No tocar porque quema Asistencia en pruebas

See below English version.

No tocar porque quema

La legislación complementaria del Cco sobre la asistencia judicial en la obtención de pruebas en el arbitraje es, con sabiduría, escueta e insuficiente. El asunto puede ser tan complicado que será mejor que los jueces, cuando sean requeridos, tengan la claridad mental e inventiva necesarias para crear jurisprudencia. Mientras tanto, la experiencia es que los tribunales arbitrales le huyen a esas peticiones de auxilio como si se tratara del diablo.

El marco legal

El artículo 1444 del Cco (27 LMA), dice:

"El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación de éste, podrá solicitar la asistencia del juez para el desahogo de pruebas".

El Cco omitió la oración final del artículo 27 LMA, que dice:

"El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.

Esta última parte del artículo no se incluyó al incorporar la LMA en 1993 (cosas del Aprendiz de brujo).

Sin embargo, en la reforma de 2010, sobre la asistencia judicial al arbitraje, se dispone sobre esta cuestión. Según la fracción II del artículo 1466 del Cco, se tramitará en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del CFPC, la solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el artículo 1444 del Cco. Sobre el concepto de jurisdicción voluntaria hice comentarios.

Necesidad de la asistencia

La necesidad de asistencia judicial para obtener pruebas, deriva de las siguientes razones: (i) los árbitros no tienen autoridad para obtener la ejecución forzosa de sus determinaciones, la que sólo puede obtenerse con el auxilio de la autoridad judicial; y, (ii) los poderes de los árbitros derivan del acuerdo de arbitraje. En consecuencia, los árbitros no pueden obligar a terceros para que produzcan evidencia.

A la luz de esas consideraciones, es indudable que la asistencia judicial puede ser necesaria y muy útil. Sin embargo, es una cuestión que tiene sus bemoles, por lo que sólo se recurrirá a ella en casos excepcionales. En el arbitraje hay maneras de eludirla.

La problemática

Me referiré primero a la problemática que surge del artículo 1444 (LMA 27). En una entrega posterior, continuaré con la manera de tramitar la jurisdicción voluntaria.

En mi opinión el principal problema, por su importancia práctica, es el riesgo de que la interferencia de la ley procesal interna y el recurso a las cortes judiciales, causen dilaciones al procedimiento arbitral. Incluso aun cuando la petición se haga de buena fe. No me refiero a dilaciones menores; pueden significar meses o años.

Por ejemplo, en ciertas legislaciones el tribunal debe pedir al juez que obligue a los testigos renuentes a comparecer. Recuerdo un caso de un arbitraje IDCR, en Colombia. Entonces, no se si ahora todavía, la legislación colombiana del arbitraje nacional contenía una disposición por ese tenor. Estábamos en la audiencia final y un par de testigos no se presentaron. Una parte pidió que el tribunal hiciera la petición al juez; los lectores podrán hacer cálculos del tiempo que hubiera llevado el trámite. A mi me dieron escalofríos; ciertamente que no hubiéramos terminado la audiencia esa semana. Afortunadamente, en la legislación colombiana esa disposición no se aplicaba al arbitraje internacional, lo que permitió al tribunal salvar el escollo.

Desde la negociación del artículo 27 LMA, se vieron las dificultades. El grupo de trabajo, y luego la Comisión, le dedicaron más tiempo del que parece resultar de la escueta redacción del artículo 27. 

Por ejemplo, uno de los obstáculos fue la consideración de que en algunos países podría ser difícil, si no imposible, asegurar la asistencia judicial. Lo que hacía especialmente difícil obtener un texto uniforme completo.

También era difícil convenir un texto uniforme sobre: (I) el contenido de la petición de auxilio judicial; (ii) si la corte judicial se debería limitar a recibir la evidencia o usar su poder para obligar a que la evidencia se produjera ante el tribunal arbitral; y, (iii) las condiciones en las cuales una corte judicial podría rechazar la petición de ayuda.

Siendo prácticamente imposible negociar un texto razonablemente corto, se terminó por adoptar el texto que arriba transcribí. Con ello no desaparecieron los problemas, sino que las soluciones se dejaron en manos de los legisladores nacionales cuando incorporaran la LMA. Comentaré los principales.

Al contenido de la petición haré referencia cuando me ocupe de trámite de la jurisdicción voluntaria. 

¿Qué debe hacer el juez?

Una cuestión fue la de si, según sea el caso, el tribunal judicial podrá recibir la evidencia directamente u ordenar a una parte o un tercero a que la produzcan ante el tribunal arbitral. 

En la regulación del Cco, parece que todo dependería de la petición que se haga al juez. Es lógico inferir que tanto si la petición la hace el tribunal arbitral, como si la hace una parte con su autorización, la petición deberá hacerse circunstanciadamente y con claridad. Pero si hay un lugar en donde se justifica aquello de que ‘el diablo está en los detalles’, es en el desahogo de las pruebas.

Por ejemplo, si se trata de obtener la declaración escrita de un testigo, se deberán remitir los interrogatorios que las partes hayan presentado y, probablemente, instrucciones sobre la manera de dar las respuestas. Pero no basta. En la recepción de la prueba de testigos en el arbitraje, las declaraciones escritas son el testimonio directo. Si una parte quiere someter a uno de esos testigos a un contra-interrogatorio, los problemas para obtener la asistencia judicial son como para sentarse a llorar en una piedra picuda. No tengo espacio para describirlos.

Si lo que se pretende es que el testigo declare directamente ante el tribunal judicial, la cuestión también será compleja. Se tendrían que remitir antecedentes suficientes sobre los puntos en litigio que son relevantes a la declaración, la extensión de los poderes del juez para regular el desahogo de la prueba, la identificación de las partes y sus representantes, los documentos que el testigo deberá examinar, etcétera. 

Si se trata sólo de obtener que se obligue al testigo a declarar ante el tribunal arbitral, tendría que señalarse, entre otros, el lugar y la fecha de la audiencia. La audiencia tendría que fijarse para una fecha lejana, porque la tramitación del procedimiento ante el juez lleva tiempo. Si el testigo desacata, habrá que regresar con el juez para que imponga nuevos apremios. El cuento de nunca acabar.

Similares consideraciones tendríamos que hacer si se trata de la presentación de documentos u otra información similar. Y no sigo con expertos, vistas de inspección y otras; me basta con dejárselas a su imaginación.

Apremio terceros

También diferirá el tratamiento dependiendo de si la orden del tribunal es contra una de las partes en el acuerdo de arbitraje, o contra un tercero ajeno a esa estipulación contractual. La información que deberá remitirse al juez requerido será diferente y la manera de desahogar las actuaciones judiciales de prueba. 

Encuentro dudoso que un juez tenga poder para conminar a un tercero a proveer de evidencia en un arbitraje que le es ajeno; como le será ajeno, probablemente, al contrato o la relación que dio origen a la controversia. Por ejemplo, cuando el tercero aduce motivos fundados para no prestar la evidencia; tales como que se viola su derecho a la confidencialidad de sus registros, documentos, secretos de negocios, deberes de confidencialidad con terceros, etcétera. En ese y otros casos semejantes, el tribunal judicial deberá valorar si concede o no concede la petición de asistencia.

Bibliografía: ¿El exorcista?


----------

Court Assistance in Gathering Evidence. The Devil in the Details

Do Not Touch, for it Burns

The implementing legislation of the Commerce Code on court assistance in taking evidence in arbitration is, wisely, scarce and insufficient. The matter can be so complicated that it will be better for the courts, when so required, to have the mental clarity and necessary inventiveness to create jurisprudence. Meanwhile, the experience is that arbitral tribunals flee from these requests of assistance as if they were the devil itself.

The Legal Framework

Article 1444 of the Commerce Code (27 UMLA), says:

"The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request from a competent court of this State assistance in taking evidence."

The Commerce Code omitted the final phrase of article 27 of the UMLA, which says:

"The court may execute the request within its competence and according to its rules on taking evidence.”

