Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. Fuerza y limitaciones de la jurisprudencia

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Como Picasso

La cuestión de los artículos III de la CNY y 1424 de la LMA es como algunos cuadros de Picasso; a muchos se nos dificulta interpretarlos y, a veces, nos quedamos en las mismas. La cuestión la definió Gerold Hermman hace tiempo: se trata de determinar quien hace el primer disparo para resolver si el acuerdo de arbitraje existe y es valido; el tribunal judicial o el arbitral. 

En esta cuestión fueron importantes algunos de los litigios paralelos en los casos de ADT, que siguieron diferentes caminos.

En un caso el tribunal judicial rechazó de plano la demanda judicial porque encontró que el contrato tenía una cláusula de arbitraje; mal hecho. En otros, por lo contrario, los jueces admitieron la demanda, siguieron los juicios hasta el final, y no fue sino hasta la resolución del amparo que se desechó la petición de nulidad del acuerdo de arbitraje; mal hecho. En otros, el juez remitió al arbitraje a petición de ADT. En la mayoría se consideró como una impugnación a la competencia de los jueces; mal hecho.  

Igualmente ocurrió con otros casos. Haciendo eco al comentario que se hizo en la UNCITRAL cuando se debatió el artículo 8 de la LMA, el segundo párrafo del artículo, ha servido más para intentar frustrar u obstruir el acuerdo arbitral, que para controlar el arbitraje.

En general, los litigios se llevaron paralelamente y, al final, se resolvió que no procedía la nulidad. Esto es injustificable, salvo para los abogados, que cobramos por el juicio y por el arbitraje. Aclaro, los culpables fueron los tribunales judiciales.

Sólo dos de los casos de ADT, en que los tribunales colegiados dictaron resoluciones contradictorias, dieron lugar a la contradicción tesis 51/20050-PS, que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte, en donde estableció jurisprudencia obligatoria (Registro 20650, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala).

La jurisprudencia en México 

México se rige por un sistema de “derecho civil”, en el que la principal fuente formal del derecho es la ley escrita. Sin embargo, un buen número de resoluciones de los tribunales, especialmente de los tribunales federales, se publican y se utilizan como material interpretativo, ya que no tienen carácter obligatorio.

En casos limitados, ciertas resoluciones de los tribunales federales pueden formar lo que se conoce como ‘jurisprudencia obligatoria’. La jurisprudencia obligatoria puede establecerse por la Suprema Corte, por los Plenos de Circuito y por los tribunales colegiados de circuito. Se establece por reiteración de criterios o por resolución de contradicción de tesis entre tribunales colegiados (Ley de Amparo, artículos 215 a 217). 

La regla enunciada en una tesis de “jurisprudencia obligatoria”, obliga a la autoridad que la estableció y a las autoridades judiciales que estén bajo su jurisdicción. Así, la que establece la Suprema Corte obliga, además, a los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Para la establecida por los Plenos de Circuito y los tribunales colegiados de circuito, existen disposiciones similares, que reducen su ámbito de aplicación a los órganos judiciales bajo la jurisdicción del emisor (Ley de Amparo, artículo 217). 

No obliga a los árbitros

Transcribí el ámbito de obligatoriedad de la jurisprudencia para subrayar que la jurisprudencia no obliga a los tribunales arbitrales; entre los obligados por la jurisprudencia no están los árbitros. Para ellos, como para cualquier particular, la jurisprudencia obligatoria sólo es un instrumento de interpretación, como lo es cualquier precedente de jurisprudencia en el campo internacional. 

En consecuencia, en el arbitraje, la jurisprudencia internacional puede tener más peso que la jurisprudencia obligatoria. Por ejemplo, si se trata de interpretar una disposición de derecho uniforme, como lo son los artículos del Cco, cuyo texto proviene de la LMA, que es su fuente material; o las disposiciones de la CISG. 

En algunos ordenamientos uniformes está idea se refuerza, o aclara, con el artículo de interpretación uniforme que ya es norma obligada en las leyes modelo y convenciones.

Prudencia y buen sentido

Este arbitrio concedido a los tribunales arbitrales no debe confundirse con una autorización de libertinaje legal. Las tesis de los tribunales federales, aisladas o de jurisprudencia obligatoria, son una guía de interpretación que los tribunales arbitrales deben considerar con sumo cuidado. 

