martes, 14 de octubre de 2014

Legislación complementaria designación de árbitro





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Divorcios

Los divorcios, aunque en ocasiones inevitables, no son buenos. Generalmente su causa está en el desconocimiento, la desatención y el desinterés. Sobre todo, en la falta de entusiasmo. 

Me refiero, por supuesto, al divorcio entre quienes se estiman expertos y apóstoles del arbitraje y los que, por su lado, se estiman expertos y defensores del litigio judicial. La regulación del arbitraje y la del litigio judicial se ensamblan perfectamente; pero los abogados divorciados no lo saben y causan daños.

Siendo el mundo del derecho tan coherente, atractivo, emocionante y constructivo, no entiendo la indiferencia. 

Jurisdicción voluntaria

La reforma de 2011, atinadamente, estableció que la vía para obtener el auxilio judicial en la composición del tribunal arbitral es la jurisdicción voluntaria. El artículo 1466 Cco, establece que, entre otras, la solicitud de designación de árbitros o la adopción de medidas prevista en el artículo 1427, se tramitarán en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

La jurisdicción voluntaria es un procedimiento judicial, cuyas características son que: (i) se requiera la intervención judicial; (ii) proceda por disposición de la ley o a solicitud de parte interesada; (iii) sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas (CFPC, 530).

¿Cuestiones entre las partes?

Me interesa comentar la ausencia de cuestión alguna entre las partes. A primera vista se puede afirmar que este supuesto no se da cuando se solicita el auxilio judicial para la constitución del tribunal arbitral. Sin embargo, pueden encontrarse las siguientes cuestiones: (i) sobre el nombre del árbitro o árbitros o sobre la conducta de la autoridad nominadora: (ii) sobre la existencia o validez del acuerdo de arbitraje; o (iii) sobre la substancia de la disputa. Por razones obvias, esta última cuestión no interesa en esta entrega.

Interpretada literalmente, a la luz de los supuestos del párrafo precedente, la referencia a la jurisdicción voluntaria pudiera estimarse un error. No faltará litigante que impugne la vía; sin embargo, la disposición legislativa está en lo correcto.

En primer lugar, no se puede impugnar que la jurisdicción voluntaria procede en estos supuestos, ya que así está establecido en el artículo 1427. Pero esta solución tiene su razón de ser, y muy importante.

Además, el artículo 1466 Cco, solo hace referencia a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 CFPC. Con toda intención no se incluyó el artículo 533 CFPC, según el cual si, a la solicitud promovida, se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio.

Respecto del árbitro y la autoridad nominadora

La ausencia de acuerdo sobre el nombre de uno o más árbitros, así como de la falta en el desempeño de sus facultades por la autoridad nominadora, puede ser efecto de un desacuerdo o de una omisión: (i) si las partes no se ponen de acuerdo en que el árbitro sea juan o pedro; o, (ii) si una parte no nombra al árbitro que le corresponde. 

En cuanto a la autoridad nominadora, podrían plantearse las siguientes cuestiones: (i) si la autoridad nominadora designó o no designó al árbitro; o, (ii) si al designar al árbitro, la autoridad nominadora incumplió con el acuerdo de las partes relativo a sus funciones y a como las llevaría a cabo.

Respecto del acuerdo arbitral

También puede haber diferencias cuando una parte alegue la inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitraje y que, por lo tanto, el juez no debe intervenir mientras no se decida esta cuestión. En la entrega del 10 de octubre de 2014, me referí a que el Digesto de 2012 reporta sentencias sobre esta cuestión. Entonces comenté que esto no puede darse en México

El acuerdo de arbitraje es valido mientras no se decida otra cosa

Así como nuestra legislación tiene como finalidad la eficacia de los actos jurídicos, la regulación del arbitraje está orientada a dar cumplimiento al acuerdo de arbitraje. En una entrega anterior sostuve que, como todos los actos jurídicos, el acuerdo de arbitraje es valido y obliga a las partes, mientras no se declare su nulidad (CCF, arts. 2226 y 2227).

Es legalmente imposible oponer ante el juez requerido para que designe a un árbitro, la inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitral. La competencia para decidir esas cuestores, la tiene el tribunal arbitral (Cco, art. 1432, LMA, art. 16). Por lo tanto, es necesario que primero se constituya el tribunal arbitral para que decida sobre su propia competencia. 

Si el tribunal arbitral decide que el acuerdo es inexistente o nulo, dará por terminadas sus funciones. 

Si el tribunal arbitral encuentra que el acuerdo de arbitraje existe, es valido y le otorga competencia, seguirá adelante con el arbitraje. Esto, sin perjuicio de los medios de impugnación que el Cco pone a disposición de la parte que se considere afectada.