This last part of the article was not included when enacting the UMLA in 1993 (issues of the Sorceror’s Apprentice)

However, in the 2011 amendment on court assistance to arbitration, this matter is dealt with. Pursuant to section II of article 1466 of the Commerce Code, court assistance for taking evidence foreseen in article 1444 of the Commerce Code shall be substantiated through voluntary jurisdiction pursuant to articles 530 to 532 and 534 to 537 of the Federal Code of Civil Procedures. I have made some comments on the concept of voluntary jurisdiction.

Need for Assistance

The need for court assistance in taking evidence derives from the following reasons: (i) the arbitrators do not have authority to obtain the compulsory enforcement of their determinations, which may only be obtained with the aid of the court authority; and, (ii) the powers of the arbitrators derive from the arbitration agreement. In consequence, the arbitrators cannot force third parties to produce evidence.

In light of these considerations, there is no doubt that court assistance may be necessary and useful. Nonetheless, it is a matter that has its own flaws, for which arbitral tribunals recur to it only in exceptional cases. In arbitration, there are ways to elude it.

The Problematic

I will commence with the problematic arising from article 1444 (UMLA 27). In a later post, I will continue with how the voluntary jurisdiction is to be substantiated.

In my opinion, for its practical importance, the main problem is the risk that the interference of the internal procedural laws and the intervention of courts cause delays in the arbitration. Even when the request is made in good faith. I am not referring to minor delays; they can signify months or years.

For example, in certain legislations the tribunal must request the court to force reluctant witnesses to appear. I remember an ICDR arbitration case in Colombia. I don’t know if Colombian legislation on national arbitration still keeps such a provision. We were in the final hearing and a pair of witnesses failed to appear. A party requested the tribunal to make the petition before the court; the readers may make estimates of how long it would have taken to get the witness declarations. I had goose bumps; certainly, we would not have been able to finish the hearing on that week. Fortunately, in Colombian legislation such provision did not apply to international arbitration, which allowed the tribunal to skip the obstacle.

Many difficulties were visible since the negotiation of UMLA Article 27. The working group, and then the Commission, dedicated more time than it seems from the short drafting of article 27.

For example, one of the obstacles was the consideration that in some countries it could be difficult, if not impossible, to ensure court assistance. That made it especially difficult to obtain a uniform provision.

It was also difficult to agree upon a uniform text as to: (i) the contents of the request of court assistance; (ii) if the court should be limited to receiving the evidence, or use its power to force the evidence to be produced before the arbitral tribunal; and (iii) the conditions in which a court could reject the assistance request.

Being practically impossible to negotiate a reasonably brief text, it was decided to adopt the short one I transcribed above. The problems did not disappear with that, but the solutions were left in the hands of national legislators when enacting the UMLA. I will refer to the main ones.

What Must the Court Do?

One issue was to determine if, depending on the case, the court could receive the evidence directly or rather order a party, or a third party, to produce it before the arbitral tribunal.

In the regulation of the Commerce Code, it seems that it all depends on the request put before the court. It is logical to infer that both if the request is made by the arbitral tribunal or by a party with its authorization, the request should be made circumstantially and with clarity. But if there is a place in which the saying “the devil is in the details” is justified, is in the submission of evidence.

For example, if it’s about obtaining the written testimony of a witness, the interrogatories submitted by the parties must be sent and, probably, instructions on the way in which they must be answered. But that may not be enough. In receiving the evidence of witnesses in arbitration, the written testimony is the direct testimony. If a party wishes to submit one of the witnesses to a cross examination, the problems to obtain court assistance are sufficient for one to seat at a pointy stone and cry. I have no space for that.

If the intention is for the witnesses to render their testimony directly before the court, the matter is also complex. Sufficient backgrounds referring to the main issues relevant for the dispute should be sent, along with the scope of power of the court to regulate the rendering of evidence, the identification of the parties and their representatives, the documents that should be examined by the witnesses, etcetera.

If it is only about having the witnesses declaring before the arbitral tribunal, the date and place of the hearing is to be determined, among others. The hearing would have to be fixed on a distant date, for the procedure before the court takes its time. If a witness fails to comply, one will have to return before the court to obtain further means of pressure. A never-ending story.

Similar considerations would have to be made when dealing with the presentation of documents or other similar information. And I will skip experts, inspection visits and others; it suffices to leave them to your imagination.

Third Parties

The processing will also differ depending if the court’s order is against one of the parties in the arbitration agreement, or against a third party that is alien to the transaction. The information referred to the court and the way of presenting the evidence would have to be different.

I find it doubtful that the court has power to force a third party to provide evidence in an arbitration that is alien to it; as is probably the contract or relationship that originated the dispute. For example, when the third party raises justified reasons for not presenting the evidence; such as the violation of its right of confidentiality of its records, documents, business secrets, duties of confidentiality before other parties, etcetera. In that and other similar cases, the court shall determine whether to grant or reject the request for assistance.

Bibliography: The Exorcist?

Sustitución de árbitro por el juez

See below English version.

Legislación complementaria.  Sustitución del árbitro por el juez. Artículos 1439 y 1430 Cco (LMA 14 y 15)

Callejones

Los comentarios sobre los artículos 1466, 1467 y 1468 Cco, se han alargado. Se ocupan de una de las tareas mas importantes en el arbitraje: la designación de árbitros. Estos comentarios se refieren a la designación por el juez, pero muchos son de considerarse en la designación de árbitros por cualquier autoridad nominadora. Incluso, pueden ser útiles para cualquier parte que tenga la labor de designar un árbitro. 

Aún me quedan algunos callejones que sortear. 

Aceptación del cargo

No se prevé, dentro del procedimiento de designación de un árbitro, que el juez tenga facultades para requerir al árbitro designado para que manifieste su aceptación. Sin embargo, algunos jueces lo hacen y no me parece mal: así aseguran que la designación sea efectiva.

Sin embargo, la aceptación debe considerarse valida solo en los términos de la información que el árbitro tiene en ese momento. Cuando el árbitro haya negociado con las partes y cuente con la información necesaria, deberá manifestar su aceptación o rechazo definitivos.

Maniobras dilatorias

Entre las estrategias de los litigantes que quieren obstruir la marcha del arbitraje, está la de poner obstáculos a la constitución del tribunal. Una muy socorrida es la de abstenerse de participar. Hay otras, por ejemplo, designar un árbitro que en cierto momento entrará en trance y dejará de actuar; de preferencia poco antes de la audiencia. O que no participa en las deliberaciones del laudo y muchas otras edificadoras conductas por el estilo. 

Los jueces, las autoridades nominadoras y las instituciones arbitrales deben estar conscientes de esas estrategias y tratar de evitar que prosperen y se emulen. Todo estriba en actuar con prontitud; pero con prudencia para no violar el derecho de las partes de participar en la formación del tribunal. En el arbitraje, la sustancia del derecho a ser oído es más importante que aplicación farisaica de las formalidades. 

Sustitución del árbitro

El Cco y la LMA contemplan algunas hipótesis en las que un árbitro debe ser sustituido, porque: (i) no aceptó el cargo; o (ii) las partes se pusieron de acuerdo en removerlo (Cco 1429, LMA 13); o (iii) el árbitro fue recusado y acepta la recusación o la recusación prosperó (Cco 1429, LMA 13); o (iii) el árbitro se ve impedido de hecho o por una disposición legal, para ejercer sus funciones (Cco 1431, LMA 14). 

El artículo 1431 (LMA 15) dice que cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto por los artículos 1429 o 1430 (LMA 13 o 14), renuncia o remoción por acuerdo de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que se ha de sustituir. 

La referencia al "mismo procedimiento", es al procedimiento de los artículos 1427 (LMA, 11), 1466 a 1468 Cco. Pero no debe interpretarse en el sentido de que se debe reproducir el primer nombramiento paso por paso. Por ejemplo, cuando una parte no designó el árbitro que le correspondía dentro del término de treinta días y su contraria tuvo que pedir al juez que hiciera el nombramiento, será necesario que la parte que hace la petición, requiera nuevamente a la otra parte para que designe al árbitro. 

Si la parte requerida designa al nuevo árbitro, la designación estará bien hecha. La persona designada será el nuevo árbitro. Si la parte incumplida deja transcurrir los treinta días que tiene para hacer la designación, la otra parte podrá pedir al juez que designe un nuevo árbitro. 

