Previa autorización
Conscientes de esa problemática, los autores de la LMA
condicionaron la solicitud de asistencia judicial a que la petición al juez: (i) la haga el tribunal arbitral; o (ii) la haga una parte, pero sólo si tiene la autorización del tribunal (LMA 26, Cco 1444).
condicionaron la solicitud de asistencia judicial a que la petición al juez: (i) la haga el tribunal arbitral; o (ii) la haga una parte, pero sólo si tiene la autorización del tribunal (LMA 26, Cco 1444).
El derecho a ser oído
La falta de recepción de una o más pruebas puede ser comprometedora para el tribunal arbitral.
El deber de tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas plena oportunidad de valer sus derechos (Cco, 1434, LMA 18), comprende la de recibir las pruebas ofrecidas por las partes.
Al presentar sus memoriales en que ofrecen pruebas, las partes tienden a ofrecer de las que necesitan para demostrar sus casos. En su gran mayoría, los ofrecimientos excesivos se hacen por prudencia: el caso es joven, no se conocen a fondo las defensas del contrario y es mejor equivocarse por exceso que por defecto. Conforme avanza el procedimiento, muchas pruebas resultan impertinentes; las partes las abandonan o los árbitros las desestiman.
Los litigantes carentes de ética profesional, agravan las cosas. Ofrecen pruebas cuyo único propósito es obstruir; por ejemplo, testigos que no se presentarán voluntariamente a declarar o cuyo domicilio está en un lugar remoto. Si el tribunal rechaza la prueba o, por cualquier causa no recibe el testimonio, el litigante tiene una causa de anulación que alegar.
Desde una perspectiva simplista, el tribunal arbitral debe recibir las pruebas que ofrezcan las partes. Por ejemplo, si se ofrece el testimonio de Juan, el árbitro deberá oír a Juan. Después de oír a Juan, el árbitro puede desestimar su testimonio, pero no antes. Si Juan se niega a presentarse a otorgar su testimonio y el tribunal arbitral no pide o autoriza la asistencia judicial, la parte afectada podría reclamar la nulidad del laudo porque no tuvo plena oportunidad de presentar su caso. Aducirá que los árbitros prejuzgaron la necesidad e importancia del testimonio de Juan.
Sin embargo, esa posición simplista puede convertirse en un serio obstáculo a la justicia arbitral. Se espera que los arbitrajes se conduzcan razonablemente, pero buscando que no se prolonguen los tiempos ni se eleven los gastos. No se justifica que un arbitraje se detenga por meses o años en espera de la declaración de un testigo renuente, o de cualquier otra prueba. Prueba que, al final, pudiera no aportar nada nuevo.
Poder de regular la prueba
Es por ello que, tanto en el procedimiento judicial como en el arbitral, jueces y árbitros tienen la facultad de determinar la admisibilidad y pertinencia de las pruebas. El Cco y la LMA disponen que el tribunal, con sujeción a lo dispuesto en la ley del arbitraje, tiene la facultad de dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas (Cco 1435, LMA 19).
Esta disposición significa que el tribunal arbitral no está obligado a admitir y recibir todas las pruebas que ofrecen las partes; puede negarse a recibir una prueba que requiera la asistencia judicial. Apoya a esta interpretación la circunstancia de que la decisión de solicitar el apoyo, la deja el artículo 1444 (LMA 27), en los árbitros.
Sin embargo, el tribunal debe tener mucho cuidado. Al decidir sobre una solicitud de asistencia judicial, debe: (i) conocer muy bien el caso para poder hacer un juicio certero; y (ii) si su determinación es negativa, explicitar su valoración de los pros y contras sobre la pertinencia o impertinencia de la prueba y las dilaciones y gastos anexos al auxilio judicial.
Las razones de la decisión del tribunal arbitral son muy importantes, sobre todo si están bien hechas. No se debe olvidar que los tribunales judiciales, en los procedimientos de nulidad o de ejecución de laudos, no tienen facultades de revisar las razones o fundamentos de los árbitros, salvo que violen el orden público o el derecho de defensa.
Las pruebas en manos de las partes
En general las pruebas están en poder de las partes o las tienen a su disposición.
Si son documentos, propios o de terceros, como están relacionados con la disputa, las partes se los transmitieron entre si o los recibieron de terceros. Lo mismo si se trata de otros elementos tangibles.
