Legislación complementaria. El capítulo X sobre la intervención judicial en el arbitraje. Génesis

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Uniformidad y armonía

La uniformidad es útil; pero el mundo sería triste y estéril si todo fuera uniforme. En muchas cuestiones la armonía es rica, creativa y hermosa. Cierto que en el mundo del derecho la uniformidad tiene un gran valor; pero sobran las ocasiones en que la armonía es una enriquecedora opción.

La LMCI

En 2003 se adoptó la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la conciliación comercial internacional (LMCI). Mis notas autobiográficas están muy ligadas a la LMCI, cuya elaboración me tocó presidir; tanto el grupo de trabajo que la elaboró como el Comité de la Sala del Pleno de la Comisión que la aprobó.

El artículo mas discutido en esa ley, y sobre el cual no se pudo convenir una disposición legal uniforme, fue el de la ejecución judicial de las transacciones con las que concluyen las conciliaciones exitosas. Legalmente, por transacción se entiende, en México, el contrato por el cual las partes haciéndose mutuas concesiones, terminan una controversia presente, o previenen una controversia futura (CCF, 2944).

Ejecución de las transacciones

Las diferencias partieron de la circunstancia de que, para unas jurisdicciones, las transacciones podían recibir el tratamiento de laudos, mientras que para otras tenían la naturaleza de cosa juzgada. Para otras, esas soluciones presentaban otras diferencias que espero comentar algún día.

A primera vista, la cuestión parece sencilla. Pero al entrar en los detalles, como siempre, la solución se complica. Por ejemplo, si se le da a una transacción el tratamiento de laudo, su nulidad solo se puede demandar conforme al artículo 1457 Cco (LMA 34); y oponerse a la ejecución conforme al artículo 1462 (LMA 36). En muchas jurisdicciones las transacciones pueden no ser considerados laudos conforme a la CNY.

Si, por el contrario, se les considera como cosa juzgada, se puede demandar la nulidad en los términos de los artículos 2950, 2954 y 2958 CCF. La cuestión de las excepciones que se pueden oponer a la ejecución es muy complicada; por lo pronto, cabrían las que contempla el artículo 1403 del Cco.

La mayoría de los laudos se resuelven en declaraciones definitivas y condenan a prestar hechos u omisiones concretos; normalmente a pagar una suma de dinero. En cambió, en las transacciones es frecuente que las partes se comprometan a otorgarse prestaciones recíprocas. Por ejemplo, “A” se obliga a terminar la obra contratada dentro del plazo de un año y “B” se obliga a pagar “X” suma de dinero en seis entregas mensuales. En caso de incumplimiento de una de las partes, ¿cómo y en qué condiciones se resolvería el contrato? Sobre todo, ¿cómo se ejecutaría el laudo? 

Por eso el artículo 1447 Cco (LMA 30), prevé que cuando el arbitraje se termine por una transacción, el tribunal, a petición de las partes, puede darle forma de laudo. Pero el tribunal puede oponerse; lo que debe suceder, claro está, cuando considere que la transacción no se puede ejecutar como un laudo.

Estas, y muchas otras consideraciones, me tocó sortear durante el debate.

Armonía

Ante la imposibilidad práctica de encontrar una solución uniforme, se optó por la armonización del derecho. La uniformidad se obtiene con una disposición idéntica, en su texto y en su interpretación, en todos los Estados que lo adoptan. Cuando la uniformidad es prácticamente imposible, se opta por armonizar: en cada sistema se pone en vigor la norma plausible en el Estado promulgante, pero que está en armonía con el sistema uniforme universal.

En consecuencia, el artículo 14 de la LMCI sobre la fuerza obligatoria y la ejecución judicial de los convenios de transacción dice:

"Ejecutoriedad del acuerdo de transacción. Si las partes llegan a un acuerdo por el que se resuelva la controversia, dicho acuerdo será vinculante y susceptible de ejecución … [Los Estados promulgantes podrán incorporar una descripción del medio de ejecución de los acuerdos de transacción o remitirse a las disposiciones que rijan su ejecutoriedad]"

En una nota de pie de página, se hace notar que “Al aplicar el procedimiento de ejecución de los acuerdos de transacción, el Estado promulgante podrá considerar la posibilidad de que dicho procedimiento sea imperativo".

