Confidencialidad. Ley aplicable Final

Cierre

Con esta entrega terminaré con la cuestión de la confidencialidad. También con el blog por este año.

Premisas

El 25 de noviembre de 2014, me referí a las disposiciones de las Reglas de la IBA sobre la protección de la información confidencial. Específicamente a los artículos 9.2., y 9.3. Según estas disposiciones, el tribunal puede considerar aplicables determinadas normas jurídicas o éticas, o ciertos documentos pueden protegerse por razones comerciales o técnicas o, incluso, por razones de sensibilidad política o institucional a criterio de los árbitros.

En esa ocasión afirmé que el poder de los árbitros para decidir cuales son “las normas jurídicas o éticas determinadas como aplicables por el tribunal”, tiene limites. Es cierto que el tribunal debe conducir el arbitraje de la manera que las partes lo hayan convenido y, a falta de acuerdo, del modo que considere apropiado (Cco, 1435, LMA 19). Pero una cosa es la ley del arbitraje y otra es la ley que, bajo diferentes nombres y formas, regula la confidencialidad. Me parece que esta cuestión la dejé trunca.

El 2 de diciembre de 2014, continué el tema de la ley aplicable, a cuyo efecto di un ejemplo. Actuando como árbitro único, y en relación con las diferencias entre las partes sobre la aplicación de los privilegios "Attorney Client" y "Work Product", conocidos en los Estados Unidos y que una parte pretendía se aplicaran a documentos generados en Venezuela. Mi decisión fue que la parte que invocó esos privilegios, no demostró que eran aplicables. Para entender bien lo que sigue es importante referirlos al ejemplo.

Al revisar esas entregas caí en la cuenta de que no fui claro. Incluso pueden dar lugar a una concepción contraria a mi opinión sobre el tema. Por lo que conviene que resuma la cuestión como sigue.

Las reglas convenidas obligan. Los lineamientos no

Si las partes en el arbitraje estipularon el artículo 9 de las Reglas de la IBA, no hay duda sobre su obligatoriedad. No habría que buscar en las leyes de los Estados Unidos o Venezuela, salvo que alguna disposición aplicable de las leyes de esos Estados fuera inderogable.

Ahora bien, si el artículo 9 de las Reglas de la IBA no es norma aplicable, pero puede ser considerado como un lineamiento, la cuestión se puede complicar ¿De donde surge el poder de los árbitros para aplicarlo? No de la ley del arbitraje que, para efectos de su consideración en este análisis, era la FAA de los Estados Unidos; en armonía con la LMA, especialmente el artículo 19 (Cco, 1435). Una es la ley del arbitraje y otra la de la protección de la confidencialidad, los privilegios y derechos al secreto en general.

La LMA no lo prevé

Desde el punto de vista de la territorialidad de LMA (LMA 1, Cco 1445), estaríamos ante un caso no regulado por la LMA (tampoco por el Cco). No he encontrado en los trabajos preparatorios que la cuestión haya sido considerada entonces. En consecuencia, la solución dependerá de la ley aplicable. En principio esa ley será la del lugar que obliga o protege a los propietarios o tenedores de la información. En el ejemplo se trataba de información generada en Venezuela, por abogados establecidos en Venezuela; en principio, era aplicable la ley venezolana.

La carta magna y los usos

Sin embargo, las disposiciones de la LMA no son por completo ajenas a la cuestión. La carta magna del arbitraje, es ineludible: debe darse a las partes trato igual y plena oportunidad de presentar su caso (LMA 19, Cco 1435). 

Los árbitros, también, deben considerar el principio del párrafo cuarto del artículo 28 LMA (Cco 1445), según el cual los árbitros deben siempre tomar en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. En efecto, las disputas sobre la protección de la información confidencial, secreta o privilegiada, son cuestiones sustantivas. Nada sería tan absurdo como ignorar los usos comerciales en esta materia.

Igualdad de trato

Si una parte tiene una protección mayor que la otra y lo hace valer, el principio de trato igual obliga a proporcionar a la otra parte el mismo grado de protección; este principio es de aplicación universal (ver, por ejemplo, ICDR 22, IBA 9(3)(e)).

Normas éticas

Pero, también, son de reconocimiento universal ciertas situaciones como las descritas arriba en las Reglas de la IBA. Por ejemplo, las normas de ética profesional no pueden dejarse de lado por un profesionista; el hecho de que carezcan de sanción legal no las hace menos obligatorias. Se trata de respetar la integridad y valores morales de los profesionistas y de los colegios a que pertenecen.