Por supuesto que los tribunales arbitrales pueden seguir otros criterios y, sobre todo, las tesis de la jurisprudencia internacional. Un tribunal puede legítimamente desconocer la jurisprudencia nacional, obligatoria o no, cuando la tesis se aparte de la interpretación internacional predominante. Hacer lo contrario sería sembrar obstáculos legales al comercio. 

También un árbitro puede dejar de aplicar una tesis de jurisprudencia obligatoria cuando tenga buenas razones para ello; cuando el árbitro o árbitros estén convencidos de que la tesis es errónea o no es aplicable. 

Pero se debe atender al sentido común. Si la resolución del árbitro será revisada por un tribunal mexicano obligado por la jurisprudencia, será una imprudencia hacerla a un lado. Por ejemplo, una jurisprudencia obligatoria que establece que en las circunstancias “A”, “B” y “C”, un acuerdo de arbitraje es nulo. Un tribunal arbitral que encuentre en un caso que esas circunstancias están presentes, bien hará en seguir la jurisprudencia. En caso contrario, cuando se demande la nulidad o el reconocimiento y ejecución, los tribunales judiciales mexicanos aplicarán la tesis y el resultado será un laudo nulo o no ejecutable.

Fuera de esas circunstancias, una desviación de la jurisprudencia no pone en riesgo el laudo. Entre las causas de anulación de laudos o de denegación del reconocimiento y ejecución, no está el error de derecho (LMA artículos 34 y 36, Cco, artículos 1457 y 1462). Salvo que el error fuera tal que constituyera una violación al orden público; pero esta es una cuestión muy diferente a la que me referiré algún día.

La tesis de 2005

Cuando dos o más tribunales colegiados emiten tesis contradictorias, la Suprema Corte resuelve la contradicción estableciendo cual de las diferentes tesis debe prevalecer; su único efecto es determinar cual será, en el futuro, la jurisprudencia obligatoria. La resolución de la Suprema Corte no tiene efectos retroactivos; las resoluciones que dieron motivo a la resolución, se mantienen.

En una resolución de 2005, la Suprema Corte emitió su resolución sobre la contradicción de tesis sustentadas entre los tribunales colegiados sexto y décimo del primer circuito. En su resolución estableció una tesis de jurisprudencia obligatoria resolviendo la cuestión de si la resolución acerca de la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje corresponde al juez o al tribunal arbitral, y como se debe actuar en esas circunstancias.

La solución de la Suprema Corte no es mala, pero no me gustó. Fue una decisión dividida; tres votos contra dos. Ya lo explicaré a partir de la próxima entrada. Por lo pronto adelanto que esa tesis quedó derogada por la reforma al Cco en enero de 2011. Pero es importante comentarla para entender los artículos 1424 (artículo 8 LMA), 1464 y 1465.


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Supplementary Legislation. Chapter X on Courts Intervention in Arbitration. Binding Force and Limits of Jurisprudence

As Picasso

The issue of articles III of NYC and 1424 of the UMLA is as some works of Picasso; lots of us find it difficult to interpret them and, sometimes, are left with no clue at all. The issue was defined by Gerold Hermman long ago: it is about determining who fires the first shot to determine whether the arbitration agreement exists and is valid; the arbitral tribunal or the courts.

In this matter, the parallel litigation in the ADT cases were important, and followed different paths.

In one case, the court, without hearing the parties, rejected the claim before it because it found that the contract included an arbitration clause; a bad decision. In some other cases, the courts entertained the claim and continued the proceedings until the end, and it was not until the amparo resolution that the validity of the arbitration clause was decided; bad decision. In others, the court referred the parties to arbitration as per the request of ADT. In the majority it was considered as a challenge to the jurisdiction of the courts; bad decision.

So it happened also with other cases. Making echo to the comment that was made in UNCITRAL while debating on the second paragraph of article 8 of the UMLA, this has been used more to try to frustrate the arbitration agreement, than to actually control arbitration.

In general, the proceedings were handled in parallel and, at the end, it was resolved that there was no nullity. This is unjustifiable, save for the lawyers, who charged twice, for the court proceedings and for the arbitration. But, let it clear that only the courts were to blame.

