martes, 28 de octubre de 2014

Legislación complementaria. Designación de árbitro por el juez. Manifestaciones de árbitro. Artículo 1467. Cuarta parte




Esta disposición debe interpretarse en el sentido de favorecer la rapidez y la flexibilidad en la designación. Hay una aparente contradicción entre los encabezamientos del artículo 1467 y el del párrafo III, que conceden discrecionalidad al juez, y el inciso d), cuyo texto habla de que “no pudiera hacerse el nombramiento según el sistema de lista”.

Cuestiones de posibilidad

No está mal hacer algunas consideraciones sobre las diversas acepciones del concepto de imposibilidad (no pudiera).

Es legalmente imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización (CCF, 1828).

Ninguna disposición hace legalmente imposible el sistema de lista.

La imposibilidad puede ser: (i) metafísica o absoluta que “... se funda en la esencia de las cosas... Un círculo triangular es un imposible absoluto, porque fuera círculo y no círculo, triángulo y no triángulo”; (ii) “… física o natural, consiste en un hecho que esté fuera de las leyes de la naturaleza. Es imposible que una piedra soltada al aire no caiga al suelo…; (iii) moral u ordinaria, “… es la oposición al curso regular u ordinario de los sucesos… es imposible de esta manera todo aquello que, atendido el curso regular de las cosas, acontece rara vez o nunca”. Es imposible afirmar que Enrique Peña Nieto no es el Presidente de la República Mexicana; (v) de sentido común, que son aquellos casos en que vivimos con la “… certeza de que lo imposible no se realizará”, como sería el caso de tirar al aire una moneda y esperar que caiga parada de canto (Balmes, El criterio).

Imposibilidad ordinaria o de sentido común.

Es obvio que la interpretación del artículo debe ser en el sentido de que no se refiere a una imposibilidad absoluta, sino a una imposibilidad ordinaria o de sentido común. Como sería el caso cuando una parte tuvo que ser notificada en el último domicilio conocido, no cabe esperar que esa parte participe activamente en la jurisdicción voluntaria de designación del árbitro.

Recuerdo alguna ocasión en la que, de acuerdo a la cláusula de arbitraje, los dos árbitros designados por las partes teníamos la encomienda de designar al tercero. Cuando remitimos a las partes la lista, una de ellas respondió que como teníamos la encomienda de hacer la designación, nuestra conducta de enviar a las partes la lista para que la calificaran era incorrecta; devolvió la lista tachando todos los nombres. 

Los árbitros no estuvimos de acuerdo con el razonamiento. Sin embargo, nos quedó claro que cualquier lista que enviáramos en el futuro tendría el mismo resultado. Así las cosas, decidimos hacer el nombramiento directo: (i) cada árbitro propuso al otro un candidato, (ii) cuando tuvimos dos candidatos igualmente aceptables para los dos árbitros, echamos un volado. 

El juez puede encontrarse ante otras situaciones semejantes.

Fracción IV

“Antes de hacer la designación, el juez pedirá al arbitro o árbitros designados, que hagan las declaraciones previstas en el acuerdo de arbitraje y en el artículo 1428.”

Manifestaciones del árbitro

El artículo 1428 (LMA, 12) dice que la persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia.” 

Las opiniones, y prácticas regionales o sectoriales, acerca de lo que un árbitro debe manifestar, y lo que no está obligado a manifestar, así como el contenido de la manifestación, son numerosos. Es un tema espinoso que amerita un comentario especial que haré en otra ocasión. 

Las circunstancias que las partes pueden estipular que deban ser manifestadas quedan a su imaginación; que es ilimitada. Mi recomendación es que no creen problemas añadiendo requisitos. 

El precepto limita la facultad del juez a pedir al árbitro designado que haga las manifestaciones que tenga. Para que el árbitro esté en condiciones de saber si debe o no hacer manifestaciones, el juez le debe proporcionar la información que recibió de las partes. Principalmente la identificación de las partes y de sus abogados. 

