hacer la designación, nuestra conducta de enviar a las partes la lista para que la calificaran era incorrecta; devolvió la lista tachando todos los nombres. 

Los árbitros no estuvimos de acuerdo con el razonamiento. Sin embargo, nos quedó claro que cualquier lista que enviáramos en el futuro tendría el mismo resultado. Así las cosas, decidimos hacer el nombramiento directo: (i) cada árbitro propuso al otro un candidato, (ii) cuando tuvimos dos candidatos igualmente aceptables para los dos árbitros, echamos un volado. 

El juez puede encontrarse ante otras situaciones semejantes.

Fracción IV

“Antes de hacer la designación, el juez pedirá al arbitro o árbitros designados, que hagan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428.”

Manifestaciones del árbitro

El artículo 1428 (LMA, 12) dice que la persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia.” 

Las opiniones, y prácticas regionales o sectoriales, acerca de lo que un árbitro debe manifestar, y lo que no está obligado a manifestar, así como el contenido de la manifestación, son numerosos. Es un tema espinoso que amerita un comentario especial que haré en otra ocasión. 

Las circunstancias que las partes pueden estipular que deban ser manifestadas quedan a su imaginación; que es ilimitada. Mi recomendación es que no creen problemas añadiendo requisitos. 

El precepto limita la facultad del juez a pedir al árbitro designado que haga las manifestaciones que tenga. Para que el árbitro esté en condiciones de saber si debe o no hacer manifestaciones, el juez le debe proporcionar la información que recibió de las partes. Principalmente la identificación de las partes y de sus abogados. 

No se requiere aceptación del árbitro 

El artículo 1467 no requiere ni faculta al juez para que exija al árbitro designado acepte el cargo.

No es una laguna. La aceptación del árbitro es una actuación arbitral que debe hacerse en el arbitraje y no en una instancia judicial externa. Además, es muy probable que el árbitro necesite tener mayor información e intercambios preliminares con las partes, para conocer sus puntos de vista sobre la naturaleza de la disputa, la conducción del procedimiento, el monto y forma de pago de sus honorarios y muchas otras cuestiones importantes.

No obstante lo anterior, en mas de una ocasión fui requerido por el juez que me designó, para que manifestara si aceptaba o no el nombramiento. Aunque el juez no tenía facultades, por prudencia manifesté mi aceptación. Sin embargo, para evitar el riesgo de ser acusado de faltar a mi compromiso, en todas las ocasiones acepté haciendo la salvedad de que lo hacía “a la luz las circunstancias que conocía en ese momento". 

Efecto de la manifestación. Recusación

El requerimiento a la persona designada para que manifieste las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, puede tener diferentes respuestas.

La persona designada puede manifestar que no acepta. En ese caso, el juez deberá designar al siguiente candidato que haya tenido el mejor resultado según el sistema de lista. O, si no se siguió ese sistema, designar otro árbitro.

Si la persona designada hace manifestaciones, el juez no tiene facultades para calificarlas. Su misión consistirá en transmitirlas a las partes. En principio deberá considerarse que las partes quedan informadas de la manifestación del árbitro en el momento en que el juez las notifica a las partes y que, a partir de ese momento, comenzará a correr el término para recusar al árbitro.

En efecto, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento para someter esa controversia al arbitraje (1437 Cco (LMA, 21)). Por otro lado, la recusación debe hacerse dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte que la hace tenga conocimiento de las circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad e independencia del árbitro (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

El supuesto de la intervención judicial para designar al árbitro, es que hayan transcurrido treinta días desde que una parte requirió a la otra para que designara un árbitro, o de que los árbitros o las partes no se hayan puesto de acuerdo en el nombre del tercero. Son supuestos que implican un requerimiento previo de someter la controversia al arbitraje.

Bibliografía: ya lo adivinaron, 'El criterio’ de Jaime Balmes. Debe ser libro de cabecera para abogados y no abogados.


---------

Disclosure by the Arbitrator.  Article 1467.  Fourth Part

Section d) of paragraph III of article 1467 of the Commerce Code, allows judges to use their discretion to appoint an arbitrator or arbitrator when, for whichever reason, the appointment cannot be made through the list system.

This provision must be interpreted in the sense of favoring the swiftness and flexibility in the appointment. There is an apparent contradiction between the headings of article 1467 and paragraph III, which grant discretion to the court, and section d), which text states “in case the appointment is not possible through the list system.” 

Matters of Possibility

In order to make a correct interpretation of the provision, it is worthwhile to make some considerations regarding the different notions of the concept of impossibility (‘is not possible’). 

For purposes of the law, It is impossible the fact that cannot come to exist because it is incompatible with the laws of nature or some legal provision that necessarily regulate it, and thus constitutes an obstacle impossible to overcome for its realization (CCF, 1828). 

There is nothing making the system list legally impossible. 

The impossibility may be: (i) metaphysical or absolute that “... is grounded in the essence of things... a triangular circle is an absolute impossible, for it to be circle and no circle, triangle and no triangle”; (ii) “… physical or natural, consisting in a fact that is outside the laws of nature. It is impossible for a stone thrown in the air not to fall back to the ground …; (iii) moral or ordinary, “… it’s the opposition to the regular or ordinary course of things … it is therefore impossible all that which, looking at the regular course of things, rarely or never happens”. From that perspective is impossible the statement that Enrique Peña Nieto is not the President of Mexico; (v) of common sense, which are those cases with respect to which we have “… the certainty that the impossible will never happen”, as would be the case of throwing a coin to the air and that the coin will land and stay on its side (Balmes, The Art of Thinking Well). 

Ordinary or Common Sense Impossibility

It is obvious that the interpretation of the provision is that it does not refer to the absolute impossibility, but to the ordinary or common sense impossibility. As it would be the case when a party had to be notified in the last known domicile, it is not foreseeable for such party to actively participate in the voluntary jurisdiction of appointment of the arbitrator.

I remember some occasion in which, pursuant to the arbitration clause, the two arbitrators appointed by the parties had the mission of appointing the third one. When we referred the list to the parties, one of them answered that since we had the mission of making the appointment, our conduct of sending the list to the parties was incorrect; it sent the list back crossing all names. 

