viernes, 10 de enero de 2014

Como se come una ley modelo. Incumplimiento contractual de mala fe. Abuso de dercho






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Arrastrando la cobija

En la entrada del 8 de enero de 2014 comenté que cuando una parte que celebró un acuerdo de arbitraje recurre a los tribunales para demandar la nulidad del acuerdo y suspender el arbitraje, incurre en una violación al contrato y en la consecuente responsabilidad. Lo mismo se cabe afirmar respecto de quien demanda nulidad del laudo o se opone a su ejecución. Cuando escribía esas afirmaciones, sabía que no era una cuestión en blanco y negro. 

Sin embargo, por tratarse de un blog, decidí publicarla tal cual. Un blog se forma con entradas cortas, sencillas y directas; uno de sus propósitos es incitar a la polémica. Siempre habrá la posibilidad de disputar y aclarar los puntos de vista; se trata de arrastrar la cobija en busca de que alguien la pise y se arme la discusión*. 

No recibí ninguna observación; pero si tuve un par de conversaciones por teléfono con amigos que me manifestaron inquietudes. Como ya tenía el propósito de tratar esta cuestión de una forma u otra, en esta entrada me aparto de mi historia lineal y expongo mis razones. 

Saber interpretar

El arte de la abogacía es saber interpretar y encontrar la solución justa a la luz de las circunstancias y la interpretación debe ser sistemática y cumplir con los fines del derecho: la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. Hay muchas escuelas de interpretación y no las discutiré. Lo que no se discute es que la interpretación literal, farisaica, debe ceder ante la interpelación legal.

Interpretada literalmente es equivocada mi afirmación de que recurrir a los tribunales es un incumplimiento contractual. Si las partes convinieron el arbitraje con sede en México, se aplica el Cco; si una parte hace valer ante los tribunales los medios de defensa permitidos por el Cco, no puede haber incumplimiento contractual. Lo mismo puede predicarse respecto de cualquier sistema legal. En México, los tribunales federales han sostenido tesis en ese sentido; y, aunque no se dictaron en casos de arbitraje, coincido con ellas.

No importa si la parte que ejercitó el derecho de defensa no tuvo éxito; no incurrió en incumplimiento y no es responsable. 

Atender al caso concreto

Las circunstancias concretas del caso rigen la aplicación del derecho. Los casos que mencioné como incumplimientos contractuales, generadores de responsabilidad, son aquellos en que el propósito de la parte culpable es obstruir el arbitraje, dilatarlo o frustrarlo, actuando de mala fe y abusando de su derecho de defensa.

Se trata de los casos, frecuentes, en que se demanda la nulidad de cláusulas de arbitraje alegando errores sobre aspectos que no fueron el motivo determinante de la voluntad de las partes, o que ya habían sido ratificadas expresa o tácitamente, como a veces ocurre por el cumplimiento del contrato, o cuando ya prescribió el término para demandar la nulidad, que es corto, y otros semejantes.

También constituye abuso de derecho cuando se alega sin fundamentos que la materia no es arbitrable. Por ejemplo, cuando la disputa es sobre una concesión federal para el uso de bienes inmuebles, que son derechos personales y una parte aduce que se trata de derechos reales sobre inmuebles no son susceptibles de someterse al arbitraje en derecho mexicano.

La demanda de nulidad de un laudo o la oposición a su ejecución puede constituir, también, un incumplimiento contractual o un abuso de derecho. Por ejemplo, cuando se demanda la nulidad o se hace oposición alegando que se violó el artículo 1843 CFF (según el cual la pena convencional no puede exceder en cuantía a la obligación principal) y que esa violación importa contravenir el orden público. Hay muchos casos; los litigantes usan la violación del orden público como cajón de sastre.

Buena fe y abuso de derecho

El artículo 1796 CCF establece que los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe y al uso. Por su lado, el artículo 1912 CCF, define el abuso de derecho, como el ejercicio por una persona de un derecho causando un daño a otro y, además, se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.

Algunos tribunales han establecido que quien reclama por abuso de derecho debe acreditar el daño, la falta de utilidad para el que abusó del derecho y el dolo.

No tengo lugar para enfrascarme en las polémicas doctrinales sobre estas cuestiones. Baste con observar que estos principios tienen reconocimiento y vigencia universal en el derecho comparado. Por ejemplo, el principio 1.7 de los Principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales que dice que las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional.

En los comentarios se lee:

“Un ejemplo típico de comportamiento en contra de principio de buena fe y lealtad negocial es lo que en algunos sistemas jurídicos se conoce "como abuso de derecho”. Se caracteriza por el malicioso comportamiento de una parte que acontece, por ejemplo, cuando se ejerce un derecho solamente para dañar a la otra parte o con un propósito diverso para el cual fue otorgado […].

Todo depende de las circunstancias; si éstas demuestran que el recurso a los tribunales fue con la finalidad de obstruir, hay incumplimiento en los términos de artículo 1796, o abuso de derecho como lo define el artículo 1912; o ambos. 

Lo anterior porque el contrato no se cumplió de buena fe, frustrando la expectativa de la contraparte de eludir la intervención judicial. También porque el recurso a los tribunales no es conforme a la naturaleza del acuerdo de arbitraje, ni tampoco una conducta que se apegue a los usos del comercio (artículo 1796 CCF). 

Conviene tomar nota de que, al calificar conductas que se apartan de los estándares del artículo 1796 que son la norma general, se debe hacer una interpretación restrictiva conforme al artículo 11 del CFF (las normas de excepción son de interpretación estricta).

