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Por el camino de Swan
Como en la novela de Proust, un caso siguió el camino de Swan, el otro el camino de Guermantes. Recorriendo ambos se prolongó la historia.
Como entonces comenté, ambos casos provienen de la terminación anticipada que dio ADT a los contratos de distribuidor autorizado que tenía celebrados con algunos de sus distribuidores. Actué como abogado en esos asuntos. Por ello, hago notar que algunos de los detalles que transcribo abajo no coinciden con los hechos; pero esto lo comentaré posteriormente.
La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió la contradicción entre las tesis de dos tribunales colegiados del primer circuito en materia civil. El Sexto Tribunal Colegiado en la revisión 3836/2004 y el Décimo Tribunal Colegiado en la revisión 31/2005.
Los datos de esta entrega los tomé de la publicación de la tesis de la Suprema Corte (Registro Núm. 19675; Novena Época; Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Septiembre de 2006. Contradicción de tesis 51/2005-PS).
Los antecedentes
Servicio Electrónico Digital, S.A., de C.V. (“SED”) y LDC, S.A., de C.V. (”LDC”), en juicios diferentes, demandaron en la vía ordinaria mercantil de ADT: (i) la declaración de que era nula la notificación de terminación de su contrato de distribuidor autorizado; (ii) la declaración de que es nulo por ineficaz el acuerdo de arbitraje convenido en el contrato por el que las partes convinieron el arbitraje de la CANACO; (iii) la declaración de que la CANCO es incompetente para conocer del arbitraje en relación con el contrato de distribuidor autorizado; (iv) el cumplimiento del contrato; y (v) el pago de ciertas prestaciones dinerarias.
Al contestar cada una de las demandas, ADT y CANACO, respectivamente, invocaron la cláusula arbitral. En los términos de los artículos 1424 y 1432 del Cco (LMA, artículos 8 y 16), pidieron a los jueces que remitieran a las partes al arbitraje.
El caso SED
El caso de SED fue todo un peloteo. El juez ordenó remitir los autos al arbitraje; pero la sala de apelación revocó esta resolución. El juez de distrito concedió el amparo a ADT; pero el Décimo Tribunal Colegiado revocó la sentencia y negó el amparo. La remisión al arbitraje no prosperó.
El tribunal colegiado, en primer lugar, hizo un análisis doctrinal de los conceptos de “cláusula compromisoria” y “compromiso arbitral”. Este análisis, en el mejor de los casos, fue de carácter teórico y sus consecuencias pudieron ser desafortunadas. Ya lo comentaré.
El tribunal colegiado consideró que si la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje se ejerce ante el juez, la hipótesis del artículo 1424 del Cco, otorga competencia a dicho juez para decidir sobre la nulidad. Aunque el ejercicio de dicha acción no impide que se inicien o continúen las actuaciones arbitrales e, incluso, que se dicte el laudo mientras la cuestión está pendiente ante los tribunales.
El colegiado hizo notar que el artículo 1432 del Cco establece la separación entre la cláusula de arbitraje y el resto del contrato. Que el hecho de someter al juez la nulidad del acuerdo de arbitraje “como lo autoriza el artículo 1424”, no afecta la voluntad de las partes. Que una cuestión jurídica es el acuerdo de arbitraje y otras las que surjan con motivo del contrato; que son precisamente las que se someterán al arbitraje.
El tribunal concluyó que si bien el arbitraje es un procedimiento al que se someten las partes para dirimir un conflicto, y en él establecen las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo la ejecución de la cláusula compromisoria, éste es un contrato autónomo con vida jurídica propia. Al existir diferencia entre ambos conceptos, cuando alguna de las partes que intervinieron en el acuerdo de arbitraje ejerce "la acción prevista" en el artículo 1424, primera parte, del Código de Comercio, corresponde al Juez y no al árbitro resolver la acción, ya que dicho precepto le confiere esa competencia, sin que ello pugne con la voluntad de las partes, porque la cláusula compromisoria es independiente de las demás estipulaciones del contrato.