¿Repetición de la jurisdicción voluntaria?

En principio, la petición debe hacerse al juez que hizo el primer nombramiento. Esta solución está dentro de la lógica de minimizar tiempo y esfuerzos. Además, está dentro de la tendencia que prevalece en los tribunales mexicanos de someter al mismo juez todas las cuestiones que se presenten por el mismo negocio. 

Si un juez ya conoció del asunto, recibió las informaciones necesarias para seleccionar al árbitro, se reunió con las partes, con esa información pidió a las instituciones y cámaras que le sugirieran candidatos y distribuyó una lista entre las partes ¿Cuál es el derecho o valor protegido de someter a otro juez la designación de un árbitro sustituto? 

En un caso como el del párrafo anterior, estaríamos ante el supuesto del encabezamiento del artículo 1467 Cco. El juez deberá seguir el procedimiento de dicho articulo salvo que "en las circunstancias del caso sea inconveniente". 

Por ejemplo, no sería raro que el juez solo tenga que designar al candidato que quedó en segundo lugar en el primer intento de designación. Aunque pudiera el juez agregar algunos nombres a la lista y consultar de nuevo con las partes. O que, simplemente, omita la lista y designe directamente al árbitro. En estos casos y otros semejantes, ¿cómo se podrían alegar violaciones al derecho de defensa y al de participar en la designación del árbitro? 

Siempre convendrá que el juez motive circunstanciadamente su decisión y justifique con razones convincentes porque se apartó del procedimiento regular. Generalmente, tendrá mucho peso en la elaboración de estas razones la percepción del juez de que una parte está jugando para dilatar el procedimiento. 

Aunque la jurisdicción voluntaria original haya sido terminada, nada impide que se abra nuevamente y se aprovechen todos los pasos procesales ya cumplidos. Habrá otros casos en que será necesario seguir todo el procedimiento; el juez debe ejercitar su arbitrio de acuerdo con las circunstancias. 

Estrategias prácticas

Las anteriores reflexiones me llevan a recomendarme, y a recomendar, que al pedir a un juez que designe un árbitro, conviene hacer desde el principio ciertas peticiones, tales como: 

Pedir al juez que la lista que remita a las partes tenga, por lo menos, entre cinco y diez nombres. El artículo 1467 Cco propone que la lista sea de, por lo menos, tres nombres. Una larga experiencia me ha enseñado la conveniencia de las listas largas; diez nombres son usuales en la práctica y esto es permitido por el artículo 1467. 

Pedir al juez que, al designar al árbitro, le requiera para que manifieste si, en las circunstancias conocidas en ese momento, acepta el cargo. 

Pedir el juez que, una vez designado el árbitro, y durante el tiempo que el arbitraje esté en curso, no de por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria. 

Tribunales truncados

La sustitución del árbitro, sobre todo cuando hay razones para sospechar que obedece a estrategias dilatorias, pone preguntas, algunas propias de los tribunales truncados tales como: (i) ¿como actuar cuando los sucesivos árbitros de esa parte, se dedican a obstruir?, (ii) el nuevo tribunal con el nuevo árbitro, ¿debe oír de nuevo todo el caso? (iii) ¿en que medida y ante tácticas de obstrucción se puede recurrir a un laudo por mayoría?

No son casos para tratarlos aquí; ya lo haré en otra ocasión. Pero es bueno tenerlos en cuenta. Los jueces, las instituciones y los árbitros, deben estar atentos a estas conductas y actuar con firmeza para evitarlos. 

Casos no regulados

Queda pendiente la cuestión de como resolver el problema de la designación de árbitro cuando no se ha determinado el lugar del arbitraje.

El tema es más amplio que el de la designación de un árbitro por el juez. Amerita trato por separado y le dedicaré atención en un futuro no lejano. 

Bibliografía: descansamos.



----------

The comments on Code of Commerce, Articles 1466, 1467 and 1468 have extended.  They deal with one of the most important tasks in arbitration: the appointment of the arbitrators.  Although made on occasion of the appointment made by courts, they may be useful to appointment authorities in general.  They may even be useful for any party when considers the appointment of an arbitrator.

There are still some narrow streets that I shall walk through.

Acceptance

The Code of Commerce does not empower the judge to require appointed arbitrators to express acceptance of their appointment.  However, some judges request it and I do not think this is wrong: that way it is assured that the appointment would be effective.

Nevertheless, in such cases the acceptance shall be considered valid only in terms of the information the arbitrator has at that point in time.  Later, the arbitrator should negotiate with the parties and get the information needed to perform; after that, final acceptance or rejection should be made.

Obstruction maneuvers

Among the strategies some frivolous lawyers use to obstruct the arbitration is to encumber the constitution of the arbitral tribunal.  A quite common one is abstaining to participate.  There are others ill-conceived maneuvers: for example, to appoint an arbitrator that at certain time will come in trance and will stop any activities; preferably just before the hearing.  Or that does not participate in the award deliberations and many other similar “exemplary” behaviors.

Courts, appointing authorities and arbitral institutions shall be aware of those strategies and try to prevent their success and emulation.  They only need to act promptly, but prudently; taking care of the right of the parties to participate in the constitution of the arbitral tribunal.  In arbitration, substance is more important than form.

Substitution of an arbitrator

The Cco and the UMLA contemplate some hypotheses when an arbitrator shall be substituted: (i) the arbitrator did not accept; or (ii) the parties agreed to remove the arbitrator (Cco 1429, UMLA 13); or (iii) the arbitrator accepts a challenge or the challenge was successful (Cco 1429, UMLA 13); or (iv) the arbitrator becomes ‘de jure’ or ‘de facto’ unable to perform (Cco 1431, UMLA 14).

Article 1431 (UMLA 15) provides that when the arbitrator’s mandate is terminated by any of the causes considered in Articles 1429 or 1430 (UMLA 13 or 14), resignation or removal agreed by the parties, or for any other cause, a substitute arbitrator shall be appointed according to the rules that were applicable to the appointment of the arbitrator being replaced.

The reference to the same rules refers to the procedure in Articles 1427 (UMLA 11), 1466 to 1468 Cco.  But it cannot be considered that the first appointment shall reproduce, step by step, the previous one.  For example, if one party failed to appoint its arbitrator within the thirty days period and the other party asked the judge to make the appointment, it will be necessary that the party that makes the request, ask the other party to appoint the arbitrator again.

If the requested party appoints the new arbitrator, the appointment will be well done.  The appointed person will be the new arbitrator.  If the requested party fails again to make the appointment, the other party may request the judge to appoint the substitute arbitrator.

Repeat the voluntary jurisdiction?

In principle, the request shall be made to the judge that made the first appointment.  This logic solution minimizes time and efforts.  Besides, the prevailing trend in the Mexican judiciary system is to submit all the issues arising out of the same transaction to the same judge.

If one judge already has knowledge of the subject, received the necessary information to select the arbitrator, met with the parties and, with that information asked the institutions and chambers for candidates and then distributed a list between the parties, Which could the protected right or value that justifies going to a different court in search of a substitute arbitrator?  

In circumstances as described above, it would actualize the heading of Article 1467 of the Cco.  The judge may depart from the procedure established in that Article because “under the circumstances of the case it may be inappropriate”.

For example, it would not be rare that the judge just has to appoint the candidate that got the second place in the list of the first attempt of appointment; although the judge could add some names to the list and consult the parties again.  Or, just skip the list system and make the appointment directly.  In these and similar cases, how it may be argued violations to the right of defense or to the participation in the arbitrators’ appointment?

It always is convenient that the court reasons circumstantially its decision, giving convincing reasons why it did not use the regular procedure.  Generally, the judge’s perception that one party is, or may be, delaying the proceedings will be an important element in those reasons.

Although the original voluntary jurisdiction procedure may be terminated, nothing prevents to open it again, allowing the judge to take advantage of what has already being done. There might be other cases when it will be necessary to follow the whole procedure; the judge shall exercise her discretion according to the circumstances.