Secretos

Otras situaciones son comunes. Al margen de muchas justificadas exigencias de transparencia, hay razones de Estado y de sensibilidad política que son valores dignos de protección. 

También los secretos comerciales o industriales. Es frecuente que los empresarios desarrollen proyectos o procedimientos industriales sin obtener la protección de la propiedad industrial o intelectual. Sea porque no se ajustan exactamente a las condiciones requeridas para la protección, o porque la protección es insuficiente, o porque el propietario conoce el mito del Rey Midas y confía mas en el secreto absoluto.

Por ejemplo, en un arbitraje una parte que construía un hotel exclusivo, de gran lujo, negó el acceso al cuarto maestro, que sería la base para la construcción del resto de los cuartos y suites. La razón que dio fue muy clara: lo estaba protegiendo de copias. Una patente de modelo no le daría suficiente protección.

Sin duda que en todos esos casos es información que debe protegerse, por la ley o por los usos comerciales e industriales. Un árbitro no puede desconocer el derecho al secreto en tales condiciones, basado en inflexibles principios legalistas. 

Suele ser información tan valiosa o delicada, que la parte a la que se le impusiera la obligación de revelarla pudiera preferir abandonar sus pretensiones en el arbitraje. En otras palabras, forzar la manifestación de esos secretos puede ser una forma indirecta de negar a la parte afectada el derecho de presentar su caso.

Árbitros, no pueden curar negligencias

A la luz de lo anterior, me podrán preguntar porque, en el caso a que me he venido refiriendo, no consideré que los privilegios alegados debían aplicarse. La respuesta es sencilla: porque la parte que los hizo valer presentó una torpe defensa. 

Esa parte no hizo valer circunstancias sustanciales que justificaran la protección que invocaba, incluso ante la ausencia de protección bajo la ley venezolana. 

En su lugar, invocó resoluciones de tribunales de los Estados Unidos cuyos antecedentes no guardaban relación con las circunstancias del caso. Pero no hizo valer disposiciones aplicable de conflictos de leyes que fundaran su pretensión de aplicar el derecho procesal de los Estados Unidos.

También alegó lugares comunes y argumentos inconducentes (que las consultas se hicieron desde los Estados Unidos, los pagos de honorarios desde ese país y los abogados formaban parte de una firma con presencia internacional). Amén del argumento de la igualdad de trato, que no procedía porque la parte contraria no invocó privilegios semejantes que justificaran sus pretensiones.

En otras palabras, se ahorcó con su propia mano.

Lo digo y lo repito: el arbitraje es un arte.

Feliz Navidad y año nuevo

Como lo anuncié arriba, con esta entrega me despido por este año. Estoy muy agradecido con ustedes, ya que desde la primera publicación del blog, el 28 de octubre de 2013, hasta el momento en que escribo estas palabras, el blog ha recibido 12,925 clics. La mayoría de México y de los Estados Unidos, pero también de muchos otros países ubicados en los cinco continentes. Es un privilegio (no protegido), tenerlos como amigos.

Les deseo que sean muy felices procurando la felicidad de sus prójimos.

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Closing

With this post I will finish with the issue of confidentiality. Also with this year’s blog.

Premises

On November 25 of 2014, I referred to the provisions of the IBA Rules on the protection of confidential information; specifically to articles 9.2 and 9.3. Pursuant to these provisions, the tribunal may consider determined legal or ethical rules applicable, or certain documents may be protected for commercial or technical reasons, or furthermore, for reasons of political or institutional sensibility as per the arbitrators’ discretion.

On that occasion I stated that the power of arbitrators to decide which the legal or ethical rules are determined to be applicable by the tribunal has its limits. It is true that the tribunal must conduct the arbitration in the manner agreed by the parties and, failing such agreement, in the manner it deems appropriate (Code of Commerce, 1435, UMLA 19). But one thing is the law of arbitration, and another one the law which, under different names and forms, governs confidentiality. I left this issue unfinished.

On December 2 of 2014, I continued with the topic of applicable law, for which I gave an example. Acting as sole arbitrator and in connection with the differences between the parties regarding the application of the “Attorney-Client” and “Work-Product” privileges, known in the United States, and which one of the parties wanted to apply to some documents created in Venezuela. My decision was that the party who invoked those privileges did not prove they were protected under Venezuelan law. To fully understand what follow is important to refer you to the example.

When reviewing these posts I noticed that I was not clear. I may even create a notion contrary to my opinion on the subject. For which it is convenient to summarize the matter as follows.