Los testigos, por lo general, son personas que participaron en los hechos del caso y están ligados con una u otra parte. Aunque algunos suele haber que ya se separaron de la parte con la que estaban ligados. Por otro lado, las declaraciones de los testigos no siempre tienen la importancia que se les atribuye, ya que en los documentos abundan las circunstancias sin que los testigos tengan mucho que agregar. En el peor de los casos, en muchas ocasiones, si el testimonio no se puede conseguir, el tribunal podrá decidir con base en el resto de la evidencia: 'donde hablan cartas, callan barbas”.
Como cada parte tiene la carga de la prueba de los hechos que sustentan su defensa, los tribunales les imponen la carga del desahogo de sus propias pruebas: si, por ejemplo, un testigo no se presenta, no se recibe el testimonio.
El tribunal puede ordenar a la parte que tiene, o debiera tener, un elemento probatorio o acceso al mismo, que produzca una copia o la información relevante que se le pide. Igualmente, la parte que tiene relación o control con un testigo, para que obtenga que comparezca en la audiencia presente una declaración escrita o responda por escrito a un interrogatorio.
Inferencias negativas y derecho a objetar
Al dar estas órdenes, los árbitros suelen advertir que el incumplimiento puede dar lugar a que el tribunal haga inferencias perjudiciales para la parte que no cumpla. La facultad de los árbitros de hacer inferencias no es absoluta ni automática; las conclusiones perjudiciales deben tener un apoyo razonable en la demás evidencia que existe en el expediente
El artículo 1420 Cco (LMA 4) permite a una parte inconforme expresar sus objeciones a estas determinaciones. Las objeciones deben hacerse sin demora injustificada o dentro del plazo que se haya convenido que deben hacerse. Si la parte afectada no hace esa protesta, se entiende que renunció su derecho a objetar. La posible violación al derecho de defensa quedaría curada.
Si la parte afectada hace objeciones, tendrá que expresar las razones en que se funda. El tribunal tendría, en ese caso, la oportunidad de revisar su decisión y confirmarla o, si encuentra fundamentos para hacerlo, revocarla. De este modo, paso a paso, se va curando, o vacunando, el procedimiento.
Por el momento…
La prudencia aconseja a los árbitros que, sobre todo tratándose de resoluciones negativas sobre las pruebas, no sean definitivas. Los árbitros prudentes suelen informar a las partes que, 'por el momento' no estiman necesario admitir la prueba o recurrir al auxilio judicial.
Mas tarde, cuando el arbitraje esté mas desarrollado, o en el momento de hacer el laudo, el tribunal puede encontrar que una prueba no es necesaria. Por ejemplo, un testimonio sobre hechos relativos a la falta de entrega de unos bienes, resultaría innecesario si el tribunal decide que esos bienes no estaban incluidos en el contrato. También si el tribunal encuentra que los hechos que el testigo iba a demostrar, quedaron probados por otros medios.
Artículo excepcional
Todo lo cual explica que el artículo 1444 no se aplique, salvo para casos verdaderamente de excepción. Los árbitros y los jueces no deben olvidar esto.
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Implementation legislation. Court Assistance in Taking Evidence. Strategies to Avoid it.
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Previous Authorization
Conscious of this problematic, the authors of the UMLA conditioned the request of court assistance to having the request to the estate court: (i) be made by the arbitral tribunal; or (ii) made by a party, but only with the authorization of the arbitral tribunal (UMLA 26, Commerce Code 1444).
The Right to be Heard
The rejection of one or more pieces of evidence may compromise the validity and enforceability of the award.
The duty of treating the parties with equality and giving them a full opportunity of presenting their case (Commerce Code, 1434, UMLA 18), includes the receipt of the evidence submitted by the parties.
When filing their memorials accompanied by evidence, the parties tend to offer those they think at the moment is needed to prove their cases. In the vast majority of cases, massive presentation of evidence is made out of caution: the case is young, the defenses of the counterparty are not yet known at depth and it is better to be wrong for excess than for shortcoming. As the procedure moves on, a large part of the evidence result irrelevant; the parties abandon them or the arbitrators discard them.
Litigators that lack professional ethics make matters worse. They supply evidence which sole purpose is to obstruct; for example, witnesses that will not appear voluntarily to testify or whose address is in a remote location. If the tribunal rejects the evidence or for whichever cause does not accept the testimony, the litigator will argue there is a ground for setting aside the award.