Impedir obstrucciones

La disposición de seguir la vía de la jurisdicción voluntaria tiene la virtud de impedir maniobras de obstrucción. La alegación de inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitraje bastaría para introducir un litigio y eludir el sistema de los artículos 1424, 1432, 1466, 1467 y 1468 del Cco. Un litigante frívolo sólo tendría que abstenerse de colaborar en la formación del tribunal arbitral. Cuando su contrario pidiera en jurisdicción voluntaria la designación del árbitro, alegaría la inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitraje; y ya tenemos obstrucción y litigio por años antes de comenzar el arbitraje.

Pero no es así. Ni el Cco (arts. 1432, 1466, 1467 y 1468), ni el CFPC (arts. 530 a 532 y 534 a 537), contemplan la oportunidad de ventilar en la jurisdicción voluntaria la cuestión del acuerdo de arbitraje, ni ninguna otra. 

Cabe notar que las disposiciones del Cco y del CFPC no exigen que con la solicitud al juez deba acompañarse del acuerdo de arbitraje, ni prueba de su existencia. Basta la petición para que el juez designe al árbitro o tome medidas. El juez deberá satisfacer la petición de auxilio, nombrar al árbitro y dejar que el sistema arbitral decida las demás cuestiones. Incluida, en su caso, la decisión sobre el fondo de la disputa.

Es evidente que, si así sucede, la parte que promovió el inicio del arbitraje y la actuación judicial incurrirá en responsabilidades. Este es un tema que vale la pena comentar, pero que no trataré en esta ocasión.

Remedios. La recusación

El artículo1468 Cco establece que en contra de la resolución del juez no procede ningún recurso, salvo el derecho de las partes a recusar el árbitro en los términos del Cco. Si una parte considera que existen razones fundadas acerca de la imparcialidad e independencia del árbitro designado, o que no cumple con cualidades estipuladas en el acuerdo de arbitraje, su medio de defensa es la recusación. 

El divorcio

Solo conozco un caso en México en que estas cuestiones se plantearon y se resolvieron de manera diferente a como las explico en esta entrega. Por lo mismo, el asunto fue innecesariamente complicado. 

Existe una versión pública de una sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, relativo al recurso de revisión 107/2012. Dicha sentencia está disponible para el público general en la página de Consulta de Sentencias de Órganos Jurisdiccionales, de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. La dirección es: http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx

En ese caso, en lugar hacer valer un análisis sistemático y completo del sistema del Cco, que es claro y sencillo, las partes se enredaron en interminables alegaciones respecto del acuerdo de arbitraje y otras cuestiones procesales complicadas. Al terminar los tribunales dictaron una solución correcta y designaron al árbitro. Pero con un par de años de dilación. 

Nota bibliográfica: relean lo que ya he recomendado. La mayoría de lo que se escribe son repeticiones. Busquen los clásicos.


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Complementary Law.  Chapter X.  Appointment of an Arbitrator in Voluntary Jurisdiction.  Art. 1466 Cco.

Divorces

Divorces, albeit often unavoidable, are not good. Generally, their cause is rooted in lack of knowledge, lack of attention, or lack of interest. Above all, it is found in the lack of enthusiasm.

I am referring, of course, to the divorce between those who think of themselves as experts and arbitration apostles, and those who, on the other hand, think of themselves as experts and defenders of court litigation. The regulation of arbitration and court litigation perfectly assemble; but divorced lawyers don’t know that and thus cause damages.

The law being so coherent, attractive, exciting and constructive, I can’t understand the indifference.

Voluntary Jurisdiction

The 2011 amendment to the Cco, pertinently established that the way to obtain the court assistance in the composition of the arbitral tribunal, is a typical Mexican law proceeding known as voluntary jurisdiction (‘Jurisdicción voluntaria’). Article 1466 of the Commerce Code establishes that, among others, the request to appoint an arbitrator or the issuance of measures foreseen in article 1427 shall be substantiated through voluntary jurisdiction pursuant to articles 530 to 532 and 534 to 537 of the Federal Code of Civil Procedures. 

The voluntary jurisdiction is a court proceedings, which characteristics are: (i) the intervention of the court is required; (ii) it proceeds by virtue of the law or at the request of party with legal interest; (iii) without there being any other issue between the parties (CFPC, 530).

Issues Between the Parties?

I am interested in commenting on the absence of issues between the parties. At first sight it can be affirmed that this requirement is not present when the court intervention is requested for the composition of the arbitral tribunal. However, the following issues may arise: (i) on the name of the arbitrator or arbitrators or the conduct of the appointing authority; (ii) on the existence or validity of the arbitration agreement; or (iii) on the merits of the dispute. For obvious reasons, this last point is not relevant in this post.

Interpreted literally, in the light of the hypothesis of the above paragraph, the reference to the voluntary jurisdiction may be considered a mistake. There would always be a litigator who challenges the type of procedure chosen; however, the law provision is correct.

First, it cannot be disputed that the voluntary jurisdiction proceeds in those cases, for it is so established in article 1427. But this solution has its reason of being, and a very important one.

