viernes, 7 de noviembre de 2014

No tocar porque quema Asistencia en pruebas




See below English version.


No tocar porque quema

La legislación complementaria del Cco sobre la asistencia judicial en la obtención de pruebas en el arbitraje es, con sabiduría, escueta e insuficiente. El asunto puede ser tan complicado que será mejor que los jueces, cuando sean requeridos, tengan la claridad mental e inventiva necesarias para crear jurisprudencia. Mientras tanto, la experiencia es que los tribunales arbitrales le huyen a esas peticiones de auxilio como si se tratara del diablo.

El marco legal

El artículo 1444 del Cco (27 LMA), dice:

"El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con la aprobación de éste, podrá solicitar la asistencia del juez para el desahogo de pruebas".

El Cco omitió la oración final del artículo 27 LMA, que dice:

"El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.


Sin embargo, en la reforma de 2010, sobre la asistencia judicial al arbitraje, se dispone sobre esta cuestión. Según la fracción II del artículo 1466 del Cco, se tramitará en vía de jurisdicción voluntaria conforme a los artículos 530 a 532 y 534 a 537 del CFPC, la solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas prevista en el artículo 1444 del Cco. Sobre el concepto de jurisdicción voluntaria hice comentarios.

Necesidad de la asistencia

La necesidad de asistencia judicial para obtener pruebas, deriva de las siguientes razones: (i) los árbitros no tienen autoridad para obtener la ejecución forzosa de sus determinaciones, la que sólo puede obtenerse con el auxilio de la autoridad judicial; y, (ii) los poderes de los árbitros derivan del acuerdo de arbitraje. En consecuencia, los árbitros no pueden obligar a terceros para que produzcan evidencia.

A la luz de esas consideraciones, es indudable que la asistencia judicial puede ser necesaria y muy útil. Sin embargo, es una cuestión que tiene sus bemoles, por lo que sólo se recurrirá a ella en casos excepcionales. En el arbitraje hay maneras de eludirla.

La problemática

Me referiré primero a la problemática que surge del artículo 1444 (LMA 27). En una entrega posterior, continuaré con la manera de tramitar la jurisdicción voluntaria.

En mi opinión el principal problema, por su importancia práctica, es el riesgo de que la interferencia de la ley procesal interna y el recurso a las cortes judiciales, causen dilaciones al procedimiento arbitral. Incluso aun cuando la petición se haga de buena fe. No me refiero a dilaciones menores; pueden significar meses o años.

Por ejemplo, en ciertas legislaciones el tribunal debe pedir al juez que obligue a los testigos renuentes a comparecer. Recuerdo un caso de un arbitraje IDCR, en Colombia. Entonces, no se si ahora todavía, la legislación colombiana del arbitraje nacional contenía una disposición por ese tenor. Estábamos en la audiencia final y un par de testigos no se presentaron. Una parte pidió que el tribunal hiciera la petición al juez; los lectores podrán hacer cálculos del tiempo que hubiera llevado el trámite. A mi me dieron escalofríos; ciertamente que no hubiéramos terminado la audiencia esa semana. Afortunadamente, en la legislación colombiana esa disposición no se aplicaba al arbitraje internacional, lo que permitió al tribunal salvar el escollo.

Desde la negociación del artículo 27 LMA, se vieron las dificultades. El grupo de trabajo, y luego la Comisión, le dedicaron más tiempo del que parece resultar de la escueta redacción del artículo 27. 

Por ejemplo, uno de los obstáculos fue la consideración de que en algunos países podría ser difícil, si no imposible, asegurar la asistencia judicial. Lo que hacía especialmente difícil obtener un texto uniforme completo.

También era difícil convenir un texto uniforme sobre: (I) el contenido de la petición de auxilio judicial; (ii) si la corte judicial se debería limitar a recibir la evidencia o usar su poder para obligar a que la evidencia se produjera ante el tribunal arbitral; y, (iii) las condiciones en las cuales una corte judicial podría rechazar la petición de ayuda.

Siendo prácticamente imposible negociar un texto razonablemente corto, se terminó por adoptar el texto que arriba transcribí. Con ello no desaparecieron los problemas, sino que las soluciones se dejaron en manos de los legisladores nacionales cuando incorporaran la LMA. Comentaré los principales.

Al contenido de la petición haré referencia cuando me ocupe de trámite de la jurisdicción voluntaria. 