The arbitrators were not in agreement with the reasoning. However, it was clear to us that any list we would send in the future would end with the same result. In such scenario, we decided to make the appointment directly: (i) each arbitrator proposed a candidate to the other, (ii) when we had two candidates that were equally acceptable for both arbitrators, we flipped a coin to chose which one to appoint. 

The appointing court may find itself in similar situations. 

Paragraph IV

“Before making the appointment, the court shall ask the designated arbitrator or arbitrators, to make the disclosures foreseen in the arbitration agreement and in article 1428.” 

Comments of the Arbitrator

Article 1428 (UMLA 12) says: “When a person is approached in connection with his or her possible appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence” 

The opinions, regional and sectorial practices, on what an arbitrator should disclose, and what there is no need to disclose, and with respect to the contents of the disclosure, are numerous. It is a spiky topic that deserves a special commentary, which I will make in another occasion. 

The circumstances that the parties can estipulate shall be disclosed depend on their imagination; which is unlimited. My recommendation to the drafters is not to create problems by adding annoying requirements. 

Paragraph IV limits the power of the court to ask any appointed arbitrator to make the appropriate disclosures. For the arbitrator to be in condition of knowing whether there is something to be disclosed, the judge must provide the arbitrator the relevant information provided by the parties. Specially the names of the parties and their lawyers. 

The Acceptance of the Arbitrator is Not Necessary

Article 1467 does not require nor empowers the court to request from the appointed arbitrator to accept the appointment. 

It is not a gap. The acceptance of the arbitrator is an act that should be done within the arbitration and not before an external judicial court. Moreover, it is probable that the arbitrator will need additional information and preliminary exchanges with the parties, to be acquainted with their points of view on the nature of the dispute, the conduction of the procedure, the disputed amount, fees, deposits, payments to the arbitrator and other important issues. 

Notwithstanding the above, in more than one occasion I was required by the court that designated me, to manifest whether I accepted the appointment or not. Albeit the court had no powers, out of prudence I accepted. However, to avoid the risk of being accused of breaching my commitment, I expressly stated that my acceptance was done “in light of the circumstances known to me at that point in time.” 

Effect of the Disclosure. Challenge

The requirement to the appointed person to disclose the circumstances that may give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence may have different answers. 

The person appointed may not accept the appointment. In this case, the court shall appoint the next candidate that had the best result according to the list system. And if such system was not used, appoint another arbitrator. 

The court has no powers to qualify the disclosures made by the arbitrator. Its mission shall be to communicate the disclosure to the parties. In principle, it shall be considered that the parties are informed of the disclosure of the arbitrator in the moment in which the court notifies it to the parties and that, from that moment on, the period to challenge the arbitrator starts to run. 

Indeed, except if the parties agree otherwise, the arbitration shall commence on the date in which the respondent has received the requirement to submit such dispute to arbitration (1437 Cco (LMA, 21)). On the other hand, the challenge must be made within the fifteen days following that in which the party that has knowledge of the circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

The period for a court to appoint the arbitrator is of thirty days since a party required the other party to appoint an arbitrator, or since the arbitrators or parties failed to reach an agreement on the third. Obviously, in those cases a previous requirement of submitting the dispute to arbitration should have been made; thus, at the time of the disclosure, the arbitration should have commenced.

Bibliography: you guessed, Jaime Balmes’ The Art of Thinking Well. It should be a bedhead book for lawyers and non-lawyers.

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Procedimiento. Artículo 1467. Tercera parte

See below English version.

Fracción I.  Conclusión

En la entrega anterior dejé inconcluso el análisis de la fracción I del artículo 1467, Cco. . 

Para terminarlo, me faltó espacio para subrayar que las funciones del juez en la designación de árbitros no son de naturaleza judicial, sino de auxilio administrativo. Con ese propósito, concluyo citando un párrafo del Comentario de Holztmann y Neuhaus, al artículo 6 de la LMA.* 

“El artículo 6 [LMA] especifica que una autoridad no judicial puede ser designada para llevar a cabo funciones contempladas en aquellos artículos en los cuales se menciona una autoridad. Estos artículos son 11 [Cco, 1427] (designación de árbitros), 13 [Cco, 1429] (recusaciones), y 14 [Cco, 1430, 1431] (terminación del mandato). Se entendió que solamente una “corte”, como está definida en el artículo 2(c) [sin equivalente en el Cco], podría decidir sobre la jurisdicción del tribunal arbitral (artículo 16(3) [Cco, 1432] y las demandas de nulidad de un laudo (artículo 34(2)) [Cco, 1457]. La disposición que permite la designación de una “autoridad” no judicial fue añadida al proyecto del Grupo de Trabajo por la Comisión. La razón primaria fue que en algunos países estos nombramientos, recusaciones y procedimientos de terminación los llevan a cabo cuerpos especializados tales como las cámaras de comercio o instituciones nacionales de arbitraje y había la sensación de que estos cuerpos estarían en mejor posición para llevar a cabo las funciones con mayor eficiencia que algunas cortes. Además, se hizo notar que el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, contempla la designación de cualquier cuerpo u órgano como autoridad nominadora." 

El párrafo transcrito confirma tres puntos importantes que he sostenido: (i) el papel del juez en la designación del árbitro no es de carácter judicial estrictamente hablando, sino el de mera autoridad nominadora; (ii) el procedimiento debe ser rápido y, (ii) no debe obstruirse con cuestiones litigiosas. 

Fracción II

"II. El juez deberá previamente consultar con una o varias instituciones arbitrales, cámaras de comercio o industria designadas a su criterio." 

Esta fracción recoge, en parte, la práctica observada por los jueces mexicanos desde la entrada en vigor de la legislación arbitral en 1993, hasta la incorporación del Capítulo X sobre auxilio y control judicial. 