No se requiere aceptación del árbitro 

El artículo 1467 no requiere ni faculta al juez para que exija al árbitro designado acepte el cargo.

No es una laguna. La aceptación del árbitro es una actuación arbitral que debe hacerse en el arbitraje y no en una instancia judicial externa. Además, es muy probable que el árbitro necesite tener mayor información e intercambios preliminares con las partes, para conocer sus puntos de vista sobre la naturaleza de la disputa, la conducción del procedimiento, el monto y forma de pago de sus honorarios y muchas otras cuestiones importantes.

No obstante lo anterior, en mas de una ocasión fui requerido por el juez que me designó, para que manifestara si aceptaba o no el nombramiento. Aunque el juez no tenía facultades, por prudencia manifesté mi aceptación. Sin embargo, para evitar el riesgo de ser acusado de faltar a mi compromiso, en todas las ocasiones acepté haciendo la salvedad de que lo hacía “a la luz las circunstancias que conocía en ese momento". 

Efecto de la manifestación. Recusación

El requerimiento a la persona designada para que manifieste las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia, puede tener diferentes respuestas.

La persona designada puede manifestar que no acepta. En ese caso, el juez deberá designar al siguiente candidato que haya tenido el mejor resultado según el sistema de lista. O, si no se siguió ese sistema, designar otro árbitro.

Si la persona designada hace manifestaciones, el juez no tiene facultades para calificarlas. Su misión consistirá en transmitirlas a las partes. En principio deberá considerarse que las partes quedan informadas de la manifestación del árbitro en el momento en que el juez las notifica a las partes y que, a partir de ese momento, comenzará a correr el término para recusar al árbitro.

En efecto, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales con respecto a una determinada controversia, se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento para someter esa controversia al arbitraje (1437 Cco (LMA, 21)). Por otro lado, la recusación debe hacerse dentro de los quince días siguientes a aquél en que la parte que la hace tenga conocimiento de las circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de la imparcialidad e independencia del árbitro (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

El supuesto de la intervención judicial para designar al árbitro, es que hayan transcurrido treinta días desde que una parte requirió a la otra para que designara un árbitro, o de que los árbitros o las partes no se hayan puesto de acuerdo en el nombre del tercero. Son supuestos que implican un requerimiento previo de someter la controversia al arbitraje.

Bibliografía: ya lo adivinaron, 'El criterio’ de Jaime Balmes. Debe ser libro de cabecera para abogados y no abogados.


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Disclosure by the Arbitrator.  Article 1467.  Fourth Part


This provision must be interpreted in the sense of favoring the swiftness and flexibility in the appointment. There is an apparent contradiction between the headings of article 1467 and paragraph III, which grant discretion to the court, and section d), which text states “in case the appointment is not possible through the list system.” 

Matters of Possibility

In order to make a correct interpretation of the provision, it is worthwhile to make some considerations regarding the different notions of the concept of impossibility (‘is not possible’). 

For purposes of the law, It is impossible the fact that cannot come to exist because it is incompatible with the laws of nature or some legal provision that necessarily regulate it, and thus constitutes an obstacle impossible to overcome for its realization (CCF, 1828). 

There is nothing making the system list legally impossible. 

The impossibility may be: (i) metaphysical or absolute that “... is grounded in the essence of things... a triangular circle is an absolute impossible, for it to be circle and no circle, triangle and no triangle”; (ii) “… physical or natural, consisting in a fact that is outside the laws of nature. It is impossible for a stone thrown in the air not to fall back to the ground …; (iii) moral or ordinary, “… it’s the opposition to the regular or ordinary course of things … it is therefore impossible all that which, looking at the regular course of things, rarely or never happens”. From that perspective is impossible the statement that Enrique Peña Nieto is not the President of Mexico; (v) of common sense, which are those cases with respect to which we have “… the certainty that the impossible will never happen”, as would be the case of throwing a coin to the air and that the coin will land and stay on its side (Balmes, The Art of Thinking Well). 