¿Qué debe hacer el juez?

Una cuestión fue la de si, según sea el caso, el tribunal judicial podrá recibir la evidencia directamente u ordenar a una parte o un tercero a que la produzcan ante el tribunal arbitral. 

En la regulación del Cco, parece que todo dependería de la petición que se haga al juez. Es lógico inferir que tanto si la petición la hace el tribunal arbitral, como si la hace una parte con su autorización, la petición deberá hacerse circunstanciadamente y con claridad. Pero si hay un lugar en donde se justifica aquello de que ‘el diablo está en los detalles’, es en el desahogo de las pruebas.

Por ejemplo, si se trata de obtener la declaración escrita de un testigo, se deberán remitir los interrogatorios que las partes hayan presentado y, probablemente, instrucciones sobre la manera de dar las respuestas. Pero no basta. En la recepción de la prueba de testigos en el arbitraje, las declaraciones escritas son el testimonio directo. Si una parte quiere someter a uno de esos testigos a un contra-interrogatorio, los problemas para obtener la asistencia judicial son como para sentarse a llorar en una piedra picuda. No tengo espacio para describirlos.

Si lo que se pretende es que el testigo declare directamente ante el tribunal judicial, la cuestión también será compleja. Se tendrían que remitir antecedentes suficientes sobre los puntos en litigio que son relevantes a la declaración, la extensión de los poderes del juez para regular el desahogo de la prueba, la identificación de las partes y sus representantes, los documentos que el testigo deberá examinar, etcétera. 

Si se trata sólo de obtener que se obligue al testigo a declarar ante el tribunal arbitral, tendría que señalarse, entre otros, el lugar y la fecha de la audiencia. La audiencia tendría que fijarse para una fecha lejana, porque la tramitación del procedimiento ante el juez lleva tiempo. Si el testigo desacata, habrá que regresar con el juez para que imponga nuevos apremios. El cuento de nunca acabar.

Similares consideraciones tendríamos que hacer si se trata de la presentación de documentos u otra información similar. Y no sigo con expertos, vistas de inspección y otras; me basta con dejárselas a su imaginación.

Apremio terceros

También diferirá el tratamiento dependiendo de si la orden del tribunal es contra una de las partes en el acuerdo de arbitraje, o contra un tercero ajeno a esa estipulación contractual. La información que deberá remitirse al juez requerido será diferente y la manera de desahogar las actuaciones judiciales de prueba. 

Encuentro dudoso que un juez tenga poder para conminar a un tercero a proveer de evidencia en un arbitraje que le es ajeno; como le será ajeno, probablemente, al contrato o la relación que dio origen a la controversia. Por ejemplo, cuando el tercero aduce motivos fundados para no prestar la evidencia; tales como que se viola su derecho a la confidencialidad de sus registros, documentos, secretos de negocios, deberes de confidencialidad con terceros, etcétera. En ese y otros casos semejantes, el tribunal judicial deberá valorar si concede o no concede la petición de asistencia.

Bibliografía: ¿El exorcista?


----------

Court Assistance in Gathering Evidence. The Devil in the Details

Do Not Touch, for it Burns

The implementing legislation of the Commerce Code on court assistance in taking evidence in arbitration is, wisely, scarce and insufficient. The matter can be so complicated that it will be better for the courts, when so required, to have the mental clarity and necessary inventiveness to create jurisprudence. Meanwhile, the experience is that arbitral tribunals flee from these requests of assistance as if they were the devil itself.

The Legal Framework

Article 1444 of the Commerce Code (27 UMLA), says:

"The arbitral tribunal or a party with the approval of the arbitral tribunal may request from a competent court of this State assistance in taking evidence."

The Commerce Code omitted the final phrase of article 27 of the UMLA, which says:

"The court may execute the request within its competence and according to its rules on taking evidence.”


However, in the 2011 amendment on court assistance to arbitration, this matter is dealt with. Pursuant to section II of article 1466 of the Commerce Code, court assistance for taking evidence foreseen in article 1444 of the Commerce Code shall be substantiated through voluntary jurisdiction pursuant to articles 530 to 532 and 534 to 537 of the Federal Code of Civil Procedures. I have made some comments on the concept of voluntary jurisdiction.