El caso LDC
En el caso de LDC, el camino y la solución fueron diferentes. El juez de la causa trató la petición de ADT y CANACO como una incompetencia y la remitió para su decisión a la Tercera Sala Civil del Distrito Federal. La sala decidió que el juez era incompetente y que había que remitir a las partes al arbitraje. Al efecto, ordenó “remitir los autos” a la CANACO para que designara al tribunal arbitral.
El juez de distrito concedió el amparo a LDC, pero el Sexto Tribunal Colegiado revocó esa sentencia y negó el amparo. La resolución de remitir al arbitraje quedó firme.
El tribunal colegiado consideró que, en virtud de la cláusula de arbitraje y de los artículos 1424 y 1432 del Cco y 26 del Reglamento de Arbitraje de CANACO, el juez está obligado a remitir al arbitraje en el momento en que lo pida cualquiera de las partes.
El colegiado hizo notar que la remisión al arbitraje se hará a menos que se compruebe que el acuerdo de arbitraje es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Que la cláusula de arbitraje es independiente de las demás estipulaciones del contrato del que forma parte. Que el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de las objeciones respecto de la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje.
El tribunal también consideró que, con independencia de que se hubiere demandado, entre otras prestaciones, la nulidad del acuerdo de arbitraje, así como el cumplimiento del contrato de distribuidor autorizado, fue ajustado a derecho que la sala declinara la competencia del asunto a favor “del tribunal arbitral de la Ciudad de México”. En efecto, la cláusula de arbitraje implica una renuncia al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial y el sometimiento expreso de las partes al tribunal arbitral.
El tribunal también concluyó que el solo hecho de que el tribunal arbitral conozca de la nulidad del acuerdo de arbitraje, no implica “que implícitamente se esté decidiendo sobre la validez del acuerdo arbitral, porque en todo caso, la resolución que al respecto dicte el referido tribunal, no es por sí misma definitiva al requerirse para tal efecto la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional”.
Apostilla
El efecto de todo esto fue que, mientras se decidía si eran peras o manzanas, se tramitaron paralelamente los juicios y los arbitrajes. En todos los casos, la decisión final fue que el acuerdo de arbitraje era valido.
Al contrario que como ocurre con la novela de Proust, que es larga pero enriquecedora, los juicios paralelos fueron un gasto inutil de tiempo y esfuerzos.
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Supplementary Legislation. Chapter X on Courts Intervention in Arbitration. The Contradictions
Swann’s Way
As in the novel of Proust, one case followed the path of Swann, and the other the path of Guermantes. One can chose one or the other; but trying both at the same time is wrong.
As I then stated, both cases derive from the early termination provided by ADT to some of its authorised distributors. As I was counsel in those cases, I found that that some of the details specified below by the Supreme Court do not coincide with the facts; I will comment on this later.
The First Chamber of the Supreme Court solved the contradiction between the thesis of two federal collegiate tribunals of the first circuit in civil matters. The Sixth Collegiate Tribunal in case 3836/2004 and the Tenth Collegiate Tribunal in case 31/2005.
The information of this post was taken from the publication of the jurisprudence of the Supreme Court (Registro Núm. 19675; Novena Época; Primera Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Septiembre de 2006. Contradicción de tesis 51/2005-PS).
Background
Servicio Electrónico Digital, S.A., de C.V. (“SED”) and LDC, S.A., de C.V. (”LDC”), in different cases, claimed from ADT, under court commercial proceedings: (i) the declaration that the notice of early termination of its distributorship contract was null; (ii) the declaration that the arbitration agreement in which the parties agreed on arbitration under CANACO Rules was null; (iii) the declaration that CANACO lacked jurisdiction to entertain the arbitration in connection with the distributorship contract; (iv) the performance of the contract; and (v) payment for certain monetary amounts.
