martes, 13 de enero de 2015

Pretexto para hablar de costas





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Pretexto para hablar de costas

La posibilidad de solicitar la opinión del juez en la determinación de los honorarios de los árbitros es de dudosa importancia práctica. Pero está en el Cco y me da una excelente oportunidad de comentar sobre el muy importante tema de las costas del arbitraje.

La fracción III del artículo 1466 del Cco dispone que se tramitará en vía de jurisdicción voluntaria la consulta sobre los honorarios del tribunal arbitral prevista en el artículo 1454 del Cco. Sobre la jurisdicción voluntaria del artículo 1466 ya me ocupé.

El párrafo tercero del artículo 1454 del Cco, dice que cuando una parte lo pida y el juez consienta en desempeñar esta función, el tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras consultar al juez, el cual podrá hacer al tribunal las consideraciones apropiadas para estos honorarios. El antecedente de este artículo es el párrafo 4 del artículo 39 del Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL (RAU) de 1976. El único cambio es que, en donde el RAU habla de la autoridad nominadora, el Cco se refiere al juez.

Las disposiciones de los artículos 1454 y 1466 del Cco, son de poca importancia práctica, si es que tienen alguna. Me parece desproporcionado poner en marcha la maquinaria judicial para escuchar la opinión de un juez que: (i) por sus tareas cotidianas, preparación y experiencia, no será el mejor consejero sobre los honorarios de los árbitros; y, (ii) su opinión no será vinculante ni para las partes ni para los árbitros.

No he sabido de casos en que se haya hecho a un juez una consulta sobre honorarios. En una ocasión, siendo árbitro único en un arbitraje ad hoc, negué la petición que me hizo una parte de que consultara con el juez sobre mis honorarios. Pero la razón de mi negativa era evidente: las partes habían previamente convenido los honorarios y yo, en mi calidad de árbitro, los había aceptado: no había nada que consultar.

La LMA no regula las costas

La LMA es omisa sobre las costas del arbitraje. La decisión de no regular las costas sorprende hoy en día, pero no fue un olvido, sino una decisión consciente del grupo de trabajo. Parece que prevaleció la [mala] idea de dejar en libertad a los Estados para regular las costas del arbitraje, con miras a evitar abusos. Una decisión extraña, dado que cuando se elaboró la LMA se trató de evitar, en la medida en que fuera posible, la intervención judicial o del Estado. En los comentarios de algunos Estados previos al debate final en la Comisión, algunos propusieron que se regularan las costas, pero al parecer la propuesta no tuvo suficiente apoyo en la Comisión.

La fuente en el Cco es el RAU 1976

Cuando, en los comienzos de la década de los ochentas del siglo pasado, se hizo el proyecto de incorporación de la LMA al Cco, se vio la necesidad de regular las costas en la ley de arbitraje mexicana. Previa consulta con la Secretaría de la UNCITRAL, se decidió usar como fuente el RAU 1976 (artículos 38 a 41). El régimen de las costas se modificó en el RAU de 2010, pero esos cambios no alteran el Cco. 

Importancia de las costas

El tema de las costas es inevitable y prioritario. Si una parte me pide que inicie un arbitraje, o cualquier otro procedimiento, sin preguntarme cuanto le va a costar, comienzo a buscar otro cliente y otro caso, ya que lo mas probable es que el que tengo enfrente no me pague. 

En el arbitraje el tema de las costas en aun más importante, ya que todos los gastos corren por cuenta de las partes. Desde el principio deben considerarse montos, distribución entre las partes y provisiones previas. Las partes tienen que anticipar las costas; o una parte de ellas y garantizar el resto. Ya veremos como, siguiendo diferentes métodos, las instituciones y los árbitros condicionan el inicio y continuación del arbitraje a su pago previo; o su garantía. Mientras no estén hechas las provisiones, el arbitraje no se echa a andar. Cuando se requieren nuevas provisiones porque se agotaron las que había o porque se prevé que las que se hicieron no serán suficientes, el arbitraje se suspende hasta que se cubran. Si la falta de pago persiste, el arbitraje puede, incluso, darse por terminado. 

Los deleites de Satán

El artículo 1452 del Cco, dice que las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje, reglas relativas a las costas del arbitraje. Sólo a falta de acuerdo se aplicarán las disposiciones del Cco.