El Comentario de la Secretaría, dice que el “texto del artículo constituye el mínimo común denominador entre los diversos ordenamientos jurídicos. Durante la preparación de la Ley Modelo la Comisión en general estuvo de acuerdo en que los acuerdos de transacción debían ejecutarse con facilidad y rapidez. Sin embargo, se reconoció que los métodos para agilizar la ejecución diferían enormemente de un ordenamiento jurídico a otro y dependían de tecnicismos propios del derecho procesal interno que no se prestaban fácilmente a la armonización por medio de legislación uniforme”.

Dificultad del derecho procesal uniforme

Lo que cuento en esta entrada sirve para demostrar el porque de algunas lagunas aparentes de la LMA y otros instrumentos. Por ejemplo, en la CNY y en la LMA, los procedimientos de remisión al arbitraje y reconocimiento y ejecución de los laudos, se dejaron para la legislación procesal interna de cada jurisdicción. 

Lo que no significa que los Estados parte, y los promulgantes de la LMA que quieren gozar de los beneficios de la uniformidad y la armonía, tengan amplia libertad de adoptar el procedimiento que les venga en gana. Deben esforzarse por dar cumplimiento a los fines de la norma sustantiva uniforme.

De nuevo, la tesis de la contradicción

La tesis de la mayoría de la Primera Sala, sobre la contradicción en la remisión al arbitraje, viola la obligación, de derecho internacional, de México, de dar cumplimiento a la CNY. También viola el propósito de uniformar la regulación legal del arbitraje.

Por eso se derogó en la reforma de enero de 2011, dejando claro que “solo se denegará la remisión al arbitraje”, cuando “por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje”.

Una ley es derogada cuando una norma posterior contiene disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior (CCF, 9º). El requisito de que se produzca una resolución anterior del acuerdo de nulidad, es incompatible con la supuesta acción de nulidad que, según la mayoría de la Primera Sala, otorga el artículo 1424 del Cco (LMA, 8).

Génesis del Capítulo X

Cuando preparaba un proyecto de incorporación de la LMCI, para su consideración en la Consultoría Jurídica de la SRE, me di cuenta de que se necesitaba una regulación procesal de incorporación del artículo 14. Era el momento de completar, también, esa laguna en la adopción de la LMA que se hizo en 1993.

Elaboré un proyecto que posteriormente comentaron algunos colegas. En esta segunda etapa conté con la ayuda, muy creativa, de Rodrigo Zamora Etcharrén. 

Posteriormente, atendiendo a una petición que me hizo el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del D.F., Edgar Elías, le entregué el proyecto. Edgar lo convirtió en la iniciativa, que promovió hasta lograr lo que ahora es el Capítulo X, del Cco. 

El Magistrado Elías, sin duda alguna, ha sido uno de los más entusiastas abogados del arbitraje y de los medios alternos. La justicia judicial y arbitral del país tiene una deuda muy grande con él.



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Uniformity and Harmony

Uniformity is useful; but the world would be gloomy and sterile if everything were uniform.  In many ways harmony is rich, creative and beautiful.  It is true that in the world of law uniformity has a great value; but there are instances in which harmony is an enriching option.

The UMLIC

In 2002, the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (UMLIC) was adopted.  My autobiographic notes are also linked to the UMLIC, which travaux preparatoires I chaired; both in the working group that drafted it, and in the Committee of the Hall, during the Plenary Session of the Commission that adopted it.

The most debated article in this law, and on which a uniform legal provision was not achieved, was the one on the court enforcement of the settlement agreements (transacción) with which the successful conciliations are concluded.  Legally, in Mexico, transacción is the contract by which, through mutual concessions made between the parties, a present dispute is ended or a future one is prevented (Federal Civil Code, 2944). 

Enforcement of Settlement Agreements

The differences started from the circumstance that, in some jurisdictions, settlement agreements could be enforced as awards, while in other jurisdictions they are treated as res judicata.  There were further obstacles, that I hope to comment on someday.

At first sight, the issue looks simple.  But when, as always, delving into the details, the solution gets complicated.  For example, if a settlement agreement is treated as an award, its nullity can only be requested pursuant to article 1457 of the Commerce Code (UMLA 34); and enforcement resisted pursuant to article 1462 (UMLA 36).  Furthermore, in many jurisdictions, it is dubious that settlement agreements could be considered awards under the NYC.