When answering each of those claims, ADT and CANACO, respectively, invoked the arbitration agreement. In terms of articles 1424 and 1432 of the Cco (UMLA 8 and 16), they requested the courts to refer the parties to arbitration.
SED Case
The case of SED was like a tennis match. The court ordered to refer the matter to arbitration; but the appeal court revoked such decision. The district court then granted the amparo to ADT; but the Tenth Collegiate Tribunal revoked such resolution and refused to grant the amparo. The referral to arbitration was denied.
The collegiate tribunal, in the first place, made an academic analysis of the concepts of the “arbitral compromise" and the "arbitration clause". This analysis, in the best of cases, was theoretical in nature and its consequences could have been unfortunate. I will comment on this later.
The collegiate tribunal considered that if the setting aside petition against the arbitration agreement is brought before the judge, the hypothesis of article 1424 of the Code of Commerce, grants jurisdiction to said judge to decide on the nullity. In any case, arbitral proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an award may be made, while the issue is pending before the court.
The tribunal also noted that article 1432 of the Code of Commerce establishes the separation between the arbitration clause and the rest of the contract. That the fact of submitting to the courts the issue of the nullity of the arbitration agreement "as authorized by article 1424" does not affect the will of the parties. That one legal issue is the arbitration agreement, and others those that arise from the contract; which are precisely those to be solved in arbitration.
The tribunal concluded that if arbitration is a procedure to which the parties submit in order to solve a dispute, and in it they establish the conditions through which the enfacement of the arbitration agreement will occur, this is an autonomous contract with its own legal life. Since there are differences between both concepts, when one of the parties that intervened in the arbitration agreement initiates the petition contemplated in the first part of article 1424 of the Code of Commerce, it is the judge and not the arbitrator who should solve the issue, for such article provides such jurisdiction, without affecting for that reason the will of the parties, for the arbitration agreement is independent of the rest of the provisions of the contract.
The LDC Case
In the case of LDC, the path and solutions were different. The judge entertained the petitions of ADT and CANACO as defenses for lack of jurisdiction and referred its decision to the Third Civil Court in Federal District. Such court decided that the judge lacked jurisdiction and should refer the parties to arbitration. To such effect, it ordered to "refer the case" to CANACO in order to appoint the arbitrators.
The judge granted an amparo to LDC, but the Sixth Collegiate Tribunal revoked such decision and refused to grant the amparo. The decision to refer to arbitration was then final.
The collegiate tribunal considered that, in light of the arbitration agreement and articles 1424 and 1432 of the Code of Commerce and 26 of the Rules of Arbitration of CANACO, the court is obligated to refer to arbitration in the moment on which one of the parties so requests.
The tribunal also noted that the referral to arbitration will be made unless it is proven that the arbitration agreement is null, inoperative or incapable of being performed. That the arbitration clause is independent of the rest of the provisions of the contract in which it is included. That the arbitral tribunal is empowered to decide on the objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement.
The tribunal also considered that, even if the nullity of the arbitration agreement was among the claims that had been brought up, as with the case of the performance of the distributorship contract, the court had been adequately decided that it lacked jurisdiction in favor of the "arbitral tribunal in Mexico City". Indeed, the arbitration clause entails a waive of the right to state courts, and the express referral of the matter to the arbitral tribunal.
The tribunal also concluded that the sole fact that the arbitral tribunal rules on the nullity of the arbitration agreement, does not mean that it is implicitly deciding on the validity of the arbitration agreement, for in any case, the resolution of the arbitral tribunal is not final in itself, for it needs to be confirmed and enforced by a court's decision.
Apostille
The effect of all this was that, while it was being decided if they were pears or apples, judicial and arbitral proceedings were substantiated in parallel. In all cases, the final decision was that the arbitration agreement was valid.
Contrary to what happens in Proust's novel, which is long but enriching, parallel proceedings were an unjustifiable waste of time and resources.
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