From a simplistic perspective, the arbitral tribunal must receive the evidence supplied by the parties. For example, if the testimony of John is offered, the arbitrator shall hear John. After hearing John, the arbitrator may reject his testimony, but not before that. If John refuses to appear to testify and the arbitral tribunal does not request or authorize court assistance, the affected party may request the setting aside of the award because it did not have the full opportunity to present its case. Such party will argue that the arbitrators prejudged on the necessity and importance of John’s testimony.
However, such simplistic perspective may become a serious obstacle for arbitral justice. It is expected that arbitrations be conducted reasonably, but seeking to avoid the extension of periods or the increase in costs. It is not justified for an arbitration to stop for months or years waiting for the testimony of a reluctant witness or any other piece of evidence. Evidence which, at the end, may provide nothing new.
Power to Rule on Evidence
That is why both in court proceedings and arbitration, courts and arbitrators have the power of determining the admissibility and relevance of evidence. The Commerce Code and the UMLA provide that the tribunal, following the provisions of the arbitral law, has the authority of conducting the arbitration in the manner it deems appropriate. Such power includes determining the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence (Code of Commerce 1435, UMLA 19).
This provision means that the arbitral tribunal is not obligated to accept and receive any piece of evidence supplied by the parties; it may refuse to receive evidence that requires court assistance. This interpretation is further supported by the circumstance that the decision to seek the assistance is left by article 1444 (UMLA 27) to the arbitrators.
However, the tribunal must be very careful. When deciding on a request of court assistance, it must: (i) know the case rather well in order to make a correct judgment; and (ii) if its determination is negative, express the assessment of pros and cons on the relevance or irrelevance of the evidence and the delays and costs entailed by court assistance.
The reasons of the arbitral tribunal’s decision are very important, especially if they were done correctly. It should not be forgotten that during the setting aside or award enforcement procedures, courts do not have the power to revise the reasons or grounds of the arbitrators, except if they violate public policy or the right to be heard.
Evidence in the Control of the Parties
In general, evidence are in control of the parties or are somehow available to them.
Mostly they would be parties' owned documents or documents from third parties; since they are related to the dispute, they were exchanged between the parties or were received from the third parties. The same can be said of other tangible elements.
Witnesses, in general, are individuals who participated in the facts of the case and are linked with one of the parties. Albeit some of them may have already separated from the party to which they were linked. On the other hand, declarations of witnesses do not always have the importance attributed to them, for circumstances are abundant in documents with respect to which the witnesses do not have much else to say. In the worst scenario, in many occasions, if the testimony may not be obtained, the tribunal may decide on the basis of the rest of the evidence: “were letters speak, beards are silent ”.
Since each party has the burden of proving the facts that sustain its case, the tribunals impose the burden of supplying their own evidence: if, for example, a witness fails to appear, the testimony shall not be received.
The tribunal may order a party that has, or should have, a specific evidence or access to the same, to produce a copy or the relevant information requested from it. Likewise, the party who has a relationship or control over a witness, to cause such witness to appear at the hearing, file a written testimony or answer a questionnaire in writing.
Negative Inferences and the Right to Object
When granting such orders, arbitrators usually warn that non performance may cause the tribunal to make negative inferences against the party that breaches the order. The power of the arbitrators to make inferences is not absolute or automatic; the negative conclusions must have a reasonable support in the rest of the evidence in the file.
Article 1420 of the Code of Commerce (UMLA 4) allows an objecting party to express its objections to such determinations. Objections should be raised without unjustified delay or within the agreed period in which shall be made. If the affected party fails to object, it is understood that it waived its right to object. Thus, the possible violation to the right to be heard would be cured.
If the affected party raises objections, it shall express the reasons in which it is founded. The tribunal would have, in such case, the opportunity to revise its decision and confirm it or, if it finds reasons to do so, revoke it. This way, step by step, the arbitration is constantly being cured or vaccinated.
In the Meantime…
Caution advises arbitrators to make non-final determinations, especially being negative resolutions on the evidence. Prudent arbitrators often inform the parties that, “by the time being”, they do not think necessary to accept the evidence or request the assistance of the courts.
Later on, when the arbitration is more developed, or at the moment of making the award, the tribunal may find that a piece of evidence is not necessary. For example, a testimony on facts related to the lack of delivery of some goods, would be unnecessary if the tribunal decides that such goods were not included in the contract. Also if the tribunal finds that the facts that were going to be proven by the witness were evidenced by other means.
Exceptional Article
All the above explains why article 1444 is not to be applied save in truly exceptional cases. Arbitrators and courts should not forget this.
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