La mayoría de las cláusulas de arbitraje estipulan un reglamento y todos los reglamentos de arbitraje regulan las costas. Esos arbitrajes serán institucionales (CAM, CANACO, CCI, ICDR, etc.) y las determinaciones sobre honorarios de los árbitros y otros costos, las toma la institución arbitral. Los arbitrajes bajo el RAU (versión de 1976 o 2010), son ad hoc, y en las funciones sobre costas interviene la autoridad nominadora; aunque no con las mismas facultades que en los institucionales.

Principalmente en los arbitrajes ad hoc, en los que las partes fueron omisas sobre las costas, se pueden presentar conflictos entre los árbitros y las partes. Sin embargo, me ha tocado participar en varios arbitrajes en estas circunstancias sin haber tenido problemas serios.

Cuando oigo quejas sobre la falta de acuerdos me parece extraño que esto suceda. El sentido común aconseja que antes de aceptar el cargo y ponerse a trabajar, las partes y los árbitros deben negociar las costas. Por lo menos, ésta ha sido mi experiencia. Mi experiencia debe ser insuficiente, porque cuando se discutieron las modificaciones de 2010 al RAU, me sorprendió escuchar a experimentados abogados quejarse amargamente de los árbitros. Algunos, daba la impresión, tenían a los árbitros en calidad de forajidos. Aunque siempre he sostenido que los árbitros no son ángeles sino mortales humanamente defectuosos, no comparto esas opiniones.

Por eso será bueno dedicarle tiempo a considerar los detalles, ya que en ellos se deleita Satán.

Costas. Definición

El Cco no define las costas. Por otro lado, las definiciones de los reglamentos difieren en los detalles, así que parecería que es difícil el concepto. En la práctica no lo es tanto, ya que, dentro de ciertos parámetros, la determinación de las costas del arbitraje, según sea el caso, la hace la institución arbitral, la autoridad nominadora o el tribunal arbitral.

En mi opinión, la definición de costas más clara y razonable es la del artículo 37 del Reglamento CCI. Según este artículo, las costas del arbitraje incluirán los honorarios de los árbitros y los gastos de los árbitros, así como los gastos administrativos de la CCI determinados por la Corte de conformidad con el arancel vigente en la fecha de inicio del arbitraje, los honorarios y los gastos de los peritos nombrados por el tribunal arbitral y los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa del arbitraje. Si se cambian la referencia a la CCI por el nombre de la institución administradora o la autoridad nominadora de que se trate, en los demás reglamentos se debe llegar a resultados semejantes.

La referencia general a "los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje", engloba a las descripciones detalladas y engorrosas que se encuentran en otros reglamentos. Por ejemplo, el párrafo 2 del articulo 40 RUA 2010, contiene una lista excluyente ("únicamente"), mientras que la lista del artículo 34 ICDR es ejemplificativa ("podrá").

Pero ya veremos que el problema está en los detalles que, a lo mejor de manera abusiva, le atribuimos al diablo.


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Excuse to Deal with Costs.

The opportunity granted by the Code of Commerce (a. 1454) of requesting the previous opinion of the judge in the determination of the arbitrators’ fees is of dubious practical importance. But it is included in the Code of Commerce and gives me an excellent chance of commenting on the important subject of costs in arbitration.

Section II of article 1466 of the Cco provides that the consultation on the fees of the arbitral tribunal contemplated in article 1454 of the Code of Commerce will be substantiated through voluntary proceedings. I have dealt with voluntary proceedings of article 1466.

The third paragraph of article 1454 of the Code of Commerce establishes that when a party so requests and the court consents in performing such task, the arbitral tribunal shall fix its fees only after consultation with the court, which may provide to the tribunal the appropriate considerations for these fees. The background of this article is paragraph 4 of article 39 of the UNCITRAL Arbitration Rules (UAR) of 1976. The only modification is that, when the UAR speaks of appointing authority, the Commerce Code refers to the court.

The provisions of articles 1454 and 1466 of the Commerce Code are of little practical importance, if any. It is disproportioned to put in motion the judicial machinery just to listen to the opinion of a court that: (i) due to its ordinary duties, preparation and experience, cannot be the best advisor on the arbitrators’ fees; and, (ii) its opinion shall not be binding for the parties or for the arbitrators.

I have no knowledge of cases in which a court was been asked to issue an opinion on the fees. On one occasion, while being sole arbitrator in an ad hoc arbitration, I refused a petition from a party to consult with the court regarding my fees. But the reason of my refusal was evident: the parties had previously agreed on the fees and I, in my capacity of arbitrator, had accepted them: there was nothing to consult on.