Por último, en la interpretación del artículo 1912 no es correcto considerar que las dilaciones que obtiene una parte litigante, sean una utilidad en los términos del artículo 1912. La ley no puede interpretarse en el sentido que sirva para proteger la obtención de beneficios ilícitos.

El incumplimiento, el abuso de derecho y la pornografía

En esto cabe el famoso dicho de un juez de que no podía definir lo que era la pornografía, pero que no tenía problemas para calificar como tal a una conducta concreta pornográfica. Ese juez no sería admitido en Sodoma y Gomorra.

*Conforme al sentido original, la expresión califica a quien anda buscando pleito: está arrastrando la cobija para obtener que alguien la pise y con eso basta. Posteriormente se ha usado con otros significados.


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How to eat a model law. Breach of contract in bad faith. Abuse of right


Dragging the blanket

On the entry of January 8 2014, I said that when a party to an arbitration agreement resorts to the courts to seek the nullity of the agreement and suspend the arbitration, incurs in a violation of the contract and is therefore liable. The same could be said with respect to a party who seeks nullity of the award or opposes its enforcement . As I wrote this statements, I knew this was not a white and black issue.

However, because this is a blog, I decided to publish it as it was. A blog is composed with short entries, simple and direct; one of its purposes is to give raise to controversy. There will always be the possibility of arguing and clarifying points of view; one goes arrastrando la cobija ((dragging the blanket) in search of someone who steps on it and begins the discussion*.

I did not receive observations; but I did have a couple of phone conversations with friends that shared their concerns. As I already had the purpose of dealing with this issue in one way or the other, in this entry I will step out of my lineal story and explain my reasons.

The art of interpreting

The art of advocacy is about interpreting and finding the right solution in light of the circumstances; the interpretation shall be systematic with the purpose of satisfy the general principles of law: certainty, common good and justice. There are many schools of interpretation and I will not discuss them. What is not disputed is that the literal, pharisaic interpretation, should give way to the legal interpretation.

Literally interpreted, my statement that recurring to courts is a contractual breach is mistaken. If the parties agreed to arbitration with Mexico as the seat, the Commerce Code applies; if a party enforces the legal recourses allowed by the Cco, it cannot incur in breach. The same may be said with respect to any legal system. In Mexico, federal courts have sustained thesis in this sense, and, albeit they were not issued in arbitration cases, I agree with them.

It does not matter if the party that enforced the right of defense was unsuccessful; it did not incur in a breach and is not liable.

The circumstances prevail

The specific circumstances of the case rule the application of the law. The cases I mentioned as contractual breaches, generative of responsibility, are those in which the purpose of the delinquent party is to obstruct the arbitration, to delay and frustrate it, acting in bad faith and making an abusive use of its right of defense.

This happens in frequent cases in which the nullity of the arbitration clauses is sought, alleging errors on issues that were not the relevant cause of consent of the parties, or that had already been expressly or tacitly ratified, as it sometimes happens in the performance of the contract, or when the prescription of the term to seek nullity, which is short, has elapsed, and others alike.

It also constitutes abuse of right when one alleges, without any grounds, that the subject matter is not arbitrable. For example, when the dispute is about a federal concession for the use of immovable property, which are personal rights, and one party claims that rights in rem are not susceptible of being referred to arbitration under Mexican law. 

The claim to set aside the award or to oppose its enforcement may constitute, also, a contractual breach or an abuse of right. For example, when the nullity is sought or the enforcement is opposed, claiming a violation to article 1843 CFF (pursuant to which the a contractual penalty may not exceed the amount of the principal obligation) and that said violation amounts to a breach of public policy. There are many cases; litigants use violation to public policy as a tailors drawer.

Good faith and abuse of right

Article 1796 CCF establishes that the contracts oblige the parties not only to what was expressly agreed, but also to the consequences that, pursuant to its nature, derive according to good faith and usages. On its part, article 1912 CCF, defines abuse of right, as the enforcement of a right by a person causing damages to another, without any profit for the right's holder.

Some tribunals have established that he who brings an action for abuse of right must prove the damage, the lack of profits for that who abused the right and the intention to cause damage.

There is no place for me to bury within the academic controversies over these matters. It suffices to note that these principles have universal recognition and are in force in comparative law. For example, article 1.7 of the UNIDTROIT Principles on international commercial contracts states that the parties shall act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.

In the commentary it is written:

"A typical example of behaviour contrary to the principle of good faith and fair dealing is what in some legal systems is known as “abuse of rights”. It is characterised by a party’s malicious behaviour with occurs for instance when a party exercises a right merely to damage the other party of for a purpose other than the one for which it had been granted […]".

It all depends on the circumstances; if they show that the appeal to the courts was with the purpose of obstructing, there is a breach in terms of article 1796, or abuse of right as defined in article 1912; or both.

The above, because the contract was not performed in good faith, frustrating the expectation of the other party of eluding judicial intervention. Also because resort to courts is not in accordance with the nature of the arbitration agreement, nor is a conduct in accordance with trade usages (article 1796 CFF).

It is convenient to note that, the interpretation of conducts that depart from the standards of article 1796, shall be restrictive (article 11 FCC (exceptions to general rules are to be narrowly interpreted).

Finally, in the interpretation of article 1912, it cannot be considered that the delays obtained by a litigant party, are useful in terms of article 1912. The law cannot be interpreted in the sense of protecting of illicit benefits.

The breach, abuse of right and pornography

In all this it comes to mind a saying by a judge that he could not define what pornography was, but that he had no problems in qualifying a certain conduct as pornographic. That judge would not be admitted in Sodom and Gomorrah.

*In accordance to the original sense, the expression qualifies those in search of a fight: dragging the blanket to have someone stepping on it and that is enough. It has been used with other meanings afterwards.


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