Practical Strategies  

The last reflections made above lead me to recommend myself, and the readers, that since the first request to appoint an arbitrator it is convenient to ask the court:

1.  That the list to be sent to the parties has, at least, between five and ten names. Article 1467 of the Code of Commerce provides for three names at a minimum.  A long experience taught me the convenience of larger lists; ten names are usual in some institutions and are allowed by Article 1467.

2.  That, at when notifying the appointment, request the arbitrator’s acceptance in the circumstances known at that moment.

3ç  That, notwithstanding the acceptance of the arbitrator, and for purposes of using the information already in the docket, the jurisdiction voluntary proceedings, remain open during the course of the arbitration.

Truncated tribunals

The substitution of the arbitrator, when there are reasons to suspect that were the result of obstructing strategies, rise questions, some of them regarding truncated tribunals, such as: (i) how should the tribunal act when successive arbitrators appointed by one party are clearly dedicated to obstruct? (ii) the new tribunal with the new arbitrator, shall hear the whole case again?, (iii) in which cases and facing which obstruction tactics, can a majority award be legally made?

I cannot deal with those cases now.  But it is advisable to keep them in mind.  Courts, institutions and arbitrators shall be aware of these conducts and act firmly to prevent them. 

Not regulated cases

It still remains the problematic issues of the appointment of the arbitrator when the place of arbitration is already not determined.

The topic is wider than the appointment of the arbitrator by the judge.  It deserves full consideration that I plan to make in a near future.

Bibliography note: we rest.

Designación de árbitro resolución sin recursos Arbitraje multiparte

See below English version.

Artículo 1468

"Contra la resolución del juez no procederá recurso alguno, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros, en los términos del acuerdo de arbitraje o, en su defecto, las disposiciones del artículo 1429".

Como la naturaleza de la intervención judicial en la jurisdicción voluntaria para designar a un árbitro es administrativa, la resolución final no admite recursos.

Esto sin perjuicio de que, como todo acto de autoridad, la resolución pueda combatirse por medio del amparo. Si la decisión del juez es no designar al árbitro, el arbitraje no puede continuar.

En un caso reciente, una parte pidió al juez que designara un árbitro. El juez denegó la petición y la parte afectada obtuvo el amparo, por lo que el juez finalmente designó al árbitro. Mientras tanto, el arbitraje no pudo comenzar.

Si el juez designa al árbitro, no obstante que una parte inconforme interponga el juicio de amparo, el arbitraje puede continuar. El juez de distrito no debe conceder la suspensión del nombramiento del árbitro porque: (i) no debe concederse la suspensión para suspender un procedimiento; y, (ii) el acto reclamado, que sería la designación que hizo el juez, se ejecuta en el momento de hacer la designación. No se puede suspender lo que ya se ejecutó. 

Sólo si las partes se ponen de acuerdo en suspender el arbitraje hasta que se resuelva el amparo, se suspendería el arbitraje. En caso de desacuerdo, corresponderá al tribunal arbitral decidir si el arbitraje se suspende o continúa.

Arbitraje multiparte. El caso Ducto

El arbitraje multiparte puede dar lugar a problemas peculiares.

Para conocer la problemática del arbitraje multiparte vale la pena hacer un resumen del caso 'Ducto'. El caso Ducto es como el Quijote: todos hablan de él, no todos lo conocen. Yo estoy entre estos últimos: no he leído las sentencias del caso Ducto, ni pienso hacerlo; pero si conozco los pocos detalles necesarios para explicar su importancia en el arbitraje multiparte. El siguiente resumen lo tomé del Comentario de Caron y Caplan* 

BKMI Industriean Lagen GmBH ('BKMI") celebró un contrato para la construcción de una planta de cemento. Para cumplir el contrato, BKMI, además, celebró un acuerdo de asociación ('consortium agreement') con Siemmens y Ducto Construction Co. (Ducto).

El acuerdo arbitral preveía el arbitraje en París, bajo el Reglamento de la CCI, con un tribunal de tres miembros.

Cuando surgió el problema Ducto inició un arbitraje, haciendo reclamaciones separadas en contra de Siemmens y BKMI. Ducto designó un árbitro y pidió que Siemmens y BKMI designaran conjuntamente un árbitro. Siemmens y BKMI hicieron la designación bajo protesta y reservando sus derechos.

En un laudo parcial, el tribunal arbitral decidió que estaba validamente constituido y prosiguió con el arbitraje. BKMI y Siemens pidieron la anulación del laudo ante los tribunales competentes de París. Alegaron que el tribunal se había constituido irregularmente y que su ejecución sería contraria al orden público internacional.

En una primera decisión, la Corte de Apelaciones desechó la petición, sosteniendo que no hubo violación al orden público y que el tribunal se constituyó correctamente. Según la corte, la cláusula en cuestión 'expresaba sin ambigüedades la voluntad común de las partes' y las posibles diferencias en la designación del tribunal arbitral era una posibilidad previsible que fue aceptada al momento del acuerdo.

Sin embargo, la Corte de Casación de Francia revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones. La Corte de Casación sostuvo que "el principio de la igualdad de las partes en la designación de los árbitros es una cuestión de orden público ('ordre public") que solo podía renunciarse una vez que la disputa hubiera surgido".

El caso Ducto provocó que las instituciones arbitrales modificaran sus reglamentos. Comenzando con el artículo 10 del Reglamento de 1998 de la CCI, prácticamente todos los reglamentos hoy en día en vigor, tienen disposiciones específicas sobre el arbitraje con partes múltiples. 

La solución dominante es que cuando las partes no se ponen de acuerdo en la designación de los miembros del tribunal y sobre quien será el presidente, la institución designa a todos los árbitros y determina cual de ellos será el presidente.

UNCITRAL

La UNCITRAL no ha sido especialmente diligente en materia del arbitraje con multiples partes. No lo consideró en el RAU 1976, ni en la LMA en 1985. Tampoco en la revisión a la LMA que se comenzó a discutir en el año 2000 y cuyos cambios se adoptaron en 2006. En estos últimos trabajos no dejo de sentirme culpable, ya que me toco presidirlos y nunca se me ocurrió proponer el tema.

No fue sino hasta la modificación al RAU en 2010, que la UNCITRAL adoptó el nuevo artículo 10 que, entre otros, trata de las facultades de la autoridad nominadora en la designación del tribunal con múltiples partes. 

Conforme al párrafo (3) del artículo 10 RAU 2010, cuando un grupo de demandantes o demandados no designa a un árbitro que le corresponde, a solicitud de cualquier parte, la autoridad nominadora "constituira al tribunal arbitral y, al hacerlo, podrá revocar todo nombramiento ya realizado y nombrar o volver a nombrar cada uno de los árbitros y designar al que haya de ejerecer las funciones de presidente”

La finalidad que debe proteger la autoridad nominadora es el derecho de todas las partes de ser oídas y de ser tratadas con igualdad.

¿Qué pasa con el Cco (LMA)?

El artículo 1415 Cco (LMA 1) establece que las disposiciones del título de arbitraje (LMA) se aplicarán al arbitraje comercial cuando el lugar del arbitraje esté dentro del territorio nacional.

En el caso de un arbitraje multiparte con un sólo árbitro la cuestión la resuelven los artículos 1427 (LMA, 11), 1466, 1467 y 14680. Las partes no se pusieron de acuerdo y el árbitro único lo designará el juez.

Si se trata de un tribunal con tres o mas árbitros, una primera tentación sería considerar que la cuestión de la constitución del tribunal arbitral con multiples partes no está tratada en el Cco (LMA) y que la solución habrá que buscarla en la legislación nacional aplicable. Tal solución sería leguleya y absurda.

En primer lugar, no hay solución expresa a esa cuestión en la legislacion nacional. 

Como el juez no podría dejar la cuestión sin resolver, tendría que aplicar los principios de integración de la ley (CCF, artículos 19 y 20). Estos principios llevarían al juez a buscar la solución en los principios que se contienen en el artículo 1427 (LMA, 11), Cco. En otras palabras, a determinar que, a falta de acuerdo de las partes, el juez debe proceder a designar a todo el tribunal arbitral y a decidir cual de los árbitros será el presidente.