Desde que se discutió el proyecto de incorporación de la LMA, alegué que el arbitraje comercial podía darse en numerosas áreas de la actividad comercial, especialmente si se trataba del arbitraje internacional. Los jueces en materia civil, por su actividad, estaban sobrecargados de trabajo, el arbitraje se daba en muchas materias y los jueces no tenían contacto con las diversas comunidades de la actividad comercial a que podrían referirse. Mi posición fue congruente con la nota del comentario de Holtzmann y Neuhaus que arriba transcribí.

Mi propuesta no prosperó. La confusión sobre la naturaleza de los procedimientos judicial y arbitral, que lleva a muchos a considerar la función arbitral como cuasi judicial, prevaleció. La decisión fue que las funciones del artículo 6 LMA correspondían a un juez. Así se plasmó en el artículo 1427 Cco. 

Debo confesar que en el ejercicio de esas funciones los jueces, por un lado, me dieron la razón y, por otro, demostraron que estaba equivocado. En los 14 años (1999 a 2014) en que fungí como Director de la Comisión de Mediación y Arbitraje de CANACO, al igual que en mi experiencia como árbitro y como litigante, vi como los jueces, cuando eran requeridos para designar un árbitro, regularmente se dirigieron al CAM y a la CANACO, pidiéndoles que les sugirieran ternas de árbitros. 

El juez debe dar información suficiente.

Poco queda por explicar. Cuando mucho notar que el juez, con la información recibida en los escritos y la reunión con las partes, al solicitar que las instituciones le sugieran candidatos, deberá proporcionar suficiente información. Sólo así podrán las instituciones sugerir candidatos adecuados. En este sentido, mi experiencia ha sido de que los jueces no suelen comunicar mucha información. En CANACO, por ejemplo, era frecuente que la Secretaria General se tuviera que acercar al juez para obtener información adicional necesaria. No siempre tuvo éxito y mas de una sugerencia se hizo a ciegas. 

Fracción III

"III. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine discrecionalmente que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso, el juez observará lo siguiente (RAU, 6)): 

"a) Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos (RAU, 6(a)).

"b) Dentro de los diez días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el nombre o nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de su preferencia. Si una parte no hace comentarios, se entenderá que presta su conformidad con la lista remitida por el juez (RAU, 6(b)). 

“c) Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o árbitros de entre las personas aprobadas en las listas devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes (RAU, 6(c)), y 

"d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al árbitro o árbitros (RAU, 6(d)). 

La fuente material de la fracción III del artículo 1467 se encuentra en el artículo 6 del RAU. En beneficio de la brevedad, en la transcripción de arriba puse la referencia correspondiente al RAU.

El sistema de lista

Después de la designación de común acuerdo por las partes, el sistema de lista es el mejor para preservar el derecho de las partes de escoger al árbitro único o al presidente del tribunal arbitral. También al tribunal entero en los arbitrajes multiparte. 

Las partes reciben la lista de candidatos y bien harán si hacen todas las averiguaciones razonables a su alcance, para conocerlos y calificarlos. 

Los candidatos que sean tachados por cualquiera de las partes, quedan definitivamente eliminados. De entre los candidatos que no fueron tachados por ninguna de las partes, el juez deberá escoger el que recibió el mejor puntuación. 

Por ejemplo, la lista incluyó a “A”, “B”, “C”, “D”, “F¨ y “G”. Una parte tachó a “B” y “F” y puso al resto en el siguiente orden: 1 “C”, 2 “G”, 3 “A” y 4 “D”. La otra parte tachó a “B” y “C” y puso al resto en el siguiente orden: 1 “A”, 2 “D”, 3 y 4 “G”. Tendremos el siguiente resultado: “B”, “C” y “F”, quedan eliminados. La puntuación de los sobrevivientes fue: “A” 4, “D” 6 y “G” 6. 

El árbitro sería “A”. Si “A” no aceptara el cargo, el siguiente candidato lo escogería el juez entre “C” y “G”, que tienen igual número de puntos. 

Lo cierto es que con este método se preserva el derecho de las partes de escoger al árbitro. Aunque haya sido por vía indirecta, es el producto de su acuerdo. 

Cuando soy consultado acerca de un acuerdo de arbitraje siempre lo recomiendo. Algunas instituciones, como CANACO y ICDR, estipulan el método de lista. Otras, como el CAM y la CCI, no lo tienen en sus reglamentos, pero admiten y ejecutan el acuerdo de las partes cuando lo estipulan. 

No crean que terminé con la fracción III. Seguiré en la próxima. 

*Howard Holztmann and Joseph Neuhaus. ‘A Guide to the UNCITRAL Model La w On International Commercial Arbitration.



---------

Paragraph I of article 1467 of the Code of Commerce.  Conclusion

In the previous post I started the analysis of paragraph I of article 1467 of the Commerce Code. 

To end it, I lacked some space to highlight that the powers of the courts in the appointment of the arbitrators are not of a jurisdictional nature, but of mere administrative assistance. With such purpose, I conclude by quoting a paragraph from the Commentary of Holtzmann and Neuhaus, to article 6 of the UMLA.* 

“Article 6 specifies that a nonjudicial authority may be designated to perform functions under those Articles in which such an authority is mentioned. These Articles are 11 (appointment of arbitrators, 13 (challenges), and 14 (termination of mandate). It was intended that only a " court, as defined in Article 2(c), could decide on the jurisdiction of the arbitral tribunal (Article 16(3)) and on applications for setting aside the award (Article 34(2)). The proviso permitting designation of a nonjudicial "authority" was added by the Commission to the Working Group's draft. The primary reason was that in some countries these appointment, challenge, and termination procedures are performed by specialized bodies such as chambers of commerce or national arbitral institutions, and there was a sense that these bodies may be able to perform the functions more efficiently than some courts. In addition, it was noted that the UNCITRAL Arbitration Rules envision appointment of any competent body or organ as the appointing authority " 

The paragraph transcribed confirms three important points I have sustained: (i) the duty of the court in the appointment of the arbitrator is not, strictly speaking, of a jurisdictional nature, but merely that of a nominating authority; (ii) the procedure has to be swift and, (ii) it should not be obstructed by litigious maneuvering. 

Paragraph II of article 1467 of the Code of Commerce

"II. The court shall previously consult with one or more arbitral institutions, chambers of commerce or industry designated at its discretion." 