Besides, article 1466 of the Code of Commerce merely makes reference to articles 530 to 532 and 534 to 537 of the FCCP. With very intention, article 533 of the FCCP was not included, pursuant to which if there exists any legitimate challenge by a party against the request, the business will be followed pursuant to the provisions set for a trial.

With Respect to the Arbitrator and the Appointing Authority 

The absence of agreement on the number of one or more arbitrators, as well as the fault in the performance of its functions by a nominating authority, may be the consequence of a disagreement or an omission: (i) if the parties do not reach an agreement on the arbitrator being John or Peter; or, (ii) if one party does not designate the corresponding arbitrator.

With regards to the nominating authority, the following issues could be addressed: (i) if the nominating authority appointed the arbitrator or not; or, (ii) if when appointing the arbitrator, the nominating authority breached the agreement of the parties with respect to its functions and how to perform said functions.

With Respect to the Arbitration Agreement

There may also be differences when a party alleges the non-existence or nullity of the arbitration agreement and, therefore, the court shall not intervene for as long as that issue is unresolved. In the post of October 10, 2014, I referred that the Digest of 2012 reported court decisions on such issue. I commented then that this cannot happen in Mexico.

The Arbitration Agreement is Valid until Something Else is Decided

Just as the purpose of our legislation is the efficacy of the legal acts, the regulation of arbitration is oriented towards providing efficacy to the arbitration agreement. In a previous post I held that, as in any other legal act, the arbitration agreement is valid and binding on the parties, for as long as its nullity is not declared (Federal Civil Code, arts. 2226 and 2227).

It is legally impossible to argue before the court required to appoint an arbitrator, the inexistence or nullity of the arbitration agreement. The jurisdiction to decide such issues lies on the arbitral tribunal (Cco, art. 1432, LMA, art. 16). Therefore, it is necessary to constitute the arbitral tribunal first so that it can decide on its own jurisdiction. 

If the arbitral tribunal decides that the agreement is inexistent or void, shall deem its functions terminated.

If the arbitral tribunal finds that the arbitration agreement exists, is valid and grants it jurisdiction, it shall proceed with the arbitration. The foregoing, without prejudice of the means of challenge granted by Code of Commerce to a party affected by the decision.

Avoid Obstructions

The will to follow the path of the voluntary jurisdiction has the virtue of avoiding obstruction tactics. The allegation of the inexistence or nullity of the arbitration agreement will suffice to initiate litigation and avoid the system of articles 1424, 1432, 1466, 1467 and 1468 del Cco. A frivolous litigator would only need to refrain from cooperating in the formation of the arbitral tribunal. When its counterpart asks in voluntary jurisdiction to have the arbitrator appointed, he would allege the inexistence or nullity of the arbitration agreement; and then have achieved obstruction and years of litigation before commencing arbitration.

But it is not so. Nor the Code of Commerce (arts. 1432, 1466, 1467 and 1468), nor the Federal Code of Civil Procedure (arts. 530 to 532 and 534 to 537), contemplates the opportunity of bringing the issue of the arbitration agreement or any other during the voluntary jurisdiction.

It should be noted that the provisions of the Commerce Code and the Federal Code of Civil Procedure do not require the arbitration agreement or a proof of its existence to present the request before the court. The request suffices for the court to appoint the arbitrator or take measures. The court shall satisfy the request of assistance, appoint the arbitrator and leave it to the arbitral system to solve the rest of the issues. Including, if such is the case, the issues on the merits of the dispute.

It is evident that if that is the case, the party who initiated arbitration and the court proceedings shall be liable. It is a matter that deserves to be commented on, but I will not deal with it in this particular occasion.

Remedies. Challenge

Article 1468 of the Code of Commerce establishes that there is no legal recourse against the resolution of the court, save for the parties’ right to challenge the arbitrator pursuant to the Code of Commerce. It a party considers that there are grounded reasons on the impartiality and independence of the appointed arbitrator, or if she does not comply with the characteristics stipulated in the arbitration agreement, its means of defense shall be the challenge.

Divorce

I have knowledge of one case in Mexico in which these issues were raised and resolved in a different manner with respect to what I explained in this post. For such reason, the matter was unnecessarily complicated.

There is a public version of a decision issued by the Second Collegiate Tribunal for Civil Matters of the First Circuit, related to appeal number 107/2012. Said decision is available for the general public in the web page of the “Consulta de Sentencias de Órganos Jurisdiccionales, de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación”. The web address is: http://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx

In this case, instead of making a systematic and thorough analysis of the system of the Code of Commerce, which is clear and simple, the parties got stuck in unending allegations with respect to the arbitration agreement and other complex procedural matters. At the end, the courts issued a correct decision and appointed the arbitrator. But only after a two year delay. 

Bibliographic note: read again what I have recommended before (the classics). The majority of what is written is repetition. Search for the classics.

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