If, on the contrary, settlement agreements are considered as res judicata, the nullity can be requested pursuant to the provisions of article 2950, 2954 and 2958 of the Federal Civil Code.  The issue of the grounds that can be argued against enforcement is very complicated; in the meantime, the ones contemplated in article 1403 of the Commerce Code would apply.

The majority of awards are resolved in final decisions that state declarations and condemn to perform concrete facts or omissions; many of them, usually, consists in paying a sum of money.  To the contrary, in settlement agreements it is frequent for the parties to undertake reciprocal obligations.  For example, "A” obliges to terminate a work agreed upon within a one year term, and "B" obliges to pay “A” a determinate sum of money, in six monthly payments.  In case of a breach from one of the parties, how and under which conditions could the contract be terminated?  How would the award be executed?

That is why article 1447 (UMLA 30), provides that when the arbitration is terminated through a settlement agreement, the tribunal, at the request from the parties, may record the settlement in the form of an award on agreed terms.  But the tribunal can refuse the request; which must happen, clearly, when it considers that the settlement agreement cannot be enforced as an award.

These, and many others, are the kind of considerations I had to sort out during the debate.

Harmony

Before the practical impossibility of finding a uniform solution, we opted for the harmonisation of the law.  Uniformity is reached with an identical provision, in its text and interpretation, in all States that adopt such provision.  When uniformity is practically impossible, the option is harmonisation; the plausible rule is enacted in each enacting State, but in harmony with the universal uniform system.

In consequence, article 14 of the UMLIC on the binding nature and the court enforcement of settlement agreements states:

"Enforceability of Settlement Agreement.  If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement agreement is binding and enforceable . . . [the enacting State may insert a description of the method of enforcing settlement agreements or refer to provisions governing such enforcement]."

In a footnote, it is stated that “When implementing the procedure for enforcement of settlement agreements, an enacting State may consider the possibility of such procedure being mandatory."

In the Guide of Enactment and Use, the Secretariat comments that the “The text of the article reflects the smallest common denominator between the various legal systems. In the preparation of the Model Law, the Commission was generally in agreement with the general policy that easy and fast enforcement of settlement agreements should be promoted.  However, it was realised that methods for achieving such expedited enforcement varied greatly between legal systems and were dependent upon the technicalities of domestic procedural law, which do not easily lend themselves to harmonisation by way of uniform legislation."

Difficulty of the Uniform Procedural Law

What I say in this post serves to demonstrate the reason of some apparent gaps in the UMLA and other instruments.  For example, in the NYC and the UMLA, the proceedings for referral to arbitration and recognition and enforcement of awards, were left for the internal procedural law of each jurisdiction.

Which does not mean that State parties, and the enactors of the UMLA who wish to enjoy the benefits of uniformity and harmony, have broad liberty of adopting whichever procedure they prefer.  They must make an effort to comply with the purposes of the uniform substantive law.

Again, the Thesis of Contradiction

The thesis of the majority of the First Chamber, on the contradiction regarding referral to arbitration, violates Mexico's obligation, under international law, to comply with the NYC.  It also violates the purpose of harmonising the legal regulation of arbitration.

That is why such thesis was derogated on January of 2011, making it clear that "referral to arbitration shall only be refused", when "by virtue of a final resolution, whether a court judgment or arbitral award, the nullity of the arbitration agreement was declared."

A law is derogated when a later rule contains provisions that are totally or partially incompatible with a previous rule (Federal Civil Code, article 9).  The requirement that a previous resolution on the arbitration agreement must exist, is incompatible with the alleged nullity action that, according to the majority of the First Chamber, is granted under article 1424 of the Commerce Code (UMLA, article 8).

Genesis of Chapter X

When I was preparing a project of incorporation of the UMLIC, for its consideration in the Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones (Legal Office of the Ministry of Foreign Affairs), I noticed that a procedural regulation was needed to enact article 14.  It was the moment for completion, also, of the procedural lacunae of the UMLA, which was enacted in 1993.

I prepared a project which was later commented by some colleagues.  In this second phase I counted with the very much creative assistance of Rodrigo Zamora Etcharrén.  Later on, as per a request made by the Chief Justice of the Superior Tribunal of Justice of the Federal District, Judge Edgar Elías, I sent the project to him.  Judge Elias turned it into the initiative, which he promoted until achieving what is know Chapter X of the Commerce Code.

Judge Elías, without any doubt, has been one of the most enthusiast advocates of arbitration and alternative dispute resolution methods.  Court and arbitral justice in the country is in great debt with him.