In part, this section feeds from the practice observed by Mexican courts from the enactment of the arbitral law in 1993, until the incorporation of Chapter X on judicial assistance and control. 

When the drafo of enactment of the UMLA was discussed, I alleged that commercial arbitration could be present in numerous areas of commercial activity, especially if it is international. Courts for civil matters, because of its activity, were overwhelmed of work, resort to arbitration deal with a wide number of subject matters and courts had no contact with the different communities of commercial arbitration to which they could refer. My position was consistent with the note of the commentary of Holtzmann and Neuhaus transcribed above.

My proposal did not prosper. Confusion on the nature of court and arbitral proceedings, which causes many to consider the arbitral function as nearly judicial, prevailed. The decision was that the functions of article 6 of the UMLA belonged to a court. So it was decided in article 1427 of the Commerce Code. 

I must confess that in the exercise of these duties, the courts, on the one side, confirmed my position, and on the other, showed I was wrong. In the 14 years (1999 to 2014) in which I performed as Chair of the Mediation and Arbitration Commission of CANACO, just as in my experience as arbitrator and litigator, I saw how courts, when requested to appoint an arbitrator, regularly contacted CAM and CANACO, asking them to suggest arbitrators. 

The Court Must Provide Sufficient Information

There is little left to explain. Perhaps only to note that the judges, with the information acquired by the previous statements from the parties and the meeting with them, should have sufficient information to make appropriate requests to the institutions, when asking for prospective candidates. In this sense, my experience has been that the courts do not usually provide enough information. In CANACO, for example, it was frequent for the Secretary General to approach the judge to obtain additional necessary information. It was not always successful and frequently suggestions were made in blindness. 

Section III

"III. In making the appointment the judge shall use the following list-procedure, unless both parties agree that the list-procedure should not be used or unless the court determines in its discretion that the use of the list-procedure is not appropriate for the case (RAU, 6)): 

"a) At the request of one of the parties the judge shall communicate to both parties an identical list containing at least three names (RAU, 6(a)). 

"b) Within fifteen days after the receipt of this list, each party may return the list to the judge after having deleted the name or names to which it objects and numbered the remaining names on the list in the order of its preference (RAU, 6(b)). 

“c) After the expiration of the above period of time the court shall appoint the sole arbitrator from among the names approved on the lists returned to it and in accordance with the order of preference indicated by the parties (RAU, 6(c)), and 

"d) If for any reason the appointment cannot be made according to this procedure, the court may exercise its discretion in appointing the sole arbitrator (RAU, 6(d)). 

The material source of section III of article 1467 is found in article 6 of the UAR. For the benefit of space, I included the corresponding reference to the UAR in the transcription above. 

The List System

After the common appointment by the agreement of the parties, the list system is the best to preserve the right of the parties to choose the sole arbitrator or the president of the arbitral tribunal. Also the whole tribunal in multiparty arbitrations. 

The parties receive the list of candidates and will do well if they make all the reasonable research they can, to know them and grade them. 

The candidates that are excluded by any of the parties are definitely eliminated. From among the candidates that were not excluded, the judge shall choose the one who received the best “grades”. 

For example, the list included “A”, “B”, “C”, “D”, “F¨ y “G”. A party excluded “B” and “F” and placed the rest in the following order: 1 “C”, 2 “G”, 3 “A” and 4 “D”. The other party excluded “B” and “C” and put the rest in the following order: 1 “A”, 2 “D”, 3 F and 4 “G”. We will obtain the following result: “B”, “C” and “F”, are excluded. The grade of the survivors is the following: “A” 4, “D” 6 and “G” 6. 

“A” would be the arbitrator. If “A” does not accept the appointment, the next candidate would be chosen by the court between “C” and “G”, who have the same number of points. 

The truth is that with this method, the right of the parties to choose the arbitrator is preserved. Albeit through an indirect method, it is the product of their agreement. 

When consulted regarding an arbitration agreement, I always recommend such method. Some institutions, such as CANACO and ICDR, establish the list method. Others, such as CAM and the ICC, do not have it in their rules, but comply with the agreement of the parties if it so provides. 

Don’t think I’m through with section III. I will continue in the next one. 

*Howard Holztmann and Joseph Neuhaus. ‘A Guide to the UNCITRAL Model La w On International Commercial Arbitration.

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Procedimiento. Artículo 1467. Segunda parte

See below English version.

Como se suele decir, designar un árbitro está en chino. Los chinos dirán que está en español.

En la entrega pasada comencé el análisis del procedimiento para que el juez designe a un árbitro.

Comenté que la reunión que prevé la fracción I del artículo 1467 Cco, era informativa. Esta reunión será mejor en cuanto mas se parezca a las conferencias previas que algunas instituciones arbitrales tienen con las partes; por ejemplo, ICDR y CANACO. 

El juez nominador

En este procedimiento, la función del juez se limita a una de las funciones de la autoridad nominadora; la de designar a un árbitro.

La información necesaria para nombrar a un árbitro, es similar a la que necesita el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya para designar una autoridad nominadora (RUA 1976, 6.2.).

Ya desde 1976, cuando se elaboró el RAU, Mantilla Molina, en representación de México, afirmó que: "el punto importante era que la autoridad nominadora debería saber de que se trataba la disputa; en consecuencia, el demandante debería incluir en su demanda un resumen de la disputa y, de ser posible, una copia del acuerdo de arbitraje". 

Una buena ilustración está en el comentario de 'Redfern & Hunter on International Arbitration’*. Al referirse a la información que suele pedir el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, cuando es requerido de designar a la autoridad nominadora. Estos autores indican que lo que el Secretario General suele pedir incluye la solicitud de arbitraje, el contrato que dio lugar a la disputa y, (si no se encuentra contenido en el contrato), el acuerdo de arbitraje. 

El Secretario General también pide copias de la correspondencia que demuestre que la designación la autoridad nominadora (en nuestro caso, del árbitro) es necesaria porque una parte dejó de designar a su árbitro; o que ha sido imposible llegar a un acuerdo respecto del árbitro único o del árbitro presidente. 