Need for Assistance

The need for court assistance in taking evidence derives from the following reasons: (i) the arbitrators do not have authority to obtain the compulsory enforcement of their determinations, which may only be obtained with the aid of the court authority; and, (ii) the powers of the arbitrators derive from the arbitration agreement. In consequence, the arbitrators cannot force third parties to produce evidence.

In light of these considerations, there is no doubt that court assistance may be necessary and useful. Nonetheless, it is a matter that has its own flaws, for which arbitral tribunals recur to it only in exceptional cases. In arbitration, there are ways to elude it.

The Problematic

I will commence with the problematic arising from article 1444 (UMLA 27). In a later post, I will continue with how the voluntary jurisdiction is to be substantiated.

In my opinion, for its practical importance, the main problem is the risk that the interference of the internal procedural laws and the intervention of courts cause delays in the arbitration. Even when the request is made in good faith. I am not referring to minor delays; they can signify months or years.

For example, in certain legislations the tribunal must request the court to force reluctant witnesses to appear. I remember an ICDR arbitration case in Colombia. I don’t know if Colombian legislation on national arbitration still keeps such a provision. We were in the final hearing and a pair of witnesses failed to appear. A party requested the tribunal to make the petition before the court; the readers may make estimates of how long it would have taken to get the witness declarations. I had goose bumps; certainly, we would not have been able to finish the hearing on that week. Fortunately, in Colombian legislation such provision did not apply to international arbitration, which allowed the tribunal to skip the obstacle.

Many difficulties were visible since the negotiation of UMLA Article 27. The working group, and then the Commission, dedicated more time than it seems from the short drafting of article 27.

For example, one of the obstacles was the consideration that in some countries it could be difficult, if not impossible, to ensure court assistance. That made it especially difficult to obtain a uniform provision.

It was also difficult to agree upon a uniform text as to: (i) the contents of the request of court assistance; (ii) if the court should be limited to receiving the evidence, or use its power to force the evidence to be produced before the arbitral tribunal; and (iii) the conditions in which a court could reject the assistance request.

Being practically impossible to negotiate a reasonably brief text, it was decided to adopt the short one I transcribed above. The problems did not disappear with that, but the solutions were left in the hands of national legislators when enacting the UMLA. I will refer to the main ones.

What Must the Court Do?

One issue was to determine if, depending on the case, the court could receive the evidence directly or rather order a party, or a third party, to produce it before the arbitral tribunal.

In the regulation of the Commerce Code, it seems that it all depends on the request put before the court. It is logical to infer that both if the request is made by the arbitral tribunal or by a party with its authorization, the request should be made circumstantially and with clarity. But if there is a place in which the saying “the devil is in the details” is justified, is in the submission of evidence.

For example, if it’s about obtaining the written testimony of a witness, the interrogatories submitted by the parties must be sent and, probably, instructions on the way in which they must be answered. But that may not be enough. In receiving the evidence of witnesses in arbitration, the written testimony is the direct testimony. If a party wishes to submit one of the witnesses to a cross examination, the problems to obtain court assistance are sufficient for one to seat at a pointy stone and cry. I have no space for that.

If the intention is for the witnesses to render their testimony directly before the court, the matter is also complex. Sufficient backgrounds referring to the main issues relevant for the dispute should be sent, along with the scope of power of the court to regulate the rendering of evidence, the identification of the parties and their representatives, the documents that should be examined by the witnesses, etcetera.

If it is only about having the witnesses declaring before the arbitral tribunal, the date and place of the hearing is to be determined, among others. The hearing would have to be fixed on a distant date, for the procedure before the court takes its time. If a witness fails to comply, one will have to return before the court to obtain further means of pressure. A never-ending story.

Similar considerations would have to be made when dealing with the presentation of documents or other similar information. And I will skip experts, inspection visits and others; it suffices to leave them to your imagination.

Third Parties

The processing will also differ depending if the court’s order is against one of the parties in the arbitration agreement, or against a third party that is alien to the transaction. The information referred to the court and the way of presenting the evidence would have to be different.

I find it doubtful that the court has power to force a third party to provide evidence in an arbitration that is alien to it; as is probably the contract or relationship that originated the dispute. For example, when the third party raises justified reasons for not presenting the evidence; such as the violation of its right of confidentiality of its records, documents, business secrets, duties of confidentiality before other parties, etcetera. In that and other similar cases, the court shall determine whether to grant or reject the request for assistance.

Bibliography: The Exorcist?

No hay comentarios:

Publicar un comentario