Rules Agreed Upon are Binding. Guidelines are Not

If the parties in the arbitration agreed on the application of article 9 of the IBA Rules, there is no doubt as to its binding nature. One would not have to search in the laws of the United States or Venezuela, except that one applicable provision of the laws of those countries would be mandatory.

Now, if article 9 of the IBA Rules is not the applicable rule, but may be considered as mere guidelines, the matter may get complicated. Which is the source of the power of arbitrators to apply it? Not from the law of arbitration, which, for the purposes of this analysis, was the FAA of the United States: in harmony with the UMLA, specially article 19 (Code of Commerce, 1435). One is the law of arbitration and another one the protection of confidentiality, privileges and rights to secrecy in general.

It is Not Regulated in the UMLA

From the standpoint of territoriality of the UMLA (UMLA 1, Code of Commerce 1445), we would face a case not regulated by the UMLA (neither by the Code of Commerce). I have not found in the preparatory works that the matter was considered then. In consequence, the solution will depend on the applicable law. In principle that law will be that of the place which binds or protects the owners or possessors of the information. The example was about information created in Venezuela, by lawyers based in Venezuela; in principle, Venezuelan law was applicable.

Magna Charta and Usages

However, the provisions of the UMLA (in the case the FAA) are not completely alien to the matter. The Magna Charta of arbitration is unavoidable: the parties are to be given equal treatment and full opportunity to present their cases (UMLA 19, Code of Commerce 1435). 

The arbitrators, also, should consider the principle of paragraph 4 of article 28 of the UMLA (Code of Commerce 1445), pursuant to which the arbitrators must always take into account the commercial usages applicable to the case. Indeed, disputes on the protection of confidential information, secret or privileged, are substantive matters. Nothing would be so absurd than to ignore commercial usages in this subject.

Equality of Treatment

If a party has greater protection tan the other and proves it, the principle of equal treatment obliges to provide the other party with the same level of protection; this principle is of universal application (see, for example, ICDR 22 and IBA 9(3)(e)).

Ethical Rules

But, also, certain situations as the ones described above are of universal recognition in the IBA Rules. For example, rules of professional ethic cannot be left aside by a professional; the fact that they lack legal sanction does not deem them less binding. It is all about respecting integrity and moral values of professionals and the bars they belong to.

Secrets

Other situations are common. At the face of many justified demands for transparency, there are State reasons and of political sensibility which are values worthy of protection.

Also commercial or industrial secrets. It is frequent for businessmen to develop projects or industrial procedures without seeking intellectual protection. Whether that is because they don’t exactly adjust to the conditions required for its protection, or because the protection is insufficient, or because the owners know the myth of King Midas and trust more on absolute secrecy.

For example, in an arbitration, a party that was building a very luxurious design hotel, denied any access to the master room, which would be the basis for the construction of the rest of the rooms and suites. The reason the party provided was definitive: it was protecting its project from being copied. A patent of the model would not provide sufficient protection.

No doubt that in all those cases, it is information that should be protected, by law or by commercial and industry usages. An arbitrator cannot ignore the right to secrecy in such conditions, based on rigid, legalistic, principles.

It may be such valuable and delicate information, that the party to which the obligation to disclose is imposed, might prefer to abandon its interests in the arbitration. In other words, to force the disclosure of these secrets might be an indirect way of denying the affected party’s right to present its case.

Arbitrators Can’t Cure Negligence

In light of the above, you may ask why, in the case that I have been referring to, I did not consider that the alleged privileges should have been applied. The answer is simple: because the party that referred to them presented a negligent defense.

That party did not refer to the substantial circumstances that would justify the protection it invoked, even before the absence of protection under Venezuelan law.

Instead, it invoked resolutions from courts of the United States which background had no resemblance with the circumstances of the case. It also did not invoked applicable conflicts of law provisions that provided basis to its request of application of the procedural law of the United States.

It also alleged common places and inconclusive arguments (that the consultations upon which the documents were created had been requested from the U.S.A. headquarters, fees were paid from the U.S.A and the lawyers were part of a firm with international presence). The argument of equality of treatment was of no avail because the other party had not invoked similar privileges that justified its request.

In other words, that party hanged itself.

I said it and repeat it: arbitration is an art.

Merry Christmas and Happy New Year

As I announced above, with this post I say goodbye for this year. I am very grateful with you all, for since the first publication of the blog, on October 28 of 2013, until the moment these words were written, the blog has received 12,925 clicks. The majority from Mexico and the United States, but also from many other countries located in the five continents. It is a privilege (unprotected) to have you as friends.

I wish all the happiness available by your causing the happiness of those around you.