Los reglamentos

También son ilustrativos los reglamentos de arbitraje. En todos se estipulan requisitos que deben satisfacer los escritos que inician el arbitraje. 

Una de las principales funciones de esos intercambios iniciales, es informar a la otra parte y, en su caso, a la institución, de las circunstancias, naturaleza y cuantía involucrada. Para este ejercicio seleccioné el RAU, el Reglamento CCI y el Reglamento ICDR; se trata de una mera muestra. 

RAU. Regla general

Como regla general, podemos tomar las dos versiones del RAU (1976 y 2010).

Cuando se solicite a una autoridad nominadora que nombre a un árbitro, el solicitante deberá enviar a la autoridad nominadora una copia de la notificación de arbitraje, una copia del contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado y una copia del acuerdo de arbitraje si no figura en el contrato. La autoridad nominadora podrá requerir de cualquiera de las partes la información que considere necesaria para el desempeño de sus funciones (RAU 1976, Art. 8.1.).

El RAU 2010, sólo exige al solicitante que envíe a la autoridad nominadora una copia de la notificación del arbitraje y también, en caso de existir, de la respuesta dada a la notificación del arbitraje (RAU 2010, Art. 6.6.).

Datos de las partes

La información relativa a las partes involucradas es muy importante. En mi opinión debe incluir, en la medida de lo posible, la información relativa a los representantes de las partes.

Una persona invitada a ser árbitro, necesita esta información para saber si tiene conflictos de interés presentes o potenciales. También para hacer las manifestaciones que considere pertinente en los términos de los artículos 1428 (LMA 12) y 1467-IV).

Algunos reglamentos, como el RAU 1976, sólo requieren el nombre y la dirección de las partes (RAU 1976, 3.3.b)). Otros, más completos, piden información sobre los representantes de las partes (CCI 4(2)(a)(b), 5(3), 5(1)(a)(b), ICDR 2.3.b).

Acuerdo de arbitraje

En general, los reglamentos no piden la demostración del acuerdo de arbitraje. En algunos basta la referencia al acuerdo de arbitraje (RAU,2. 3.c)). La CCI se refiere a todo convenio pertinente y, en particular, al acuerdo o acuerdos de arbitraje (CCI 4(3)(e)). Otros son mas estrictos y requieren una copia del acuerdo de arbitraje (ICDR, 2.3.d).

Ya expuse que no le corresponde al juez de la jurisdicción voluntaria resolver sobre la cuestión de la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, un juez no puede desestimar una petición por el hecho de que no se demuestre un acuerdo de arbitraje previo.

Supongamos que “A” y “B” tienen una disputa derivada de la ejecución de un contrato, sin que hayan celebrado un acuerdo de arbitraje. 

No obstante la ausencia de acuerdo arbitral, “A” dirige a “B” una comunicación invitándolo a un arbitraje, a cuyo efecto lo invita a designar un árbitro de común acuerdo.

Si “B” no contesta la invitación o, en sus negociaciones, “A” y “B" no se ponen de acuerdo en el nombre del árbitro, “A” puede pedir al juez que haga la designación.

Si “B”, se opone alegando la inexistencia del acuerdo arbitral, el juez pudiera imaginar que tiene un problema; también si “B” no comparece en la jurisdicción voluntaria. Es un falso problema: el juez debe designar al árbitro. 

Una vez designado el árbitro, “B” puede: (i) abstenerse de comparecer al arbitraje; o, (ii) impugnar la competencia del árbitro. 

Si “B” no comparece, el árbitro tiene el deber de examinar su competencia; no hacerlo, sería negligencia. Si el árbitro decide que no tiene competencia, se acaba el asunto. También si “B” opone la incompetencia y el árbitro decide que no hay acuerdo de arbitraje.

Si, en cualquiera de los supuestos de arriba, el árbitro decide que es competente y dicta un laudo, “B” podrá demandar la nulidad del laudo u oponerse a su reconocimiento y ejecución.

En todos los casos, en que se resuelva que no había acuerdo de arbitraje, “A” cargará con los gastos y responsabilidades resultantes.

El contrato

El RAU, en la solicitud de arbitraje, requiere una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado (RAU, 3.d)). Similares disposiciones se encuentran en los Reglamentos ICDR y CCI.

Ésta es información sustancial, cuya importancia es obvia en la selección de un árbitro.

La disputa y la demanda

El RAU pide una referencia a la naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación del monto involucrado (RAU, 3.3.e)). 

El Reglamento CCI pide una indicación de las pretensiones, junto con el monto de cualquier demanda cuantificada y, en la medida de lo posible, una estimación del valor monetario de cualquier otra demanda. Respecto de la contestación pide comentarios sobre la naturaleza y circunstancias de la controversia que ha dado origen a las demandas y los fundamentos que sirven de base a las demandas (4(3)(c)(d),5(1)(c)).

El Reglamento ICDR, se refiere a la pretensión formulada y cualquier monto reclamado (2.3.f ).

Comentario 

Los ejemplos y comentarios de arriba no pasan de ser una muestra de la información que, en general, necesitará el juez antes de consultar con las instituciones arbitrales (fracción II del Art. 1467).

El juez puede pedir más o menos información. Por ejemplo, puede pedir a las partes que sugieran perfiles del árbitro e, incluso, nombres de candidatos. 

Aunque el Cco se refiere solo a una reunión, nada impide que sean varias. Por ejemplo, se puede convocar a una segunda en la que, previamente, las partes complementen su información. 

Todo lo que se haga para facilitar la intervención de las partes, redundará en la confianza y aceptación de las decisiones arbitrales.

----------

Supplementary Legislation.  The Appointment of an Arbitrator by a Court.  Procedure.  Article 1467.  Second Part 

As it is usually said, to designate an arbitrator is in Chinese. Chinese will say it is in Spanish.

In the last post I started the analysis of the procedure for the court to appoint an arbitrator. 

I said that the meeting established in section I of article 1467 of the Code of Commerce was informative. This meeting will be better as long as it resembles the preliminary conferences that some arbitral institutions have with the parties; for example, ICDR and CANACO.