Para lo cual deberá seguir el procedimiento de los artículos 1467 y 1468 Cco, esto es: (i) oyendo previamente a todas las partes; (ii) convocandolas a una reunión; (iii) consultando con las instituciones arbitrales y las cámaras de comercio; y, (iv) siguiendo el sistema de lista. Al remitir la lista, el juez debería pedir que las partes no sólo dieran el rango de preferencia de los árbitros, sino también sobre cual de ellos deberá ser el presidente.

*The UNCITRAL Arbitration Rules. A Commentary, Edited by David Caron and Lee Caplan.

Bibliografía: en la novela de Dostoviesky, a los tres hermanos Karamazov, que eran cuatro, y a su padre, les hubiera venido bien un tribunal arbitral multiparte. 

Algunos pensarán que algunas recomendaciones bibliográficas, hechas con un tinte de humor, son frívolas o payasas. No es así, un abogado que no es un buen humanista, es un abogado incompleto.




----------

Implementing legislation. Appointment of arbitration as definitive. Multiparty Arbitration.  Appointment of arbitrator is definitive.  Multiparty Arbitration.

Article 1468

“The decision of the court shall be subject to no appeal, except for the right to challenge the arbitrator or arbitrators, in terms of the of the arbitration agreement or, otherwise, the provision of article 1429”.

The nature of the court intervention in the voluntary jurisdiction to appoint an arbitrator is administrative so the final resolution does not admit any appeal.

This is without prejudice that all acts of authority can be opposed by an amparo If the judge’s decision is not to appoint the arbitrator, the arbitration cannot continue.

In a recent case, one party asked the judge to appoint an arbitrator.  The judge denied the request and the affected party obtained an amparo, so the judge had to appoint the arbitrator.  In the meantime, the arbitration could not begin.

If the judge appoints the arbitrator, even if one party objects the decision through an amparo, the arbitration may continue.  The district judge shall not grant the stay of the arbitrator appointment because: (i) suspension cannot be granted to stay proceedings; and (ii) the objected court decision, that would be the appointment made by the judge, was already executed at the time the appointment was made.  An act that has been already executed cannot be suspended.

Only if the parties agree to stay the arbitration until the amparo is decided, the arbitration would be suspended.  If the parties do not agree to stay, the arbitral tribunal shall decide whether the arbitration is stayed or continues.

Multiparty arbitration.  The Ducto case

Multiparty arbitration can lead to peculiar problems.

To facilitate the understanding of the problems of multiparty arbitration I will sum up the Ducto case.  This case is like Don Quixote: everybody talks about it, but not everybody has read it.  Regarding the Ducto case, I form part of the later group: I have not read the decision of the Ducto case, and I will not do it; but I know the few details needed to explain its importance in the appointment of arbitrators in multiparty arbitration.  The following summary is taken from the Comment of Caron and Caplan*.

BKMI Industriean Lagen GmBH ('BKMI") executed a contract for the building of a concrete plant.  To perform the contract, BKMI, also executed a consortium agreement with Siemmens and with Ducto Construction Co. (Ducto).

The arbitration agreement called for arbitration in Paris, under the ICC Arbitration Rules, with a three-member arbitral tribunal.

When the problem arose, Ducto started arbitration making separated claims against Siemmens and BKMI.  Ducto appointed and arbitrator and asked Siemmens and BKMI to jointly appoint the other arbitrator.  Siemmens and BKMI made the appointment under objection and reserving their rights to claim later the irregularity.

In a partial award, the arbitral tribunal decided that it was well constituted and continued with the arbitration.  BKMI and Siemmens seek its annulment in the competent courts in Paris.  They argued that the constitution of the arbitral tribunal was irregular and its enforcement would be against the international public order.

In a first decision, the Court of Appeals denied the request, arguing that there was no violation to the public order and that the arbitral tribunal was constituted properly.  According to the court, the clause “expressed without ambiguity the parties common will” and the possible differences in the appointment of the arbitral tribunal was a predictable possibility that was accepted at the time of the agreement.

Nevertheless, the Court of Cassation of France reversed the decision of the Court of Appeals.  The Court of Cassation sustained that the “equality of the parties in the appointment of the arbitrators is a public order principle ('ordre public´) that could be resigned only after the dispute arose”.

The Ducto case provoked the amendment of the arbitral institutions rules.  Starting with Article 10 of the ICC Arbitration Rules in 1998, practically all the rules effective nowadays, have specific stipulations on arbitration with multiple parties.

The dominant solution is that when the parties cannot agree in the appointment of the members of the arbitral tribunal and the presiding arbitrator, the institution appoints all the arbitrators and determines who will be the president.

UNCITRAL

UNCITRAL has not been especially diligent about arbitration with multiple parties.  It did not consider it in the UAR 1976 nor in the UAML in 1985.  Neither in the revision to the UAML which discussions started in 2000 and ended with the modifications adopted in 2006.  I feel somehow guilty, because I chaired the travaux preparatoires and adoption of the 2006 amendments, but it never came to my mind to raise the topic.

It was until the amendments of the UAR in 2010 that the UNCITRAL adopted the new Article 10 that, besides other topics, provides on the power of the appointment authority in the appointment of the arbitral tribunal with multiple parties.

According to UAR 2010 Article 10 (3), when a group of claimants or defendants fail to appoint the arbitrators, upon request of any party, the appointment authority shall “constitute the arbitral tribunal and, in doing so, may revoke any appointment already made and appoint or reappoint each of the arbitrators and designate one of them as the presiding arbitrator”.

The appointment authority shall protect the right of all the parties to be heard and treated with equality.   

What happens with the Cco (UAML)

Article 1415 Cco (1 UAML) establishes that the provisions of the arbitration title (UAML) shall be applied to commercial arbitration when the place of arbitration is within Mexican territory.

In a multiparty arbitration with a sole arbitrator, the question is solved in Articles 1427 (UAML, 11), 1466, 1467 and 1468.  If the parties do not agree on the sole arbitrator, the judge will appoint her.

If the tribunal has three or more arbitrators, the first reaction would be to consider that the constitution of the arbitral tribunal with multiple parties is not dealt with in the Cco (UAML) and that the solution shall be searched in the applicable Mexican law.  Such idea would be legalistic and absurd.

First of all, there is no an express solution to the problem in Mexican law.

As the judge cannot leave the question unsolved, she would have to apply the general integration principles of the law (FCC, articles 19 and 20).  These principles would lead the judge to search the solution in the principles contained in Article 1427 Cco (UAML, 11).  In other words, the judge shall conclude that, in absence of the parties’ agreement, she shall appoint all the members of the arbitral tribunal and determine who will act as the presiding arbitrator.

The judge shall follow the procedure established in articles 1467 and 1468 Cco: (i) hearing all the parties previously; (ii) calling them for a meeting; (iii) consulting with the arbitral institutions and the chambers of commerce; and, (iv) following the list-procedure.  When the list is sent, the judge shall ask the parties not only to cross and rank the candidates, but also to state each party who would be the presiding arbitrator of their preference. 

*The UNCITRAL Arbitration Rules.  A Commentary, Edited by David Caron and Lee Caplan.

Bibiography note: In Dostoviesky’s novel, the three Karamazov brothers, which actually were four, and his father, were in great need to have a multiparty arbitral tribunal.

Readers might think that some of my bibliography notes might be frivolous or irritating.  But they are far from that, a lawyer that is not a good humanist, is an incomplete lawyer. 

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Manifestaciones de árbitro. Artículo 1467. Cuarta parte

El inciso d) del párrafo III del artículo 1467 Cco, permite al juez que use su criterio para nombrar al árbitro o árbitros cuando, por cualquier motivo, no pudiera hacer el nombramiento por medio del sistema de lista.

Esta disposición debe interpretarse en el sentido de favorecer la rapidez y la flexibilidad en la designación. Hay una aparente contradicción entre los encabezamientos del artículo 1467 y el del párrafo III, que conceden discrecionalidad al juez, y el inciso d), cuyo texto habla de que “no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista”.

Cuestiones de posibilidad

No está mal hacer algunas consideraciones sobre las diversas acepciones del concepto de imposibilidad (no pudiera).