Only two of the ADT cases, in which the federal collegiate courts issued contradictory solutions, gave way to thesis contradiction number 51/20050-PS, which was solved by the First Chamber of the Supreme Court, where a binding jurisprudence was established (Registro 20650, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Primera Sala).

Jurisprudence in Mexico

Mexico follows a "civil law" system, in which the main formal source of the law is written legislation. However, a good number of resolutions from the courts, and specially federal courts, are published and used as interpretative material, for they have not a binding nature.

In limited cases, some resolutions from federal courts may create what is known as "binding jurisprudence". Binding jurisprudence may be created by the Supreme Court, each of the two Chambers of the Supreme Court and Federal Circuit Courts. It is established by reiterative criteria or by the resolution of a contradiction of thesis issued by federal courts (Amparo Law, articles 215 to 217).

The rule contained in a thesis of "binding jurisprudence" binds the authority that created it and the judicial authorities that are under its jurisdiction. That way, the jurisprudence established by the Supreme Court also binds its Chambers, Federal Circuit Courts, military tribunals and other courts of each of the federal states, labor and administrative courts, whether local or federal. For the jurisprudence established by the Chambers of the Supreme Court and the Federal Circuit Courts, there are several provisions, which reduce the scope of application to the courts under the jurisdiction of the creator of the jurisprudence (Amparo Law, article 217).

It Does Not Bind the Arbitrators

I made specific reference to the scope of bindingness of the jurisprudence to highlight that it does not bind arbitral tribunals; the arbitrators are not among those bound by jurisprudence. For them, as for any private party, binding jurisprudence is merely an instrument of interpretation, such as any precedent of jurisprudence in the international field.

In consequence, in arbitration, international jurisprudence may even have more importance than Mexican binding jurisprudence. For example, if one is trying to interpret a provision of uniform law, such as the articles of the Code of Commerce whose material source is the UMLA; or the provisions of the CISG.

In some uniform legislation this idea is reinforced, or clarified, with the article of uniform interpretation that today is customary in model laws and conventions.

Prudence

The leeway granted to arbitral tribunals should not be confused with an authorization of legal licentiousness. The thesis of federal courts, binding or non binding jurisprudence, constitute a guide of interpretation that arbitral tribunals should consider carefully.

Naturally, arbitral tribunals may follow different criteria and, specially, the thesis of international jurisprudence. A tribunal may legitimately disregard national jurisprudence, binding or not, when such thesis deviates from the predominant international interpretation. To do the opposite would be tantamount to sow legal obstacles to commerce.

An arbitrator may also refrain from applying a binding jurisprudence when it has good reasons to do so; when the arbitrator or arbitrators are convinced that the thesis is erroneous or not applicable.

But one should always listen to common sense, If the arbitrator's resolution will be reviewed by a Mexican tribunal bound by the jurisprudence, it would be imprudent to disregard it. For example, a binding jurisprudence that established that in circumstances "A", "B" and "C", an arbitration agreement is null. An arbitral tribunal that finds a case in which these circumstances are present, will do well in following such jurisprudence. If not, if a party seeks the nullity or the recognition and enforcement of the award, Mexican tribunals will apply the jurisprudence and the result will be a null or a non-enforceable award.

Outside these circumstances, a deviation from the jurisprudence does not put the award at risk. Among the grounds for setting aside the award or to refuse its recognition and enforcement, there is not mistake in the law (UMLA articles 34 and 36, which re 1457 and 1462 in the Code of Commerce). Unless the mistake was such that it would amount to a violation of public policy; but this is a very different thing to which I will refer some other day.

The 2005 Thesis

When two or more collegiate tribunals issue contradictory thesis, the Supreme Court most resolve the contradiction by establishing which of those thesis should prevail; its only effect is to determine which will be the binding jurisprudence in the future. The resolution of the Supreme Court does not have retroactive effects; the resolutions that were based on the contradicted thesis, are kept.

In a 2005 resolution, the Supreme Court issued its solution to a thesis contradiction between the Sixth and Tenth Collegiate Federal Courts of the First Circuit. In its resolution, it established a binding jurisprudence deciding on the issue of whether the resolution regarding the nullity of the arbitration agreement corresponds to the courts or to the arbitral tribunal, and how those situations are to be handled.