The Appointing Court

In this procedure, the function of the court is limited to one of the functions of the appointing authority; designating an arbitrator.

The information necessary to appoint an arbitrator, is similar to the one needed by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration of The Hague to designate an appointing authority (UAR 1976, 6.2.).

Already since 1976, when the UAR was elaborated, Mantilla Molina, in representation of Mexico, stated that “the relevant issue was that the appointing authority should know what the dispute was about; in consequence, the claimant should include in its claim a summary of the dispute and, if possible, a copy of the arbitration agreement.”

A good illustration is found in the commentary of 'Redfern & Hunter on International Arbitration’*. When referring to the information that is usually required by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration of The Hague, when required to designate the appointing authority. These authors indicate that what the Secretary General usually asks for includes the request for arbitration, the contract that originated the dispute and the arbitration agreement (if not already found in the contract).

The Secretary General also asks for copies of the correspondence that shows that the designation of the appointing authority (in our case, the arbitrator) is necessary because one party refused to appoint its arbitrator; or that it has been impossible to reach an agreement with respect to the sole arbitrator or the chair arbitrator.

The Rules

The rules of arbitration are also illustrative. All of them provide requirements that need to be satisfied by the writs that initiate the arbitration.

One of the main functions of these initial exchanges is to inform the other party and, as the case may be, the institution, of the circumstances, nature and amount involved. I have chosen for this exercise the UAR, the ICC Rules and the ICDR Rules; it is merely a sample.

UAR. General Rule

As a general rule, we can consider the two versions of the UAR (1976 and 2010).

When it is requested from an appointing authority to appoint an arbitrator, the party requesting it shall send to the appointing authority a copy of the arbitration notice, a copy of the contract that causes the dispute or with which the dispute is related, and a copy of the arbitration agreement if it is not embedded in the contract. The appointing authority shall require from any of the parties the information that it considers necessary for the performance of its functions (UAR 1976, Art. 8.1).

The 2010 UAR only requires from the requesting party to send to the appointing authority a copy of the notice of arbitration and also, in case it exists, of the answer given to the notice of arbitration (UAR 2010, Art. 6.6).

Information of the Parties

The information related to the parties involved is very important. In my opinion, it should include, to the extent possible, the information related to the representatives of the parties.

One person invited to be arbitrator, needs this information to know whether it has current or potential conflicts of interest. Also to make the manifestations it deems relevant in terms of articles 1428 (UMLA 12) and 1467-IV.

Some rules, such as UAR 1976, only require the name and address of the parties (UAR 1976, 3.3.b)). Others, more complex, request information on the representatives of the parties (ICC 4(2)(a)(b), 5(3), 5(1)(a)(b), ICDR 2.3.b).

Arbitration Agreement

In general, the rules don’t ask for the evidence of the arbitration agreement. In some of them a reference to the arbitration agreement suffices (UAR,2. 3.c)). The ICC refers to any relevant agreement and, in particular, the arbitration agreements (ICC 4(3)(e)). Others are stricter and require a copy of the arbitration agreement (ICDR, 2.3.d).

I have already explained that it does not belong to the court in voluntary jurisdiction to solve the issue of the existence and validity of the arbitration agreement. Therefore, a court cannot ignore a request based on the fact that a previous arbitration agreement does not exist. 

Let us suppose that “A” and “B” have a dispute derived from the enforcement of a contract, without them having celebrated an arbitration agreement.

Notwithstanding the absence of the arbitration agreement, “A” sends “B” a communication inviting it to an arbitration, for which “A”: invites “B” to appoint an arbitrator by mutual agreement.

If “B” does not answer the invitation or, during the negotiations, “A” and “B” cannot reach an agreement on the name of the arbitrator, “A” may ask the court to make the designation.

If “B” opposes by alleging the inexistence of the arbitration agreement, the court may imagine it has a problem; also if “B” does not appear during the voluntary jurisdiction. It is a false problem: the court must appoint the arbitrator.

Once the arbitrator has been appointed, “B” may (i) refrain from appearing at the arbitration; or, (ii) challenge the jurisdiction of the arbitrator.

If “B” does not appear, the arbitrator has the duty of examining its jurisdiction; it would be negligent not to do so. If the arbitrator decides it has no jurisdiction, the matter is ended. Also if “B” alleges the lack of jurisdiction and the arbitrator decides that there is no arbitration agreement.

If, in any of the above hypothesis, the arbitrator decides it has jurisdiction and issues an award, “B” may file a request to set aside the award, or oppose to its recognition and enforcement.

In all cases in which it is resolved there is no arbitration agreement, “A” shall bear the costs and resulting liabilities. 

The Contract

The UAR, in the request of arbitration, requires a reference to the contract from which the dispute derives or with which the dispute is related (UAR, 3.d)). Similar provisions are found in the ICC and ICDR Rules.

This is essential information, which importance is obvious in the selection of an arbitrator.

The Dispute and the Claim

The UAR requires a reference to the general nature of the claim and, if it proceeds, the indication of the amounts involved (UAR, 3.3.e)). 

The ICC Rules require an indication of the claims, along with the amount of any quantified claim and, to the possible extent, an estimate of the monetary value of any other claim. With respect to the answer, it requires comments on the nature and circumstances of the dispute that gave rise to the claims and the grounds that serve as basis to such claims (4(3)(c)(d),5(1)(c)).

The ICDR Rules refer to the claim being made and any other claimed amount (2.3.f).

Commentary

The examples and comments above are nothing more than a sample of information that, in general, will be needed by the court before consulting with the arbitral institutions (section II of Art. 1467).

The court may ask for more or less information. For example, it can request the parties to suggest profiles of the arbitrator and even names of candidates.

Albeit the Code of Commerce refers only to a meeting, nothing prevents from having several. For example, a second can be called for in which, previously, the parties would supplement the information originally provided.

All that which is done to facilitate the intervention of the parties, will derive in the trust and acceptance of the arbitral decisions.

Bibliography: Since I already quoted above, the work of N. Blackaby and C Partasides, Redfern and Hunter on International Arbitration, should be considered essential.