Es legalmente imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización (CCF, 1828).

Ninguna disposición hace legalmente imposible el sistema de lista.

La imposibilidad puede ser: (i) metafísica o absoluta que “... se funda en la esencia de las cosas... Un círculo triangular es un imposible absoluto, porque fuera círculo y no círculo, triángulo y no triángulo”; (ii) “… física o natural, consiste en un hecho que esté fuera de las leyes de la naturaleza. Es imposible que una piedra soltada al aire no caiga al suelo…; (iii) moral u ordinaria, “… es la oposición al curso regular u ordinario de los sucesos… es imposible de esta manera todo aquello que, atendido el curso regular de las cosas, acontece rara vez o nunca”. Es imposible afirmar que Enrique Peña Nieto no es el Presidente de la República Mexicana; (v) de sentido común, que son aquellos casos en que vivimos con la “… certeza de que lo imposible no se realizará”, como sería el caso de tirar al aire una moneda y esperar que caiga parada de canto (Balmes, El criterio).

Imposibilidad ordinaria o de sentido común.

Es obvio que la interpretación del artículo debe ser en el sentido de que no se refiere a una imposibilidad absoluta, sino a una imposibilidad ordinaria o de sentido común. Como sería el caso cuando una parte tuvo que ser notificada en el último domicilio conocido, no cabe esperar que esa parte participe activamente en la jurisdicción voluntaria de designación del árbitro.

Recuerdo alguna ocasión en la que, de acuerdo a la cláusula de arbitraje, los dos árbitros designados por las partes teníamos la encomienda de designar al tercero. Cuando remitimos a las partes la lista, una de ellas respondió que como teníamos la encomienda de hacer la designación, nuestra conducta de enviar a las partes la lista para que la calificaran era incorrecta; devolvió la lista tachando todos los nombres. 

Los árbitros no estuvimos de acuerdo con el razonamiento. Sin embargo, nos quedó claro que cualquier lista que enviáramos en el futuro tendría el mismo resultado. Así las cosas, decidimos hacer el nombramiento directo: (i) cada árbitro propuso al otro un candidato, (ii) cuando tuvimos dos candidatos igualmente aceptables para los dos árbitros, echamos un volado. 

El juez puede encontrarse ante otras situaciones semejantes.

Fracción IV

“Antes de hacer la designación, el juez pedirá al arbitro o árbitros designados, que hagan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428.”

Manifestaciones del árbitro

El artículo 1428 (LMA, 12) dice que la persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia.” 

Las opiniones, y prácticas regionales o sectoriales, acerca de lo que un árbitro debe manifestar, y lo que no está obligado a manifestar, así como el contenido de la manifestación, son numerosos. Es un tema espinoso que amerita un comentario especial que haré en otra ocasión. 

Las circunstancias que las partes pueden estipular que deban ser manifestadas quedan a su imaginación; que es ilimitada. Mi recomendación es que no creen problemas añadiendo requisitos. 

El precepto limita la facultad del juez a pedir al árbitro designado que haga las manifestaciones que tenga. Para que el árbitro esté en condiciones de saber si debe o no hacer manifestaciones, el juez le debe proporcionar la información que recibió de las partes. Principalmente la identificación de las partes y de sus abogados. 

No se requiere aceptación del árbitro 

El artículo 1467 no requiere ni faculta al juez para que exija al árbitro designado acepte el cargo.

No es una laguna. La aceptación del árbitro es una actuación arbitral que debe hacerse en el arbitraje y no en una instancia judicial externa. Además, es muy probable que el árbitro necesite tener mayor información e intercambios preliminares con las partes, para conocer sus puntos de vista sobre la naturaleza de la disputa, la conducción del procedimiento, el monto y forma de pago de sus honorarios y muchas otras cuestiones importantes.

No obstante lo anterior, en mas de una ocasión fui requerido por el juez que me designó, para que manifestara si aceptaba o no el nombramiento. Aunque el juez no tenía facultades, por prudencia manifesté mi aceptación. Sin embargo, para evitar el riesgo de ser acusado de faltar a mi compromiso, en todas las ocasiones acepté haciendo la salvedad de que lo hacía “a la luz las circunstancias que conocía en ese momento". 

Efecto de la manifestación. Recusación

El requerimiento a la persona designada para que manifieste las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, puede tener diferentes respuestas.

La persona designada puede manifestar que no acepta. En ese caso, el juez deberá designar al siguiente candidato que haya tenido el mejor resultado según el sistema de lista. O, si no se siguió ese sistema, designar otro árbitro.

Si la persona designada hace manifestaciones, el juez no tiene facultades para calificarlas. Su misión consistirá en transmitirlas a las partes. En principio deberá considerarse que las partes quedan informadas de la manifestación del árbitro en el momento en que el juez las notifica a las partes y que, a partir de ese momento, comenzará a correr el término para recusar al árbitro.

En efecto, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento para someter esa controversia al arbitraje (1437 Cco (LMA, 21)). Por otro lado, la recusación debe hacerse dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte que la hace tenga conocimiento de las circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad e independencia del árbitro (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

El supuesto de la intervención judicial para designar al árbitro, es que hayan transcurrido treinta días desde que una parte requirió a la otra para que designara un árbitro, o de que los árbitros o las partes no se hayan puesto de acuerdo en el nombre del tercero. Son supuestos que implican un requerimiento previo de someter la controversia al arbitraje.

Bibliografía: ya lo adivinaron, 'El criterio’ de Jaime Balmes. Debe ser libro de cabecera para abogados y no abogados.


---------

Disclosure by the Arbitrator.  Article 1467.  Fourth Part

Section d) of paragraph III of article 1467 of the Commerce Code, allows judges to use their discretion to appoint an arbitrator or arbitrator when, for whichever reason, the appointment cannot be made through the list system.

This provision must be interpreted in the sense of favoring the swiftness and flexibility in the appointment. There is an apparent contradiction between the headings of article 1467 and paragraph III, which grant discretion to the court, and section d), which text states “in case the appointment is not possible through the list system.” 

Matters of Possibility

In order to make a correct interpretation of the provision, it is worthwhile to make some considerations regarding the different notions of the concept of impossibility (‘is not possible’). 

For purposes of the law, It is impossible the fact that cannot come to exist because it is incompatible with the laws of nature or some legal provision that necessarily regulate it, and thus constitutes an obstacle impossible to overcome for its realization (CCF, 1828). 

There is nothing making the system list legally impossible. 

The impossibility may be: (i) metaphysical or absolute that “... is grounded in the essence of things... a triangular circle is an absolute impossible, for it to be circle and no circle, triangle and no triangle”; (ii) “… physical or natural, consisting in a fact that is outside the laws of nature. It is impossible for a stone thrown in the air not to fall back to the ground …; (iii) moral or ordinary, “… it’s the opposition to the regular or ordinary course of things … it is therefore impossible all that which, looking at the regular course of things, rarely or never happens”. From that perspective is impossible the statement that Enrique Peña Nieto is not the President of Mexico; (v) of common sense, which are those cases with respect to which we have “… the certainty that the impossible will never happen”, as would be the case of throwing a coin to the air and that the coin will land and stay on its side (Balmes, The Art of Thinking Well). 

Ordinary or Common Sense Impossibility

It is obvious that the interpretation of the provision is that it does not refer to the absolute impossibility, but to the ordinary or common sense impossibility. As it would be the case when a party had to be notified in the last known domicile, it is not foreseeable for such party to actively participate in the voluntary jurisdiction of appointment of the arbitrator.

I remember some occasion in which, pursuant to the arbitration clause, the two arbitrators appointed by the parties had the mission of appointing the third one. When we referred the list to the parties, one of them answered that since we had the mission of making the appointment, our conduct of sending the list to the parties was incorrect; it sent the list back crossing all names. 

The arbitrators were not in agreement with the reasoning. However, it was clear to us that any list we would send in the future would end with the same result. In such scenario, we decided to make the appointment directly: (i) each arbitrator proposed a candidate to the other, (ii) when we had two candidates that were equally acceptable for both arbitrators, we flipped a coin to chose which one to appoint. 