Ordinary or Common Sense Impossibility

It is obvious that the interpretation of the provision is that it does not refer to the absolute impossibility, but to the ordinary or common sense impossibility. As it would be the case when a party had to be notified in the last known domicile, it is not foreseeable for such party to actively participate in the voluntary jurisdiction of appointment of the arbitrator.

I remember some occasion in which, pursuant to the arbitration clause, the two arbitrators appointed by the parties had the mission of appointing the third one. When we referred the list to the parties, one of them answered that since we had the mission of making the appointment, our conduct of sending the list to the parties was incorrect; it sent the list back crossing all names. 

The arbitrators were not in agreement with the reasoning. However, it was clear to us that any list we would send in the future would end with the same result. In such scenario, we decided to make the appointment directly: (i) each arbitrator proposed a candidate to the other, (ii) when we had two candidates that were equally acceptable for both arbitrators, we flipped a coin to chose which one to appoint. 

The appointing court may find itself in similar situations. 

Paragraph IV

“Before making the appointment, the court shall ask the designated arbitrator or arbitrators, to make the disclosures foreseen in the arbitration agreement and in article 1428.” 

Comments of the Arbitrator

Article 1428 (UMLA 12) says: “When a person is approached in connection with his or her possible appointment as an arbitrator, he or she shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence” 

The opinions, regional and sectorial practices, on what an arbitrator should disclose, and what there is no need to disclose, and with respect to the contents of the disclosure, are numerous. It is a spiky topic that deserves a special commentary, which I will make in another occasion. 

The circumstances that the parties can estipulate shall be disclosed depend on their imagination; which is unlimited. My recommendation to the drafters is not to create problems by adding annoying requirements. 

Paragraph IV limits the power of the court to ask any appointed arbitrator to make the appropriate disclosures. For the arbitrator to be in condition of knowing whether there is something to be disclosed, the judge must provide the arbitrator the relevant information provided by the parties. Specially the names of the parties and their lawyers. 

The Acceptance of the Arbitrator is Not Necessary

Article 1467 does not require nor empowers the court to request from the appointed arbitrator to accept the appointment. 

It is not a gap. The acceptance of the arbitrator is an act that should be done within the arbitration and not before an external judicial court. Moreover, it is probable that the arbitrator will need additional information and preliminary exchanges with the parties, to be acquainted with their points of view on the nature of the dispute, the conduction of the procedure, the disputed amount, fees, deposits, payments to the arbitrator and other important issues. 

Notwithstanding the above, in more than one occasion I was required by the court that designated me, to manifest whether I accepted the appointment or not. Albeit the court had no powers, out of prudence I accepted. However, to avoid the risk of being accused of breaching my commitment, I expressly stated that my acceptance was done “in light of the circumstances known to me at that point in time.” 

Effect of the Disclosure. Challenge

The requirement to the appointed person to disclose the circumstances that may give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence may have different answers. 

The person appointed may not accept the appointment. In this case, the court shall appoint the next candidate that had the best result according to the list system. And if such system was not used, appoint another arbitrator. 

The court has no powers to qualify the disclosures made by the arbitrator. Its mission shall be to communicate the disclosure to the parties. In principle, it shall be considered that the parties are informed of the disclosure of the arbitrator in the moment in which the court notifies it to the parties and that, from that moment on, the period to challenge the arbitrator starts to run. 

Indeed, except if the parties agree otherwise, the arbitration shall commence on the date in which the respondent has received the requirement to submit such dispute to arbitration (1437 Cco (LMA, 21)). On the other hand, the challenge must be made within the fifteen days following that in which the party that has knowledge of the circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence (Cco, 1429, LMA 13(2)). 

The period for a court to appoint the arbitrator is of thirty days since a party required the other party to appoint an arbitrator, or since the arbitrators or parties failed to reach an agreement on the third. Obviously, in those cases a previous requirement of submitting the dispute to arbitration should have been made; thus, at the time of the disclosure, the arbitration should have commenced.

Bibliography: you guessed, Jaime Balmes’ The Art of Thinking Well. It should be a bedhead book for lawyers and non-lawyers.

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