Bibliografía: Ya que lo cité arriba, la obra de N. Blackaby and C Partasides, Redfern and Hunter on International Arbitration, debe considerarse ineludible.

El procedimiento para designar a un árbitro lo establece el artículo 1467 Cco

See below English version.

¿Sorpresas?

El procedimiento para designar a un árbitro lo establece el artículo 1467 Cco, que comienzo a explicar en esta ocasión.

Se suele decir que un arbitraje es tan bueno, o tan malo, como los árbitros. Puede que este lugar común sea exagerado, pero no cabe dudar de la importancia de los árbitros. Al sustituir a las partes en la designación, el juez tiene una gran responsabilidad y debe estar lo mejor informado que sea posible. En cierta forma, debe portarse como el ganadero que compra una vaca. 

Mis amigos procesalistas, no todos sino los que son formalistas a ultranza, pueden verse sorprendidos. Habrá que convencerlos de que se trata de una simple intervención en auxilio del arbitraje y del cumplimiento del acuerdo arbitral. Por ello, el procedimiento y las consecuencias de la intervención judicial son peculiares. 

La demanda

La petición de auxilio judicial para la designación de árbitros procede en jurisdicción voluntaria.

Ni el Cco ni el CFPC requieren la satisfacción de condiciones específicas en la demanda, que no sean otros que los mínimos de cualquier demanda conforme al artículo 322 CFPC. Bastará con que la demanda exprese los nombres y direcciones de las partes, los hechos que fundan la petición y la petición de designar al árbitro.

El demandante solo debe acreditar los supuestos del artículo 1427 Cco, esto es, que dentro del término de treinta días: (i) las partes no se pusieron de acuerdo sobre el árbitro único; o (ii) los árbitros designados por las partes no se pusieron de acuerdo en el nombre del tercer árbitro; o (iii) una parte fue requerida para designar el árbitro que le corresponde y no lo designó; o (iv) que el tercero (autoridad nominadora) no actuó. 

Se trata de hechos negativos, por lo que el demandante sólo debe demostrar las circunstancias del hecho que fija el comienzo del término del computo de treinta días; por ejemplo, la designación de los dos árbitros y las fechas en que aceptaron el encargo. 

Es importante notar que no se requiere que el demandante debe demostrar la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Esta es una cuestión cuya competencia corresponde al tribunal arbitral y que no puede ser ventilada en la jurisdicción voluntaria. 

Discrecionalidad

El encabezamiento del artículo 1467, dice:

“Salvo que en las circunstancias del caso sea inconveniente, al designar árbitro o árbitros o adoptar las medidas a que se refiere el artículo anterior, se observará lo siguiente:"

El encabezamiento deja a la discreción del juez el apartarse del procedimiento establecido en el artículo 1467. Las hipótesis en el arbitraje, sobre todo en el internacional, son múltiples. En beneficio de la racionalidad y rapidez del procedimiento, el legislador estimó necesario dar al juez discreción para evitar disputas y prolongaciones innecesarias. En uso de esta facultad el juez debe ser cuidadoso, pero flexible. 

Por ejemplo, pudiera haber razones para considerar que seguir las formalidades del emplazamiento provocaría retrasos inútiles.

El inciso a) del párrafo I del artículo 1418 (MLA, 3(1)), dice que se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal; en el caso de que no se obtenga después de una indagación razonable la ubicación de algunos de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación escrita enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario, por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega.

Si el peticionario acredita ante el juez que hizo las gestiones requeridas y que no tuvo otro remedio que hacer el requerimiento de designación de árbitro en los términos de la parte final del párrafo anterior, ¿cuál sería el propósito de gastar tiempo y recursos en hacer un emplazamiento por edictos conforme a los formalismos del CFPC?

Importancia de la notificación

No olvidemos que es una gran imprudencia seguir un procedimiento arbitral viciado desde su origen. La designación de un árbitro, sin cumplir escrupulosamente con todas las medidas apropiadas para notificar a una parte, es una actuación irresponsable. Genera el riesgo de causar graves daños a la parte que obtuvo la designación. 

En efecto, la parte interesada y el tribunal arbitral, deben ser escrupulosos en cuidar que no se prive a una parte del derecho de intervenir en la constitución del tribunal arbitral. Un laudo puede ser anulado, o su reconocimiento y ejecución denegada, si la parte en contra la que se dictó demuestra que no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o si el tribunal no se constituyó conforme al acuerdo de las partes o la ley del arbitraje (CNY, V(1)(b)(d), Cco, 1457(I)(b)(d), 1462(I)(b)(d), MLA 34(2) (ii)(iv), 36(2)(ii)(iv)).

Fracción I

"El juez deberá oír previamente a las partes, a cuyo efecto podrá, si lo estima conveniente, citarlas a una junta para oír sus opiniones."

Aunque la fracción I del artículo 1467 afirma la garantía de audiencia, no debe entenderse en el sentido de que es la ocasión de las partes de hacer valer acciones, excepciones o defensas. 

Indudablemente que una parte puede hacer valer las defensas y excepciones que considere oportunas. Pero por ningún motivo podrá el juez darles el tratamiento de excepciones y defensas; así resulta de la exclusión del artículo 533 CFPC.

La designación del árbitro, por si misma, no afecta los derechos de las partes. Una parte que se considere afectada conserva sus derechos: (i) de recusar al árbitro; (ii) de hacer valer la incompetencia del tribunal arbitral; (iii) de obtener la anulación del laudo; o, (iv) de obtener la denegación de su reconocimiento y ejecución.

Un juez requerido para designar un árbitro desconoce la naturaleza, complejidad y todas las circunstancias importantes para designar a un árbitro apropiado. El escrito inicial puede contener mas o menos información, pero en general será insuficiente. 

El propósito de la audiencia, oral o escrita, es predominantemente informativo. Tanto en la fracción I, como en la fracción II del artículo 1467, que comentaré en la próxima entrega, tienen como finalidad proveer al juez con la información mínima para designar un buen árbitro.

Se trata de una conferencia similar a la que realizan algunas instituciones arbitrales durante la fase de designación del tribunal. La audiencia, que de preferencia debe ser con asistencia de las partes, permitirá dialogar acerca de estas circunstancias; también servirá para informar al juez sobre las expectativas de los contendientes respecto de las cualidades del árbitro, incluyendo el manejo de nombres de candidatos.