The appointing court may find itself in similar situations. 

Paragraph IV

“Before making the appointment, the court shall ask the designated arbitrator or arbitrators, to make the disclosures foreseen in the arbitration agreement and in article 1428.” 

Comments of the Arbitrator

Article 1428 (UMLA 12) says: “When a person is approached in connection with his or her possible appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence” 

The opinions, regional and sectorial practices, on what an arbitrator should disclose, and what there is no need to disclose, and with respect to the contents of the disclosure, are numerous. It is a spiky topic that deserves a special commentary, which I will make in another occasion. 

The circumstances that the parties can estipulate shall be disclosed depend on their imagination; which is unlimited. My recommendation to the drafters is not to create problems by adding annoying requirements. 

Paragraph IV limits the power of the court to ask any appointed arbitrator to make the appropriate disclosures. For the arbitrator to be in condition of knowing whether there is something to be disclosed, the judge must provide the arbitrator the relevant information provided by the parties. Specially the names of the parties and their lawyers. 

The Acceptance of the Arbitrator is Not Necessary

Article 1467 does not require nor empowers the court to request from the appointed arbitrator to accept the appointment. 

It is not a gap. The acceptance of the arbitrator is an act that should be done within the arbitration and not before an external judicial court. Moreover, it is probable that the arbitrator will need additional information and preliminary exchanges with the parties, to be acquainted with their points of view on the nature of the dispute, the conduction of the procedure, the disputed amount, fees, deposits, payments to the arbitrator and other important issues. 

Notwithstanding the above, in more than one occasion I was required by the court that designated me, to manifest whether I accepted the appointment or not. Albeit the court had no powers, out of prudence I accepted. However, to avoid the risk of being accused of breaching my commitment, I expressly stated that my acceptance was done “in light of the circumstances known to me at that point in time.” 

Effect of the Disclosure. Challenge

The requirement to the appointed person to disclose the circumstances that may give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence may have different answers. 

The person appointed may not accept the appointment. In this case, the court shall appoint the next candidate that had the best result according to the list system. And if such system was not used, appoint another arbitrator. 

The court has no powers to qualify the disclosures made by the arbitrator. Its mission shall be to communicate the disclosure to the parties. In principle, it shall be considered that the parties are informed of the disclosure of the arbitrator in the moment in which the court notifies it to the parties and that, from that moment on, the period to challenge the arbitrator starts to run. 

Indeed, except if the parties agree otherwise, the arbitration shall commence on the date in which the respondent has received the requirement to submit such dispute to arbitration (1437 Cco (LMA, 21)). On the other hand, the challenge must be made within the fifteen days following that in which the party that has knowledge of the circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

The period for a court to appoint the arbitrator is of thirty days since a party required the other party to appoint an arbitrator, or since the arbitrators or parties failed to reach an agreement on the third. Obviously, in those cases a previous requirement of submitting the dispute to arbitration should have been made; thus, at the time of the disclosure, the arbitration should have commenced.

Bibliography: you guessed, Jaime Balmes’ The Art of Thinking Well. It should be a bedhead book for lawyers and non-lawyers.

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Procedimiento. Artículo 1467. Tercera parte

See below English version.

Fracción I.  Conclusión

En la entrega anterior dejé inconcluso el análisis de la fracción I del artículo 1467, Cco. . 

Para terminarlo, me faltó espacio para subrayar que las funciones del juez en la designación de árbitros no son de naturaleza judicial, sino de auxilio administrativo. Con ese propósito, concluyo citando un párrafo del Comentario de Holztmann y Neuhaus, al artículo 6 de la LMA.* 

“El artículo 6 [LMA] especifica que una autoridad no judicial puede ser designada para llevar a cabo funciones contempladas en aquellos artículos en los cuales se menciona una autoridad. Estos artículos son 11 [Cco, 1427] (designación de árbitros), 13 [Cco, 1429] (recusaciones), y 14 [Cco, 1430, 1431] (terminación del mandato). Se entendió que solamente una “corte”, como está definida en el artículo 2(c) [sin equivalente en el Cco], podría decidir sobre la jurisdicción del tribunal arbitral (artículo 16(3) [Cco, 1432] y las demandas de nulidad de un laudo (artículo 34(2)) [Cco, 1457]. La disposición que permite la designación de una “autoridad” no judicial fue añadida al proyecto del Grupo de Trabajo por la Comisión. La razón primaria fue que en algunos países estos nombramientos, recusaciones y procedimientos de terminación los llevan a cabo cuerpos especializados tales como las cámaras de comercio o instituciones nacionales de arbitraje y había la sensación de que estos cuerpos estarían en mejor posición para llevar a cabo las funciones con mayor eficiencia que algunas cortes. Además, se hizo notar que el Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, contempla la designación de cualquier cuerpo u órgano como autoridad nominadora." 

El párrafo transcrito confirma tres puntos importantes que he sostenido: (i) el papel del juez en la designación del árbitro no es de carácter judicial estrictamente hablando, sino el de mera autoridad nominadora; (ii) el procedimiento debe ser rápido y, (ii) no debe obstruirse con cuestiones litigiosas. 

Fracción II

"II. El juez deberá previamente consultar con una o varias instituciones arbitrales, cámaras de comercio o industria designadas a su criterio." 

Esta fracción recoge, en parte, la práctica observada por los jueces mexicanos desde la entrada en vigor de la legislación arbitral en 1993, hasta la incorporación del Capítulo X sobre auxilio y control judicial. 

Desde que se discutió el proyecto de incorporación de la LMA, alegué que el arbitraje comercial podía darse en numerosas áreas de la actividad comercial, especialmente si se trataba del arbitraje internacional. Los jueces en materia civil, por su actividad, estaban sobrecargados de trabajo, el arbitraje se daba en muchas materias y los jueces no tenían contacto con las diversas comunidades de la actividad comercial a que podrían referirse. Mi posición fue congruente con la nota del comentario de Holtzmann y Neuhaus que arriba transcribí.

Mi propuesta no prosperó. La confusión sobre la naturaleza de los procedimientos judicial y arbitral, que lleva a muchos a considerar la función arbitral como cuasi judicial, prevaleció. La decisión fue que las funciones del artículo 6 LMA correspondían a un juez. Así se plasmó en el artículo 1427 Cco. 

Debo confesar que en el ejercicio de esas funciones los jueces, por un lado, me dieron la razón y, por otro, demostraron que estaba equivocado. En los 14 años (1999 a 2014) en que fungí como Director de la Comisión de Mediación y Arbitraje de CANACO, al igual que en mi experiencia como árbitro y como litigante, vi como los jueces, cuando eran requeridos para designar un árbitro, regularmente se dirigieron al CAM y a la CANACO, pidiéndoles que les sugirieran ternas de árbitros. 

El juez debe dar información suficiente.

Poco queda por explicar. Cuando mucho notar que el juez, con la información recibida en los escritos y la reunión con las partes, al solicitar que las instituciones le sugieran candidatos, deberá proporcionar suficiente información. Sólo así podrán las instituciones sugerir candidatos adecuados. En este sentido, mi experiencia ha sido de que los jueces no suelen comunicar mucha información. En CANACO, por ejemplo, era frecuente que la Secretaria General se tuviera que acercar al juez para obtener información adicional necesaria. No siempre tuvo éxito y mas de una sugerencia se hizo a ciegas. 

Fracción III

"III. Salvo acuerdo en contrario de las partes o que el juez determine discrecionalmente que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso, el juez observará lo siguiente (RAU, 6)): 

"a) Enviará a todas las partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos (RAU, 6(a)).

"b) Dentro de los diez días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes podrá devolverla al juez, tras haber suprimido el nombre o nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de su preferencia. Si una parte no hace comentarios, se entenderá que presta su conformidad con la lista remitida por el juez (RAU, 6(b)). 

“c) Transcurrido el plazo mencionado, el juez nombrará al árbitro o árbitros de entre las personas aprobadas en las listas devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes (RAU, 6(c)), y 

"d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista, el juez ejercerá su discreción para nombrar al árbitro o árbitros (RAU, 6(d)). 