The UMLA does not regulate the costs

The UMLA is silent on the arbitration costs. The decision of not regulating costs surprises today, but it was not because it was forgotten, but due to a conscious decision of the working group. It seems that it was the [bad] idea of leaving the States in liberty of regulating the costs of arbitration, with the purpose of avoiding excesses, which prevailed. A strange decision it was, for when the UMLA was drafted, it was intended to avoid, to the extent possible, the court’s or the State’s intervention. In the commentaries of some States prior to the final debate in the Commission, some proposed to regulate the costs, but it seems that the proposal did not find sufficient support in the Commission.

The Source in the Code of Commerce is the 1976 UAR

When the project of enactment of the UMLA to the Commerce Code was made in the beginning of the nineties of last century, the need of regulating the costs in Mexican arbitration law was evident. Prior consultation with the UNCITRAL Secretariat, it was decided to use the 1976 UAR as source (articles 38 to 41). The costs regulation was modified in the UAR of 2010, but these modifications do not alter the Commerce Code.

Importance of Costs

The subject of costs is inevitable and essential. If a party requests from me to initiate an arbitration, or any other proceeding, without questioning how much it will cost, I start looking for another client and a new case, for, most probably, the one in front of me will not pay.

In arbitration the subject of costs is even more important, for all costs run on the parties’ account. Since the beginning, amounts, distribution among the parties and advance payments should be considered. The parties must foresee the costs; or part of them and guaranty the rest. We shall see how, by following different methods, the institutions and the arbitrators condition the beginning or continuation of the arbitration to its previous payment; or its guaranty. For as long the payments are not done, the arbitration is not put in motion. When new payments are required it means that the amounts paid before are spent or because it is foreseen that the paid amounts will not be sufficient, and the arbitration is suspended until they are covered. It the lack of payment continues, the arbitration may even be terminated.

The Delights of Satan

Article 1452 of the Code of Commerce establishes that the parties have the right to adopt, directly or by reference to a set of arbitration rules, rules related to the costs of arbitration. Only in the event of disagreement will the provisions of the Commerce Code apply.

The majority of the arbitration clauses establish a set of rules and all arbitration rules regulate costs. These arbitrations will be institutional (CAM, CANACO, CCI, ICDR, etc.) and the arbitral institution will take the determination on arbitration fees and other costs. In arbitrations under UAR (1976 or 2010 version), or ad hoc, in the functions on costs the appointing authority intervenes; albeit not with the same powers as with institutional ones.

Especially in ad hoc arbitrations, in which the parties were silent on costs, conflicts may arise between the arbitrators and the parties. However, I have been involved in several arbitrations in these circumstances without facing serious issues.

When I hear complaints on the lack of agreements it seems odd to me that this happens. Common sense advises that before accepting the appointment and starting to work, the parties and arbitrators must negotiate fees. At least, this has been my experience. But my experience must be insufficient, for when the 2010 modifications to the UAR were discussed, I was surprised to hear some experimented lawyers strongly complaining of arbitrators. Some of them, it seemed to me, had the arbitrators in the notion of outlaws. Albeit I have always considered that arbitrators are not angels but mortals humanly imperfect, I do not share those opinions.

That is why it would be good to dedicate some time to consider the details, for that is where Satan is delighted.

Costs. Definition

The Commerce Code does not define costs. On the other hand, definitions of arbitration rules differ in the details, so it would seem that the concept is difficult. In practice it is not so much, for within some parameters, the arbitral institution, the appointing authority or the arbitral tribunal makes the determination on arbitration costs, depending on the case.

In my opinion, the clearest and most reasonable definition on costs is found in Article 37 of the ICC Rules. This article provides that the costs of the arbitration shall include the fees and expenses of the arbitrators and the ICC administrative expenses fixed by the Court in accordance with the scale in force at the time of commencement of the arbitration, as well as fees and expenses of any experts appointed by the arbitral tribunal and the reasonable legal and other costs incurred by the parties for the arbitration. If the reference to the ICC is changed by the name of the respective administrative institution or appointing authority, one would arrive to similar results in other rules.

A general reference to “costs reasonably incurred by the parties in the defense of their cases”, encompasses the detailed and bothersome descriptions found in other rules. For example, paragraph 2 of article 40 of the 2010 UAR contains an excluding list (“only”), while the list of article 34 of the ICDR is illustrative (“may”).

But we shall see that the problem is in the details, which, probably in an abusive way, we customarily attribute to the devil.

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