Lo ideal sería que las partes se pusieran de acuerdo. Si no es así, el juez, con el conocimiento obtenido de la información de las partes y la ayuda de las instituciones arbitrales, podrá designar un árbitro apropiado.

Bibliografía. Mantengo la recomendación previa: releer y reflexionar.

----------

Supplementary Legislation for the UMLA.  The judge appointing the Arbitrator. Procedure. Article 1467.

Surprises?

The procedure to appoint an arbitrator is established in the Cco, Article 1467, which I commence to explain in this post.

It is used to say that the arbitration is as good, or as bad, as the arbitrators. This might be an overstatement, but the importance of the arbitrators is real. The appointing judge has a large responsibility when is requested to substitute the will of parties in the arbitrator’s appointment. Indeed, in need to gather as much information as possible. In a sense, the judge has to act as a rancher buying a cow.

My litigators friends, not all but the staunch formalists, might be surprised. It is a heavy task to convince them that the appointment of arbitrators by a judge is a simple court intervention in support of arbitration and the performance of the arbitration agreement. That is why the procedure and consequences of the court intervention look peculiar to them.

The statement of claim

The request of court intervention for the appointment of an arbitrator proceeds in voluntary jurisdiction.

According to article 322 of the FCCP, the statement of claim does not require specific requisites, other than a regular lawsuit under the FCCP. It is enough to name the parties, their addresses, the facts that support the request and the petition to appoint the arbitrator.

The petitioner only need to demonstrate the actualization of the hypothesis of article 1427 Cco, that are: (i) the parties could not agree on the sole arbitrator; or (ii) the arbitrators appointed by the parties could not agree in the appointment of the third arbitrator; or (iii) one party was required to appoint an arbitrator and it did not make the appointment; or (iv) the third party (appointing authority) did not perform as agreed.

In general, those facts are negative, so the requesting party only has to demonstrate the factual circumstances that started the calculation of the thirty days term; for example, the dates when the two arbitrators accepted their appointment.

It is important to notice that the petitioner does not need to prove the existence and validity of the arbitration agreement. If this issue arises, it shall be decided by the arbitral tribunal and cannot be considered in the voluntary jurisdiction.

Discretionary power

The heading of article 1467, establishes:

“Unless that under the circumstances of the case it may be inappropriate, upon appointing an arbitrator or arbitrators or adopting the measures referred to in the preceding article, the following shall be observed:”

The provision leaves the decision of the procedure to the judges’ discretion. The hypotheses in arbitration, especially in international arbitration, are varied. In benefit of the rationality and velocity of the proceedings, the legislator left in the hand of the judge the decision of how to proceed, so to avoid unnecessary controversies and delays. The judge shall be careful, but flexible, when exercising this power.

There might be reasons to consider that accomplishing the notification formalities, in accordance to Mexican law, would cause useless delays.

For example, paragraph I subsection a) of Article 1418, states that any written communication is deemed to have been received if it is delivered to the addressee personally or if it is delivered at its place of business, habitual residence or mailing address; if none of these can be found after making a reasonable inquiry, a written communication is deemed to have been received if it is sent to the addressee's last-known place of business, habitual residence or mailing address by registered letter or any other means which provides a record of the attempt to deliver it.

If the petitioner proves that it made the required actions and failed, so it had no other recourse than to request the court appointment of the arbitrator, which would be the purpose of spending time and resources in making the notification by publications in the press, according to the formalities of the FCCP?

Importance of the notification

Care should be taken. It cannot be forgotten that is not prudent to go ahead with an arbitral proceeding tainted by lack of notice since its origin. The appointment of an arbitrator, without accomplishing scrupulously all the appropriate measures to notify the other party, is a negligent action. It might cause serious damages to the party that got the appointment.

In fact, the interested party and the arbitral tribunal shall be scrupulous in taking care not to deprive the right of a party to participate in the constitution of the arbitral tribunal. An award can be set aside, or its enforcement and recognition denied, if the loosing party proves that it was not properly notified of the appointment of the arbitrator or that the arbitral tribunal was not constituted in conformity with the arbitration agreement or the arbitration law (V(1)(b)(d) of the NYC; 1457(I)(b)(d), 1462(I)(b)(d) of the Cco; 34(2)(ii)(iv), 36(2)(ii)(iv) of the AUML).

Paragraph I

“The judge must hear the parties previously, for such purpose, and if it deems it appropriate, call them for a meeting to hear their opinions.”

Even when paragraph I, of Article 1467, grants the right to a hearing, it cannot be understood as giving the parties the opportunity to raise actions or defenses.

Certainly, a party can allege the arguments that it considers appropriate. But the judge cannot entertain them; that is the result of the exclusion of Article 533 of the FCCP.

The appointment of an arbitrator, by itself, does not affect the rights of the parties. A party that considers that it has been affected keeps its rights: (i) of challenging an arbitrator; (ii) of asserting the incompetence of the arbitral tribunal, (iii) or seeking the setting aside the award; or, (iv) getting the recognition and enforcement denied. 

A judge that has been required to appoint an arbitrator does not know the nature, complexity and all the important circumstances to appoint the appropriate arbitrator. The first written statement may contain some information, but usually it might be insufficient. 

The purpose of the audience, written or oral, is mainly informative. Paragraphs I and II, of Article 1467, that I will comment in the next delivery, aim to provide the judge the minimum information to appoint a good arbitrator.

The hearing is similar to the conference that some arbitral institutions usually convene during stage of the appointment of arbitrators. This meeting, preferably attended by the parties, allows comments about the relevant circumstances for the appointment; it also helps to inform the judge about the expectations of the parties related to the arbitrators’ qualities, including some candidates’ names.

The ideal would be that the parties agree on the name of the arbitrators. If that is not the case, the judge shall appoint the appropriate arbitrator with the knowledge obtained from the information provided by the parties, and the help of the arbitral institutions.

Bibliographic note: I keep the last recommendation: read again and think.