La fuente material de la fracción III del artículo 1467 se encuentra en el artículo 6 del RAU. En beneficio de la brevedad, en la transcripción de arriba puse la referencia correspondiente al RAU.

El sistema de lista

Después de la designación de común acuerdo por las partes, el sistema de lista es el mejor para preservar el derecho de las partes de escoger al árbitro único o al presidente del tribunal arbitral. También al tribunal entero en los arbitrajes multiparte. 

Las partes reciben la lista de candidatos y bien harán si hacen todas las averiguaciones razonables a su alcance, para conocerlos y calificarlos. 

Los candidatos que sean tachados por cualquiera de las partes, quedan definitivamente eliminados. De entre los candidatos que no fueron tachados por ninguna de las partes, el juez deberá escoger el que recibió el mejor puntuación. 

Por ejemplo, la lista incluyó a “A”, “B”, “C”, “D”, “F¨ y “G”. Una parte tachó a “B” y “F” y puso al resto en el siguiente orden: 1 “C”, 2 “G”, 3 “A” y 4 “D”. La otra parte tachó a “B” y “C” y puso al resto en el siguiente orden: 1 “A”, 2 “D”, 3 y 4 “G”. Tendremos el siguiente resultado: “B”, “C” y “F”, quedan eliminados. La puntuación de los sobrevivientes fue: “A” 4, “D” 6 y “G” 6. 

El árbitro sería “A”. Si “A” no aceptara el cargo, el siguiente candidato lo escogería el juez entre “C” y “G”, que tienen igual número de puntos. 

Lo cierto es que con este método se preserva el derecho de las partes de escoger al árbitro. Aunque haya sido por vía indirecta, es el producto de su acuerdo. 

Cuando soy consultado acerca de un acuerdo de arbitraje siempre lo recomiendo. Algunas instituciones, como CANACO y ICDR, estipulan el método de lista. Otras, como el CAM y la CCI, no lo tienen en sus reglamentos, pero admiten y ejecutan el acuerdo de las partes cuando lo estipulan. 

No crean que terminé con la fracción III. Seguiré en la próxima. 

*Howard Holztmann and Joseph Neuhaus. ‘A Guide to the UNCITRAL Model La w On International Commercial Arbitration.



---------

Paragraph I of article 1467 of the Code of Commerce.  Conclusion

In the previous post I started the analysis of paragraph I of article 1467 of the Commerce Code. 

To end it, I lacked some space to highlight that the powers of the courts in the appointment of the arbitrators are not of a jurisdictional nature, but of mere administrative assistance. With such purpose, I conclude by quoting a paragraph from the Commentary of Holtzmann and Neuhaus, to article 6 of the UMLA.* 

“Article 6 specifies that a nonjudicial authority may be designated to perform functions under those Articles in which such an authority is mentioned. These Articles are 11 (appointment of arbitrators, 13 (challenges), and 14 (termination of mandate). It was intended that only a " court, as defined in Article 2(c), could decide on the jurisdiction of the arbitral tribunal (Article 16(3)) and on applications for setting aside the award (Article 34(2)). The proviso permitting designation of a nonjudicial "authority" was added by the Commission to the Working Group's draft. The primary reason was that in some countries these appointment, challenge, and termination procedures are performed by specialized bodies such as chambers of commerce or national arbitral institutions, and there was a sense that these bodies may be able to perform the functions more efficiently than some courts. In addition, it was noted that the UNCITRAL Arbitration Rules envision appointment of any competent body or organ as the appointing authority " 

The paragraph transcribed confirms three important points I have sustained: (i) the duty of the court in the appointment of the arbitrator is not, strictly speaking, of a jurisdictional nature, but merely that of a nominating authority; (ii) the procedure has to be swift and, (ii) it should not be obstructed by litigious maneuvering. 

Paragraph II of article 1467 of the Code of Commerce

"II. The court shall previously consult with one or more arbitral institutions, chambers of commerce or industry designated at its discretion." 

In part, this section feeds from the practice observed by Mexican courts from the enactment of the arbitral law in 1993, until the incorporation of Chapter X on judicial assistance and control. 

When the drafo of enactment of the UMLA was discussed, I alleged that commercial arbitration could be present in numerous areas of commercial activity, especially if it is international. Courts for civil matters, because of its activity, were overwhelmed of work, resort to arbitration deal with a wide number of subject matters and courts had no contact with the different communities of commercial arbitration to which they could refer. My position was consistent with the note of the commentary of Holtzmann and Neuhaus transcribed above.

My proposal did not prosper. Confusion on the nature of court and arbitral proceedings, which causes many to consider the arbitral function as nearly judicial, prevailed. The decision was that the functions of article 6 of the UMLA belonged to a court. So it was decided in article 1427 of the Commerce Code. 

I must confess that in the exercise of these duties, the courts, on the one side, confirmed my position, and on the other, showed I was wrong. In the 14 years (1999 to 2014) in which I performed as Chair of the Mediation and Arbitration Commission of CANACO, just as in my experience as arbitrator and litigator, I saw how courts, when requested to appoint an arbitrator, regularly contacted CAM and CANACO, asking them to suggest arbitrators. 

The Court Must Provide Sufficient Information

There is little left to explain. Perhaps only to note that the judges, with the information acquired by the previous statements from the parties and the meeting with them, should have sufficient information to make appropriate requests to the institutions, when asking for prospective candidates. In this sense, my experience has been that the courts do not usually provide enough information. In CANACO, for example, it was frequent for the Secretary General to approach the judge to obtain additional necessary information. It was not always successful and frequently suggestions were made in blindness. 

Section III

"III. In making the appointment the judge shall use the following list-procedure, unless both parties agree that the list-procedure should not be used or unless the court determines in its discretion that the use of the list-procedure is not appropriate for the case (RAU, 6)): 

"a) At the request of one of the parties the judge shall communicate to both parties an identical list containing at least three names (RAU, 6(a)). 

"b) Within fifteen days after the receipt of this list, each party may return the list to the judge after having deleted the name or names to which it objects and numbered the remaining names on the list in the order of its preference (RAU, 6(b)). 

“c) After the expiration of the above period of time the court shall appoint the sole arbitrator from among the names approved on the lists returned to it and in accordance with the order of preference indicated by the parties (RAU, 6(c)), and 

"d) If for any reason the appointment cannot be made according to this procedure, the court may exercise its discretion in appointing the sole arbitrator (RAU, 6(d)). 

The material source of section III of article 1467 is found in article 6 of the UAR. For the benefit of space, I included the corresponding reference to the UAR in the transcription above. 

The List System

After the common appointment by the agreement of the parties, the list system is the best to preserve the right of the parties to choose the sole arbitrator or the president of the arbitral tribunal. Also the whole tribunal in multiparty arbitrations. 

The parties receive the list of candidates and will do well if they make all the reasonable research they can, to know them and grade them. 

The candidates that are excluded by any of the parties are definitely eliminated. From among the candidates that were not excluded, the judge shall choose the one who received the best “grades”. 

For example, the list included “A”, “B”, “C”, “D”, “F¨ y “G”. A party excluded “B” and “F” and placed the rest in the following order: 1 “C”, 2 “G”, 3 “A” and 4 “D”. The other party excluded “B” and “C” and put the rest in the following order: 1 “A”, 2 “D”, 3 F and 4 “G”. We will obtain the following result: “B”, “C” and “F”, are excluded. The grade of the survivors is the following: “A” 4, “D” 6 and “G” 6. 

“A” would be the arbitrator. If “A” does not accept the appointment, the next candidate would be chosen by the court between “C” and “G”, who have the same number of points. 

The truth is that with this method, the right of the parties to choose the arbitrator is preserved. Albeit through an indirect method, it is the product of their agreement. 

When consulted regarding an arbitration agreement, I always recommend such method. Some institutions, such as CANACO and ICDR, establish the list method. Others, such as CAM and the ICC, do not have it in their rules, but comply with the agreement of the parties if it so provides. 

Don’t think I’m through with section III. I will continue in the next one. 

*Howard Holztmann and Joseph Neuhaus. ‘A Guide to the UNCITRAL Model La w On International Commercial Arbitration.